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Nuevos desafíos para el agro frente al cambio climático
Un proyecto de la NASA y otras instituciones científicas que mide el balance de anual de carbono en distintos países aporta resultados útiles sobre el vínculo entre producción y emisión de gases
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OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory) es un proyecto novedoso instrumentado por la NASA y otras instituciones científicas para evaluar expeditivamente desde el espacio, a través de imágenes satelitales y otros procedimientos, el balance anual de carbono de varios países y regiones. Entre sus propósitos intenta determinar quiénes muestran avances, y quiénes no, respecto a los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que firmaron en las cumbres climáticas mundiales de París en 2015 (COP 21) y subsiguientes.
Se debate hoy en nuestros medios y redes sociales la viabilidad de este enfoque, el cual emerge como una alternativa a las metodologías convencionales para elaborar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. No intentaremos en esta nota profundizar el debate en curso, pero sí evaluar cuál es el significado de esta nueva herramienta, y cómo podría favorecer los intereses futuros de la Argentina. Respecto a su significado, es posible generar una interpretación agronómica. Respecto a los intereses del país, incumbe no solo el cumplimiento de nuestros compromisos con el clima global, sino también sus implicancias comerciales.
Exploremos primero el significado agronómico de OCO-2. Como promedio de los años 2015-2020, las imágenes nos muestran a la Argentina como uno de los pocos países con balance positivo de carbono. Esto es resultado de su bajo consumo de combustibles fósiles (lo cual genera baja emisión de carbono), y de su extensa plataforma de fotosíntesis (unos 230 millones de hectáreas), aportada por las tierras de pastoreo y áreas boscosas que, en la práctica, son sumideros que capturan y acumulan carbono atmosférico. El efecto opuesto es generado por la deforestación de bosques nativos, práctica que declina a partir de políticas públicas y de un creciente compromiso del sector agropecuario argentino. Debido al notable desarrollo tecnológico del agro nacional durante las últimas décadas, estos sumideros han sido potenciados a partir de prácticas agronómicas y tecnologías que incluyen, entre otras, la introducción de pasturas cultivadas, de cultivos anuales de gramíneas y cultivos de cobertura, el manejo de las tierras de pastoreo, el ajuste de la carga animal, el uso de reservas forrajeras y la implementación de clausuras. Asimismo, los llamados sistemas silvopastoriles compatibilizan el uso forestal con el ganadero y favorecen una interacción virtuosa entre las especies leñosas, el pasto subyacente y el ganado. Estas opciones agronómicas favorecen la fotosíntesis y reducen la erosión a través de una cobertura vegetal permanente que captura y retiene carbono orgánico a través de la biomasa aérea y subterránea, y aporta deposiciones asociadas a minerales que se convierten en materia orgánica estable en los suelos.
El carbono, en interacción con el agua y la diversidad biológica, son la fuente de un conjunto de servicios ecosistémicos indispensables para la vida, como la regulación del clima local y del agua, la protección del suelo, la retención de carbono atmosférico y la provisión de hábitat para las especies nativas e introducidas. La interacción entre los factores naturales y las tecnologías introducidas por el hombre consolidan el proceso de captura y acumulación de carbono en nuestras tierras, y este efecto seguramente explica parte de los resultados que muestra el OCO-2. Estas implicancias agronómicas pueden contribuir a interpretar y a esclarecer a la opinión pública y a los medios respecto al rol del sector agropecuario en la economía del carbono del país.
Comercio
Respecto a la importancia del OCO-2 para los intereses nacionales, no podemos desconocer que los resultados provisorios de la NASA muestran un beneficio potencial en cuanto al cumplimiento de compromisos que asumimos en las cumbres climáticas mundiales (COP21 y subsiguientes). En teoría, el balance positivo de carbono de la Argentina nos podría liberar del rigor de reducir drásticamente las emisiones domésticas de gases de efecto invernadero. Y, al mismo tiempo, nos obligaría a un esfuerzo adicional para reevaluar la elaboración de nuestros propios inventarios nacionales, que nos muestran como un país que emite más carbono del que captura y secuestra. Sin duda, la incorporación de las llamadas “tierras de pastoreo” como sumideros de carbono, puede ayudar a armonizar los resultados de nuestros inventarios con los del OCO-2.
El otro foco de interés es comercial, y emerge a partir del Pacto Verde Europeo acordado por los países que integran ese bloque. La UE procura liderar un movimiento global de países que acepten alinearse a sus estándares y regulaciones. Dentro de ese Pacto, se obliga a los productores y procesadores de alimentos europeos, y de terceros países, a comprar “cuotas” dentro del mercado de carbono para compensar excesos en la emisión de carbono. Para los países que exportan a la UE han acordado implementar un “Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera”, que se erige como barrera comercial que penaliza productos que, al ingresar a territorio europeo, presenten una elevada “carga de carbono”, o sea, una huella de carbono desfavorable. A partir de los resultados de OCO-2, podemos presumir que nuestros balances positivos podrían ser negociados como un pasaporte para neutralizar o morigerar los efectos de esa penalización. De hecho, podría incluir a más de un producto, del sector agropecuario y otros sectores de la economía.
No obstante, más allá de ese beneficio potencial, no debemos descartar que ese mecanismo sirva de modelo para otros ajustes de naturaleza ambiental. Por ejemplo, una prioridad de alto impacto atañe a la deforestación en países productores y exportadores de alimentos. El Pacto Verde Europeo incluye una decisión explícita de prohibir la importación de alimentos producidos en áreas deforestadas a partir de 2021. Productos como soja, carne y cueros bovinos, café, cacao, caucho, aceite de palma, madera, entre otros, deberán cumplir un requisito denominado Diligencia Debida, que consiste en trazar la inocuidad forestal del producto a través de certificaciones y etiquetas verificables. Se evalúa asimismo esas restricciones a otros biomas (como los humedales y pastizales) que se consideran valiosos para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Estas políticas, que pueden tener una expansión global, también entrañan un riesgo a las decisiones soberanas del país. Pero nos indican que no deberíamos caer en la complacencia de creer que un balance positivo de carbono nos preserva de otros riesgos de naturaleza ambiental. Debemos estar alertas y desarrollar los conocimientos que se requieren para demostrar inocuidad en diversos planos de la compleja telaraña que nos despliegan el cambio climático y el ambiente global.
Los autores son miembros de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de Argentina
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