Contrabando: el otro flagelo que afecta la competitividad de las empresas

El contrabando impacta en varios sectores de la economía argentina, pero no solo afecta a la industria, sino también a los importadores que acatan las normas y a la recaudación tributaria. En algunos rubros específicos, los números son alarmantes: la ilegalidad supera el 30% de los teléfonos móviles y el 38% de los textiles, indumentaria y calzado, según las cifras que aportan las cámaras sectoriales. En bebidas como cerveza, las empresas constataron que el 40% de los comercios en el AMBA venden alguna marca que ingresó de manera ilegal. La Unión Industrial Argentina (UIA) viene alertando sobre el problema y hay mesas de trabajo en conjunto con el Gobierno para reforzar controles. El volumen alcanzado transparenta que no se trata de “bagayeros”, sino de organizaciones delictivas.

Hay, además, otro factor que preocupa a las cámaras sectoriales y es que los productos que las autoridades logran incautar son subastados, con lo cual vuelven al mercado. Otro factor se vincula a los controles de calidad: nadie puede garantizar que aquello que ingresa de manera ilegal cumpla con los parámetros vigentes en la Argentina.

Agustina Briner, economista de la UIA y directora de sus departamentos técnicos, apunta a LA NACION que el problema fue creciendo paulatinamente. Detrás hay una multicausalidad. Un elemento clave es la licuación de la brecha cambiaria, explica: “La existencia de diferencias entre el dólar oficial y el resto generaba una barrera al ingreso por motivo de precios; emparejados los dólares, lo que hay es un incentivo y, entonces, hay que redoblar los controles para evitar los ingresos”. También menciona la informalidad reinante en la economía argentina (cerca del 40% de la actividad), la apertura comercial y, durante un tiempo, la flexibilización de controles.

Subraya que los ingresos ilegales “aumentan la informalidad y afecta la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales en un contexto de alta presión tributaria”. Las cámaras sectoriales están aportando los datos que tienen sobre los puntos de ingreso o comercialización de estos productos.

“Hay competencia desleal para el productor y para el importador tradicional que cumple con las normas -agrega-. No hay un cálculo del impacto en la recaudación, pero sí es preocupante, es difícil medirlo porque no se sabe qué porcentaje de los ingresos ilegales se identifica. Hay acciones que se están desarrollando, una mesa público-privada para buscar soluciones y operativos de las autoridades que ayudan a lograr un efecto de disciplinamiento”.

El director general de la Aduana, Andrés Velis, recibe a todas las cámaras, federaciones, Institutos de estudio en materia aduanera, representantes de los agentes de transporte nacional e internacional y centros de despachantes de aduana -confirmaron las autoridades a este diario- para “tratar todos los temas propuestos pero con agenda abierta”.

Desde la Aduana-ARCA aportaron a este medio que, en los primeros diez meses del año, secuestraron 3.464.572 de unidades de diversas mercaderías, entre ellas indumentaria y calzado; alimentos y bebidas; lubricantes y químicos; aeronaves y embarcaciones; granos y oleaginosas; electrodomésticos; autos y repuestos; electrónica y celulares; bazar; materiales de construcción; tabaco y cigarrillos; divisas, neumáticos; vapers; artículos de tocador; ferretería; productos veterinarios; restos fósiles y sedimentos; antigüedades y suplementos nutricionales, entre otros. Detallaron que son productos “de origen extranjero, carentes de avales (y, en muchos casos, objeto de fraude marcario)”.

Los objetivos de los procedimientos fueron definidos, apuntaron, a partir de dos vectores. Por un lado, el análisis de riesgo y las tareas de investigación propias del organismo, y por otro, los requerimientos presentados por diversas cámaras ante la Dirección General de Aduanas.

En el primer semestre del año -cuando el consumo fue más alto-, desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) detectaron la activación de 40.000 teléfonos móviles ingresados ilegalmente por semana. La directora ejecutiva de la entidad, Ana Vainmann estima que el impacto del “flagelo” está en niveles similares a los de 2016/17 y señala que alrededor de uno de cada tres celulares no es importado legalmente.

“Es el producto, en nuestra industria, más fácil de detectar -describe-. Más complejo es saber de televisores o aire acondicionados, no solo por su tamaño sino porque no hay activación. Igual, tenemos alguna información de que también hay ingresos no controlados. También entran auriculares, smartwatch, tablets y computadoras, que son más pequeños”.

Al igual que en las otras industrias, los productos de contrabando que se venden contrarrestan la comercialización de los fabricados bajo las normas vigentes. Aunque la entrada es, fundamentalmente, a través de Paraguay (y, en menor medida, por Bolivia), el origen es Estados Unidos o China, indica.

Vainmann sostiene que el consumidor debe estar en alerta porque “no sabe que está siendo víctima, de que está comprando algo de contrabando y lo hace de buena fe. Muchas veces lo advierte porque tiene problemas para instalar las aplicaciones o porque no hay servicio técnico. Recomendamos que esté atento a las garantías, al servicio de post venta. Los móviles fabricados localmente tienen la estampilla de Tierra del Fuego y el manual en castellano”.

Los directivos de Afarte vienen manteniendo reuniones con el Ministerio de Seguridad y han pedido la intervención de la cartera de Justicia: “La Ley Aduanera permite poner a la venta lo decomisado, se subasta. Pedimos que se resuelva de otra manera, que no circulen en el mercado, que se donen, que se entreguen a ONG, por ejemplo”.

