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Femicidios: la Ciudad inicia el pago de la reparación a los hijos de las víctimas
Los menores de 21 años empezaron a cobrar una ayuda económica mensual, un apoyo esencial para estas familias; distintos sectores reclaman que el proyecto sea aprobado a nivel nacional y provincial
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Maite, Uma, Julieta y Romeo se quedaron sin Claudia, su mamá, hace tres años. Ella fue víctima de femicidio, y el padre de los chicos, el autor, terminó condenado y en prisión. Su abuela, con mucho esfuerzo, se hizo cargo de ellos. Más allá del amor y la contención, pasaron muchas necesidades. Hoy, los cuatro están entre los primeros en cobrar la reparación para víctimas colaterales de femicidio en la ciudad de Buenos Aires, el primer municipio en aprobar y reglamentar la "ley Brisa".
En febrero de 2017, la Legislatura porteña sancionó esta normativa y la reglamentó en agosto del mismo año. La ley contempla, solo para el ámbito de la ciudad, una suma de dinero mensual para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, hijos de mujeres víctimas de femicidio, si el padre fue el autor y está procesado o recibió una condena.
Ese monto es el equivalente a un haber jubilatorio mínimo ($7246,64) y lo podrá recibir cada uno de los hijos hasta los 21 años. Sin embargo, a nivel nacional, la misma ley, con algunas pequeñas diferencias, aún espera ser tratada por la Cámara de Diputados, luego de obtener media sanción del Senado el año pasado. Una situación similar, aunque con más avances, se da en la provincia de Buenos Aires.
Desde el 18 de enero, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad habilitó la inscripción para cobrar el acompañamiento económico y 11 menores ya están recibiendo el dinero. "Con esta política pública, la lucha contra la violencia machista y sus trágicas consecuencias da un paso adelante", expresa Guadalupe Tagliaferri, titular de la cartera porteña.
Pero mientras tanto, y paradójicamente, Brisa, la menor por la cual la ley lleva este nombre, aún no pudo recibir esta ayuda económica por residir en Moreno, una localidad bonaerense que, al igual que el resto del país, no cuenta con este beneficio.
Según datos recabados por el observatorio de La Casa del Encuentro, la ONG que comenzó a relevar los femicidios en 2008, el año pasado se registraron 295 casos en nuestro país y 407 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales 254 son menores de edad. De las 295 mujeres asesinadas durante 2017, 14 residían en la ciudad de Buenos Aires, 100 en el Gran Buenos Aires y el resto, en otras partes del país.
A raíz de este informe y de las cifras escalofriantes que se suman año tras año, todos los sectores que bregan por los derechos de las mujeres y los niños subrayan la urgencia de que esta ley abarque todos los rincones de la Argentina.
Una ayuda indispensable
"Cuando comenzamos con los relevamientos nos dimos cuenta de que existían víctimas colaterales de los femicidios que no recibían ningún tipo de ayuda por parte del Estado y por ellos empezamos a trabajar. Pero necesitamos que este beneficio sea para todos los niños de nuestro país", subraya Ada Rico, directora de La Casa del Encuentro y una de las propulsoras de la iniciativa.
¿Y por qué resulta tan imprescindible esta reparación económica? "Suele pasar que las familias tienen mucho amor pero no los medios para hacerse cargo de los niños", señala Rico. En su gran mayoría, quienes quedan a cargo de los menores son abuelas, abuelos, tíos, tías. Son los que toman las riendas de esta nueva realidad, dura, cruel, teniendo que ponerse al frente de la crianza, la educación y el cuidado de la salud de los chicos.
En algunos casos, no cuentan con los recursos suficientes para afrontar los gastos que comienzan a tener. Sin esta ayuda, muchos chicos pueden acabar separados de sus hermanos o judicializados. "Por eso es muy importante la ayuda económica que los familiares puedan empezar a recibir. Nada les va a devolver a sus madres ni a sus hijas en el caso de los abuelos, pero contar con esta reparación implica para ellos algo menos de qué preocuparse", destaca Rico.
