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Según los tributaristas, al menos 20.000 personas pagarían el impuesto a la riqueza
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¿Cuántas son las personas más ricas de la Argentina? Ese número hoy es cuantificable: son las que tendrán que pagar el impuesto a la riqueza, o "aporte solidario y extraordinario", como elige llamarlo el Gobierno. Pero, y tal como sucede con muchos otros datos en la Argentina, hay polémica.
Por un lado, el Gobierno sostiene que el universo de contribuyentes que deben pagar el impuesto a la riqueza no supera las 13.000 personas, apenas 1000 más que la última estimación de la AFIP. Por el otro, tributaristas que hicieron su propio cálculo y tienen entre sus clientes a varios "incluidos" dentro del gravamen sostienen que ese número es de entre 20.000 y 30.000 personas.
Las dos cifras están por arriba del dato original de Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, quien antes de que saliera la ley en el Congreso estimó que el universo de contribuyentes sería, primero de 9000 personas, para corregir después a 12.000. En ese momento, se calculaba que los activos de los potenciales alcanzados serían valuados al tipo de cambio comprador de Banco Nación del 31 de diciembre de 2019, es decir, a un dólar de $58. En cambio, cuando finalmente salió la ley, se tomó el del 18 de diciembre de 2020, es decir, uno de $83. Esa es la base por la que los tributaristas consultados por LA NACION estiman que las personas alcanzadas por el tributo podrían alcanzar las 30.000.
Ante la consulta de este medio, fuentes oficiales aseguraron que la cifra de 12.000 que Marcó del Pont presentó al Senado fue una estimación que luego se corrigió. Con los datos actualizados al 18 de diciembre de 2020, las personas alcanzadas rondaría los 13.000, es decir, 1000 contribuyentes más, confirmaron.
Cabe aclarar que todos estos números son estimaciones, ya que el impuesto vence el 31 de marzo y a partir de ese momento quedará constituido el grupo final de alcanzados, cuando se hayan revisado las valuaciones y las declaraciones juradas correspondientes.
César Litvin, socio de Lisicki Litvin & Asociados proyecta un número cercano a las 30.000 personas. Asegura que no se puede llegar a un número final porque para valuar la participación que la persona tienen en una sociedad existe la posibilidad de hacer un balance especial al 18 de diciembre o de tomar el último balance cerrado. Sin embargo, la AFIP todavía no tiene información de balances a partir de julio de 2020, dice el tributarista.
Por otro lado, dice, si el fisco tomó como base los datos informados en las declaraciones juradas de Bienes Personales, estos no incluyen información sobre algunos activos financieros y reales, como los plazos fijos o algunos inmuebles, que están exentos en ese gravamen. De esa manera, también podría haber quedado un grupo relegado de personas que son dueñas de estos activos y que en este caso sí tributarían por ellos.
Lo mismo sucede con las participaciones de las personas en las sociedades anónimas, explica Santiago Sáenz Valiente, de Santiago Sáenz Valiente & Asociados. En Bienes Personales no se tienen en cuenta porque es la misma compañía la que retiene el impuesto. En cambio, el impuesto a la riqueza es un tributo de personas y no de sociedades. Para el especialista, el piso de $200 millones a partir del que los contribuyentes deberían hacer el "aporte" quedó desfasado con respecto al avance del dólar.
Coincide con ellos Guillermo Pérez, socio de Grupo GNP. "Cuando iban a poner el impuesto a las grandes fortunas, se iba a considerar todo al 31 de diciembre de 2019, con otro tipo de cambio y otros precios. Hoy, los contribuyentes se acercarían mucho más rápido al mínimo de $200 millones y además deberían ajustar todas sus inversiones locales por inflación", dice.
Pérez aporta un ejemplo: "Cualquier empresario pyme que haya trabajado 30 años, que tenga un galpón, una pequeña fábrica, algún negocio muy bien ubicado, camiones para logística, su casa, su auto y algún ahorro, ya llegó a los $200 millones; hay mucha más gente en el país que tiene ese nivel de patrimonio".
Avanza la judicialización del "aporte"
En las últimas semanas, se especuló con que la AFIP pondría un pago a cuenta del impuesto a la riqueza para asegurarse un "adelanto" de la contribución y así complicar la judicialización, una estrategia que, según declararon tributaristas y abogados desde que comenzó a hablarse de este impuesto, perseguirían algunos de los alcanzados. No obstante, la jugada quedó desterrada cuando se reglamentó el gravamen y comenzó a correr el reloj hacia el vencimiento a fines de marzo.
Las opiniones se dividen en dos. Por un lado, algunos especialistas no desestiman que algunos contribuyentes no acudirán a la Justicia por temor a quedar "escrachados" en caso de que las causas tomaran dimensión pública. Además, y por justificar el hecho de acudir a los tribunales, quedarían expuestos sus patrimonios, que hoy están protegidos por el secreto fiscal de la AFIP.
No obstante, Litvin asegura que hoy muchos contribuyentes consideran que este impuesto supera la capacidad de digerir la carga fiscal que ya pesa sobre su patrimonio. "A los pocos días de tener que pagar este impuesto se viene Bienes Personales con una alícuota que llega hasta el 2,25%, y todo esto sucede en un contexto en el que los rendimientos de los activos en plena pandemia, incluso los financieros, han sido bajos", explica.
El argumento más contundente para judicializar el pago del gravamen es la confiscatoriedad, explica el tributarista. "En varios casos hemos podido comprobar que el impuesto supera a la renta de todos los bienes gravados y cuando esto pasa hay que salir a vender parte de los bienes para pagarlo", señala. Esa confiscatoriedad, argumenta, viola el derecho a la propiedad privada.
