Agenda complicada y no exenta de riesgos para la estabilización

A una semana de iniciada la nueva gestión, y luego de una no transición que agudizó los costos de la herencia como contracara del adelantamiento en los pagos de retenciones y el uso del dólar y las tarifas como ancla después de las PASO, con una inflación que acumula el 18,5% desde entonces hasta noviembre, el flamante gobierno empieza a mostrar los primeros lineamientos de un plan.

Plan que fue presentado en sociedad bajo el nombre "ley de solidaridad y reactivación productiva", pero que en rigor incluye una señal muy fuerte a los tenedores de bonos respecto de la decisión de recomponer el equilibrio fiscal en simultáneo con la autorización al BCRA para transferirle al Tesoro reservas equivalentes a los vencimientos de intereses con legislación extranjera durante 2020, a cambio de una letra del Tesoro. A esto se sumó el anuncio en simultáneo de la eliminación del impuesto a la renta financiera puesto por el gobierno de Macri en 2017 como concesión a la oposición para pasar el paquete fiscal.

El mercado reaccionó con una fuerte suba en los precios de los bonos y una baja en el riesgo país, que por primera vez desde las PASO quebró para abajo los 2000 puntos básicos.

Esto aún cuando no hay información respecto de los lineamientos del reperfilamiento anunciado. Con los precios actuales de los bonos y con el 85% de los vencimientos de mercado en 2020 emitidos con legislación local, el margen para evitar un default reperfilando por decreto los bonos emitidos localmente es alto, mientras se buscan las mayorías que requieren las cláusulas de acción colectiva de los bonos con legislación extranjera.

La ley ómnibus enviada al Congreso incluye fuertes aumentos en impuestos (retenciones, Bienes Personales, impuesto al turismo y a la compra de dólares) y la cancelación por un año del Pacto Fiscal -frenando en los hechos la baja en impuestos de la Nación (contribuciones patronales, baja de la alícuota de Ganancias a las empresas) y de las provincias (cronograma de reducción de Ingresos Brutos). También habilita cambios en la indexación previsional y congela por "hasta" 180 días las tarifas de servicios públicos. Esto en simultáneo a un anuncio de bono de una vez a jubilados y perceptores de planes sociales con incidencia en el último mes de 2019 y prácticamente nula incidencia en 2020.

Un cálculo rápido de las medidas permite proyectar un ajuste en torno a 3 puntos porcentuales respecto del statu quo para 2020, que surge de sostener el Pacto Fiscal, la indexación previsional frente a una desaceleración de la inflación y el pago anticipado de retenciones en el último mes del gobierno anterior frente a la expectativa (finalmente concretada) de cambio en las alícuotas. El déficit, que en 2019 terminaría algo por debajo del 1%, podría incluso acercarse al equilibrio en 2020.

Los aumentos de impuestos son muy agresivos y ciertamente no son neutros. Aunque también es cierto que recaen sobre sectores con baja propensión a consumir, mientras la política apunta a recomponer los ingresos en la base de la pirámide salarial y jubilatoria. Esta decisión, junto con una baja monetización del déficit fiscal, da margen, si se avanza rápido en la resolución de la deuda, para estabilizar una economía que, como contracara del desplome en las importaciones generado por la recesión y de la decisión de desdoblar "fiscalmente" el mercado de cambios, recuperó el superávit del sector externo.

Todavía falta información respecto de la forma que tomará el acuerdo de precios y salarios. Si la demanda se recupera, hay margen para prorratear los costos fijos con una menor presión sobre los márgenes unitarios de las empresas. Pero partiendo de una inflación en torno al 55% interanual (4% mensual en los últimos dos meses), cualquier intento de frenar la nominalidad desde la política requiere que ningún precio se aleje mucho de la nueva nominalidad.

La lógica indica que los salarios y las jubilaciones pueden crecer algo por encima de la inflación a fin de recomponer parte de la capacidad de compra de salarios y jubilaciones que acumula desde 2015 una caída cercana al 20%, mientras el dólar y las tarifas en promedio crecen algo por debajo. Abusar del ancla cambiaria y tarifaria con una nominalidad muy alta genera riesgos ciertos.

El nuevo gobierno deberá arrancar el acuerdo de precios y salarios con poco tiempo para reperfilar la deuda sin entrar en un evento de crédito, con menos colchón cambiario y tarifario para usarlos como semiancla en el proceso de desinflación y con poco espacio para usar la nominalidad para asegurar la corrección fiscal, dadas la magnitud del anticipo de retenciones y la resolución que convalida la movilidad previsional en diciembre.

El plan de estabilización está en marcha. La agenda es complicada y no está exenta de riesgos.

La autora es directora del Estudio Eco Go

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