Además, la norma contempla un acompañamiento psicológico para los menores y la cobertura de cualquier atención que necesiten relacionada con la salud.
Para todas las víctimas
¿Qué es lo que frena la aprobación de esta normativa a nivel nacional? Uno de los artículos del texto que llegó a Diputados indica que los beneficiarios deberán recibir la suma de manera retroactiva, según la fecha en que haya ocurrido el femicidio, aunque haya sido cometido antes de la sanción de la ley. Muchos de los consultados ven este punto como una de las trabas para que se avance en la Cámara baja.
"Los senadores sancionaron el proyecto por unanimidad en mayo de 2017 y desde entonces estamos exigiendo que se trate en Diputados", asegura Cristina Álvarez Rodríguez, legisladora nacional del FPV e integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia. Es una de las dos comisiones, junto a la de Presupuesto y Hacienda, que aún deben discutir la norma y emitir un dictamen. Si es favorable, recién entonces podrá ser votada en el recinto.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la diputada por Cambiemos Sandra Paris asegura que en pocos días la reparación económica para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad, víctimas colaterales de femicidio, tomará nuevamente estado parlamentario, por contar con el apoyo del arco político. "Estamos poniendo toda nuestra energía para que se apruebe", señala Paris, una de las autoras del proyecto, elaborado junto con La Casa del Encuentro y la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El texto es similar al convertido en ley en la ciudad, exceptuando dos puntos. Uno es el monto mensual que contempla la reparación económica, que en el caso de provincia sería equivalente a un sueldo básico de un empleado administrativo. La otra diferencia es que abarcaría a todos los menores víctimas colaterales de femicidios que hayan quedado huérfanos de madre, haya sido o no el padre biológico el asesino, alcanzando también la figura del progenitor afín (cónyuge o conviviente).
Mientras las leyes esperan, cada 30 horas una mujer muere víctima de un femicidio en la Argentina. Si las víctimas tienen hijos menores y no viven en la ciudad, por el momento ellos no tendrán ninguna ayuda económica que, al menos, facilite el día a día de las personas que quedaron a su cargo.
La historia que le dio nombre a la iniciativa
Brisa y sus dos hermanos mellizos son hijos de Daiana Barrionuevo, una joven de 24 años que fue asesinada a golpes por su expareja y padre de los chicos, Iván Adalberto Rodríguez, en diciembre de 2014, en la localidad bonaerense de Moreno.
Su cuerpo apareció flotando en el arroyo Las Catonas y el femicida fue condenado en 2017 a prisión perpetua. En aquel momento, el padre de Daiana, Osvaldo Barrionuevo, quedó a cargo de los chicos. El abuelo tuvo que recurrir a los medios en busca de ayuda económica para poder criar a sus nietos. Solicitaba de manera desesperada vestimenta, útiles, juguetes y alimentos.
El caso se volvió emblemático y, junto a otros tantos, fue tomado para impulsar los diversos proyectos de ley que buscan brindar respuestas a esta situación crítica y muy dolorosa que hoy afecta a más de 3000 menores.
Puntos claves de la ley porteña
- Establece un pago mensual a cada menor de 21 años o persona con discapacidad sin límite de edad si el asesino fue su padre y está procesado
- En todos los casos se busca que los beneficiarios tengan una cobertura médica asistencial y contención psicológica
- La reparación dispuesta es compatible con la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares o pensiones de las que los niños sean beneficiarios, así como de cualquier cuota alimentaria que perciban
- Cuando la ley Brisa o similar funcione en todo el país, no podrán percibir el beneficio quienes ya estén cobrando uno fundado en el mismo hecho (femicidio), ya fuera nacional, provincial o municipal
- La competencia la tiene el lugar del hecho; el requisito es la permanencia de los niños en la localidad
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