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Claves para entender una trama compleja, con sombras, sospechas y especulaciones
¿Van a cerrar el Incaa? ¿Derogan la ley de cine? ¿Hay corrupción? Algunas respuestas al problema
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Para LA NACIONJosé Crettaz
¿Qué es el Incaa?
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( Incaa ) es un organismo descentralizado y autárquico dentro del Estado nacional. Este instituto, al igual que el de la música y el del teatro, se encuentra en la jurisdicción del Ministerio de Cultura. El fomento del cine data de la primera parte del siglo XX (Farrell dicta un primer decreto en 1944), pero fueron el dictador Juan Carlos Onganía y el Congreso Nacional a partir de una iniciativa del presidente Carlos Menem los que le dieron la configuración actual.
¿El Incaa se pagacon impuestos o no?
Sí, se paga con impuestos. El Incaa aplica la ley de cine y, entre otras cosas, gestiona el sistema de fomento de la producción nacional, que se financia con el Fondo de Fomento Cinematográfico (FCC); éste, entre otras fuentes, se alimenta del 10% sobre el valor de las entradas a las salas de cine y del alquiler de películas, y con el 25% de todo lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en concepto de gravámenes a la TV, el cable y la radio. Son impuestos específicos, pero son impuestos.
¿Cambian la ley?
Objetivamente no hay ningún proyecto de reforma de la ley de cine (que necesita reformas imperiosas porque ya tiene 23 años) ni derogación de ningún decreto ni resolución, y los periodistas que seguimos estos temas nunca escuchamos referencia alguna a la eliminación o la reducción de las fuentes de ingresos del FFC. Públicamente, varios ministros dijeron que de ninguna manera se está estudiando ninguna modificación del esquema actual.
¿Van a sacar el canon que paga la TV y que alimenta el fondo del cine?
No, es probable que se amplíe. En la futura ley de comunicaciones convergentes, el Gobierno proyecta ampliar ese canon a las plataformas online de video y audio a demanda, lo que generaría una nueva fuente de recursos. Además, el FCC también podría aumentar su volumen porque a partir de enero próximo, tal como establece el decreto convergente 1340/2016, las empresas telefónicas podrán comenzar a dar el servicio de TV paga y, por lo tanto, tendrán que pagar el gravamen correspondiente al Enacom.
¿Ese cambio es para favorecer a los cableoperadores?
No, porque no hay ningún cambio en marcha. Esa versión -que señala a Cablevisión (Grupo Clarín)- parece inscribirse en la lógica del debate por la ley de medios de 2009.
¿El Incaa fue intervenido?
El Incaa no fue intervenido ni se puede cerrar sin una ley que así lo ordene, algo en lo que absolutamente nadie está pensando. Lo que sí ocurrió es la remoción del hasta ahora presidente, Alejandro Cacetta, y la designación en su lugar de Ralph Haiek (hasta ahora vicepresidente), además del reemplazo de los gerentes general, de administración y de auditoría. También se le pidió la renuncia al hasta ahora rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), Pablo Rovito, cuyo concurso para renovar el cargo se declaró nulo.
¿Lo quieren privatizar?
El Incaa es un organismo, no una empresa, y los organismos estatales no se pueden privatizar.
¿Hay corrupción?
Como publicó LA NACION en los últimos años, sobre el Incaa hubo todo tipo de sospechas y denuncias y en todos los tiempos. En febrero de 2016, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe en el que se detallaron múltiples incumplimientos de las leyes de cine y de medios. El período auditado en ese informe comprendía los años 2008 a 2012 durante la gestión al frente del Incaa de la actual diputada Liliana Mazure. La AGN remarcó en ese informe la falta de control por parte del Incaa, el Comfer, la Afsca y la AFIP sobre los importes transferidos al FFC, lo que impidió validar su integridad. "El gravamen recaudado según la ley de medios audiovisuales no cuenta con controles que permitan convalidar el importe ingresado al FCC", afirmó la auditoría. En los últimos años, todos los presidentes del Incaa fueron denunciados en distintos fueros por presuntos subsidios a películas que nunca se hicieron, desvíos de recursos del fondo de fomento a gastos corrientes del Incaa, discriminación y listas negras. Mazure y Jorge Coscia protagonizan enormes expedientes que prácticamente no avanzan y que parecen tener destino de prescripción. Y todo eso, sin contar el caso del documental Néstor Kirchner, la película.
¿En qué consisten ahora las irregularidades?
La forma en la que tomaron estado público las presuntas irregularidades se pareció mucho a una "opereta", como la definió el director Juan José Campanella. Los pocos hechos concretos que trascendieron hasta ahora -sin mucho detalle- destacan la compra de dos sillas por 233.000 pesos; el alquiler por 700.000 pesos mensuales de un predio propiedad de Cinecolor (accionista de Patagonik, la empresa de la que proviene Cacetta) para la instalación de la Cinemateca Nacional -que encajaría en un caso de conflicto de intereses-; y el alquiler por parte del Incaa de un predio en Constitución que sería propiedad de Rovito y otros socios (un contrato que está vencido). También se mencionó la adquisición de cuatro edificios para la Enerc sin hacer un llamado a licitación y subdividiendo las compras en montos menores para evadir las normas que obligarían a llamar a licitación pública.
Esas denuncias habían sido rechazadas en su momento por Cacetta y su ex jefe de asesores Sergio Bertolucci, que acusaron de "denunciadores seriales" a quienes las presentaron. De hecho, no son expresamente denuncias, sino pedidos de información mediante recursos de amparo. Así fue como se reunieron unas 10.000 fojas con copias de la información que Cacetta debió entregar para evitar el pago de una multa diaria impuesta por la Justicia. Aquella caja de papeles llegó hace cuatro o cinco semanas hasta el presidente Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Según el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, el ex presidente del Incaa no dio respuestas sobre esos temas ni tomó decisiones para aclarar o remediar esas cuestiones y por eso fue removido. A todo esto, el sobreseimiento de Cacetta por parte del juez federal Luis Rodríguez el mismo día que fue desplazado del Incaa genera todo tipo de suspicacias. La mayor de todas es el hecho de que, en general, los jueces evitan tomar decisiones en causas que involucren a directores, actores o productores de cine y televisión.
