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“Disparatado”: alerta en el campo bonaerense por un impuesto que Kicillof podría aumentar hasta un 130%
La Rural y Carbap advirtieron que el proyecto de presupuesto 2026 abre la puerta para ese incremento y permite al Ejecutivo provincial intervenir en revalúos
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LA NACIONMariana Reinke
La discusión por la Ley Fiscal Impositiva 2026 en la provincia de Buenos Aires abrió un frente de tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y el sector agropecuario. Aunque en el articulado figura que no habrá revalúo territorial el próximo año, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) aseguraron que el Ejecutivo provincial se reservó facultades para hacerlo de todos modos. También advirtieron que el aumento del Inmobiliario Rural podría escalar hasta 130% y que la baja actualización en Ingresos Brutos dejará a productores dentro del régimen exento, obligándolos a tributar desde 2026. El sector sostiene que la provincia “no está dando certezas”.
Días atrás fue la SRA una de las entidades que alertó sobre la posibilidad de que el gobernador intervenga en las revaluaciones de los establecimientos rurales de la provincia “sin criterios consensuados”, además de habilitar subas del tributo rural. En la entidad aseguraron que el proyecto de ley “traslada facultades centrales al Ejecutivo” que afectan directamente la previsibilidad de quienes producen en la provincia.
El primer punto crítico es el artículo 133 del texto oficial, que según la SRA habilita a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados “ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva”.
El segundo es el artículo 167, que “permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación”, según señalaron.
En diálogo con LA NACION, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, contó que mantuvo una conversación con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para plantear los puntos que inquietan al campo. “El funcionario me dijo que no estaba de acuerdo con el comunicado de la SRA e insistió que en el proyecto de ley no hay revalúo”, relató.
Aunque valoró el nivel de intercambio y el buen diálogo que existe con el ministro Rodríguez, Pino remarcó que el problema está en la contradicción entre artículos. “Si bien existe un artículo que habla de que el revalúo se va a postergar un año, después en un artículo dice que el gobierno bonaerense se guarda la potestad de poder realizar ciertos revalúos. Le dije al ministro que no estamos de acuerdo en las confusiones. Si se posterga, se posterga, pero no me guardo potestad de nada. O postergás o no postergás”, enfatizó.
Según el dirigente, el revalúo venía demorado de tiempo atrás: “Se debería haber realizado tres años atrás”. Indicó que lo que genera inquietud es que la provincia diga que no lo hará en 2026 y “después saca este artículo donde el Ejecutivo provincial tiene la potestad de hacerlo”. Por eso insistió en que la clave no es la suba en sí, sino la falta de seguridad normativa: “Dentro de tres meses, el gobernador decide hacer el revalúo y lo hace. Esto da confusión, hay que generar certezas más que dudas”.
El otro foco es el posible incremento del Inmobiliario Rural. Para Pino, el margen habilitado es excesivo. “El Ejecutivo tiene la posibilidad de aumentar hasta un 130%, cosa que nos parece un aumento disparatado. Sobre todo con una inflación que va en descenso”, dijo.
Agregó: “Con una inflación del 17% para el año que viene, más lo que viene atrasado, las cuentas nuestras nos dan hasta un 35% de aumento en el mayor de los casos, pero no un 130%. Eso es lo que nos parece que está mal”.
La SRA también viene cuestionando el esquema de bonificaciones por cumplimiento, al señalar que “mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley”. Para la entidad, “la ausencia de parámetros claros genera un escenario de inseguridad normativa”. Reclamó que la Legislatura “defina límites y alcances del tributo evitando delegar facultades esenciales al Ejecutivo”.
Por su parte, Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, recordó que cuando la provincia prorrogó la ley fiscal de 2024 para este año volvió a aplicar el 25% adicional en la cuarta cuota, lo que en la práctica “viene duplicada”. Según advirtió: “Nos hubiese gustado que haya algún reconocimiento de la provincia y hacer descuentos extraordinarios por la situación que atraviesan varios partidos con las inundaciones y no cobrar esa quinta cuota o esta cuarta cuota duplicada; lamentablemente no fue así”.
El dirigente señaló que la decisión impacta especialmente en zonas bajo el agua: “Las boletas de la cuota adicional ya están llegando a 9 de Julio y a un montón de distritos que tienen problemas de inundación. La verdad que no lo terminamos de entender”.
Respecto de la nueva Ley Fiscal, alertó sobre la magnitud de la suba: “Los aumentos son increíbles, son del 120% para el inmobiliario rural y, por ejemplo, los topes de Ingresos Brutos aumentan solo un 40%”. Según explicó, eso implica que “un montón de productores el año que viene pasarán a pagar Ingresos Brutos”.
Kovarsky cuestionó, además, el destino recaudatorio: “La provincia no ha entendido el norte que queremos para la Argentina y sigue teniendo esa visión de recaudar y de manejar la chequera”. Y ejemplificó: “El gobierno bonaerense va a recaudar como US$80 millones más por todo esto, pero para la obra del río Salado pone solo US$4 millones. Ahí está la desproporción: al campo le cobrás un montón, pero en obras no vuelve”.
En tanto, en el Ministerio de Infraestructura bonaerense dijeron que “el Estado nacional lleva recaudados en el Fondo Hídrico $260.000 millones, unos US$185 millones y no está invirtiendo un peso para finalizar -de una vez- el Tramo IV de la obra que le corresponde” y aclararon que el “gobierno de la provincia de Buenos Aires va a invertir US$130 millones en 2026 en el Tramo V, pero solo puede hacerlo si Nación finaliza el Tramo IV”.
Carbap ya acercó a los legisladores un documento con su postura donde “observan el aumento del inmobiliario, los topes no actualizados de Ingresos Brutos, el impuesto a la herencia y el impuesto complementario”.
En este escenario, el sector productivo también advirtió un contexto político complejo para la discusión legislativa, con intendentes presionando por recursos y urgencia del Ejecutivo por aprobar la ley antes del recambio de legisladores de diciembre. “Los legisladores están tironeados entre los intendentes y sus intereses y el resto de la economía como el campo, que queremos que nos bajen los impuestos”, explicó Kovarsky.
En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial respondieron que el esquema mantiene equidad tributaria: “El Inmobiliario Rural es un impuesto segmentado, pensado para que cada productor aporte según su capacidad y, además, viene con una actualización por debajo de la inflación”.
También destacaron modificaciones a favor del contribuyente: “Proponemos eliminar la quinta cuota, mantener los beneficios para quienes pagan de manera anticipada y conservar la misma base impositiva. Esto muestra que seguimos trabajando con responsabilidad, previsibilidad y diálogo con el sector”.
