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Envases: limpios y transformados
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Sancionada en 2016 y reglamentada en febrero de este año, la ley 27.279 de gestión de envases vacíos de fitosanitarios está dando sus primeros pasos. Y junto a ella, la Fundación Campo Limpio, que fue creada por las empresas integrantes de CASAFE y CIAFA (las dos cámaras que agrupan a los fabricantes de fertilizantes y agroquímicos) con el objetivo de desarrollar a lo largo de todo el país un sistema integral para recolectar y reciclar los envases plásticos evitando que se conviertan en basura.
"Se trata de una tarea que nos va a permitir consolidar una relación mucho más sustentable con el medio ambiente y que forma parte también de las buenas prácticas agrícolas que se están aplicando en todas las actividades productivas del sector", explica Ernesto Ambrosetti, director ejecutivo de la entidad. El gran desafío ahora es alcanzar en parte el éxito brasileño, donde hace ya 20 años que vienen instrumentando un programa similar con notable eficacia: el 95% de los envases son recuperados y reciclados.
Una de las tareas será la concientización y capacitación de los distintos actores en el lavado de los envases. Para ello, CASAFE desarrolla a lo largo del año 530 cursos en todo el país destinados a productores y aplicadores, en los que en el futuro también participará Campo Limpio. "Se les enseña cómo debe hacerse el triple lavado o lavado a presión de los envases, y luego su perforación para que no puedan ser reutilizados. También se dan capacitaciones respecto a las capas biológicas o la puesta a punto de la maquinaria para pulverizar, por ejemplo", relata y destaca la participación de jóvenes productores y chicos de escuelas rurales, que presentan un particular interés sobre este tipo de temas.
La implementación
En cada compra de agroquímicos por parte de los productores se registrará qué cantidad y tipo de bidones están llevando. Y finalmente tendrán que devolver esa misma cifra en los denominados Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT). Estos centros de acopio tendrán como función separar el material recibido en dos categorías: aquellos que pueden ser reciclados y los que no, que tendrán como destino final la incineración o su transformación en energía.
De acuerdo a diferentes estudios que se han realizado, se requerirán más de 100 CATs en todo el país, que estarán estratégicamente ubicados de acuerdo a la actividad productiva de cada región. Hay provincias como Buenos Aires que ya tiene 10 centros de acopio habilitados, mientras que Corrientes no tiene ninguno. En tanto, Río Negro y Neuquén tienen un programa desde hace 14 años y en este momento están recuperando más del 50% de los envases. "Por ahora, desde Campo Limpio estamos relevando todo lo que hay, para ver qué es lo que falta hacer", revela Ambrosetti.
Desde la Fundación ya mantuvieron reuniones con Corrientes, Chaco, San Luis, Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y La Pampa. "Nos juntamos con las autoridades, les presentamos el sistema de gestión, vemos qué es lo que tienen implementado en el territorio, y a partir de allí planificamos en conjunto cómo se avanza en el sistema. Se define dónde pueden ir los centros de acopios, o en caso de que haya, si necesitan alguna readecuación", explica. La asociación civil cuenta con un presupuesto anual aportado por los proveedores de los insumos que estará destinado principalmente a la construcción de los CATs.
Campo Limpio se hará cargo también del transporte del material hacia los lugares de reciclado. La ley deja en claro que los productos resultantes no deben tener contacto con el ser humano y los animales. "Uno de los destinos que estamos investigando es la participación de plástico en las rutas, donde ya hay varias experiencias en el mundo", agrega Ambrosetti. La lista incluye también la fabricación de caños para fibra óptica, varillas para alambrados, insumos para silobolsas, o nuevamente envases triple o multicapa.
Todo el circuito se completará además con un sistema de trazabilidad único a nivel nacional que se está desarrollando conjuntamente con el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Ambiente y el SENASA. Esto permitirá saber qué envase compró cada productor, si lo entregó lavado o no, y a partir de allí poder aplicar severas multas que van desde la prohibición para comprar nuevos insumos hasta sanciones monetarias que pueden llegar a los 6 millones de pesos.
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