Desde ARCA-Aduana graficaron con un control “sorpresivo” en el puente San Roque González de Santa Cruz, en el paso fronterizo Posadas-Encarnación, donde encontraron 20.000 celulares de contrabando valuados en US$4 millones, en un contenedor que declaraba mercaderías como pulseras, cargadores, relojes, parlantes y juguetes valuadas en “apenas US$12 millones”. También dan cuenta de un procedimientos en tres locales de un reconocido centro comercial de Tortuguitas y un domicilio en el barrio porteño de Belgrano, en los que secuestraron unos 3000 dispositivos tecnológicos, por unos US$2,5 millones. Dos de los locales fueron clausurados en forma preventiva, informaron.

Fuentes de la Cámara de la Industria Cervecera indican que un 40% de los comercios relevados en el AMBA venden alguna marca que ingresó en forma ilegal, a la vez que coinciden con el cuestionamiento a subastar productos confiscados, “lo que facilita su regreso al mercado sin controles adecuados y a precios irrisorios”. Vienen haciendo gestiones ante distintos organismos estatales porque “no se puede garantizar la inocuidad y salubridad de lo que se subasta. Si fueran adulterados nos reclaman a nosotros por la licencia de la marca. Hemos preguntado si se han hecho pruebas de calidad e incluso nos hemos puesto a disposición para el derrame a costo nuestro y para recolectar el material para el reciclado”.

“En principio la producción de esa cerveza es legal -dicen los referentes de la industria-,pero no podemos garantizar los controles de calidad. Si hay una importación legal se debe cumplir con las regulaciones argentinas, no es lo que pasa con esto”.

La mayor parte de las cervezas que ingresan ilegalmente provienen de Brasil, mientras que lo que entra desde Bolivia queda en general en Salta, indican. Además del comercio en locales, en plataformas digitales se ofrecen pallets. Desde el sector sostienen que la devaluación brasileña fue clave para que ingresen “a precios imposibles de igualar para la industria local por sus costos y por los impuestos”. Enfatizan que por la cantidad de unidades ilegales detectadas “ya excede el comercio de frontera que siempre existió” y entienden que detrás hay organizaciones dedicadas al contrabando porque “el traslado requiere logística, espalda financiera”.

ARCA-Aduana da cuenta que en controles sobre camiones de encomiendas, depósitos y comercios en Misiones -realizados en el marco del artículo 123 del Código Aduanero- secuestraron 25.000 unidades de cerveza y gaseosa, en latas y botellas.

En la Argentina, la venta de vapeadores está prohibida, aunque se comercializan en plataformas digitales y en locales a la calle. Desde la Cámara de Tabaco sostienen que son consumidos por 1,4 millones de personas en el país y destacan los problemas que genera “la falta de normativa local para regular su producción, calidad y componentes”.

En los primeros diez meses del año, la Aduana secuestró 1188 vapeadores en CABA, provincia de Buenos Aires y el interior del país. Explicaron que los detectaron por “investigaciones propias a usuarios de Instagram que utilizan la red social como plataforma para la venta de mercadería prohibida”. Presentaron denuncias penales prima facie por el delito de contrabando de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Desde la industria incluyen entre los perjudicados por el contrabando a los importadores que operan legalmente. Fernando Furci, gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), aporta que tienen, “desde hace un año y por primera vez, mesas de trabajo con las autoridades aduaneras y de la Secretaría de Comercio. Estamos trabajando estos aspectos, con intercambio de información y de datos. Apoyamos el cumplimiento de las normativas vigentes”.

El de la indumentaria y el calzado es otro rubro sensible al contrabando. Por caso, la Aduana identificó “un corredor sensible en la Ruta Nacional 14, que une Paraguay, Brasil y Uruguay con el AMBA”. Dos procedimientos en Concordia (Entre Ríos) descubrieron unas 74.000 piezas de indumentaria deportiva con inscripciones apócrifas de marcas como Nike, Adidas, Puma, MLB, NFL y NBA. De haber llegado a comercios simulando ser productos genuinos, se estima que podrían haberse vendido en US$ 11,2 millones.

En su mayoría el origen es el sudeste asiático (China, Camboya, Bangladesh, Vietnam) y los productos entran por los países de frontera, indicaron. Marco Meloni, vicepresidente de Pro Tejer, plantea que hay una “sobreoferta mundial” porque la moda es “muy rápida, se usa y se descarta” y que la baja general del poder adquisitivo es determinante para que haya menos demanda y orientada a precios más bajos. De esa fast fashion, es un emergente la “avalancha” de los ingresos puerta a puerta a partir de la baja de aranceles.

“Todo ese esquema, el de crear obsolescencia, tiene un depósito mundial en el desierto de Atacama -añade-. Las prendas se acumulan ahí y hay quienes le encontraron la vuelta para canalizar lo que llega. Estamos a contra temporada de los mercados más importantes, los stockistas liquidan y eso entra en fardos que se venden por kilo”. Meloni ratifica que el tráfico se incrementó en el último año y medio por la desaparición de la brecha cambiaria: “Es un cuchillazo más al cuerpo de esta industria y, además, erosiona la recaudación”.

Por su parte, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, comparte que hay un circuito informal que “le hace mucho daño a la Argentina. Un país que busca el equilibrio fiscal requiere de la formalización de la economía y, más todavía, para poder bajar los impuestos. El contrabando muestra que hay un circuito evasor”. Calcula que 65% de las unidades se venden sin factura y que quien vende informal, ”a veces le conviene producir en talleres informales (no esclavos, que se erradicaron) y, cuando el precio del importado es más bajo, compra lo que es ilegal”.

El de los juguetes es otro sector que tiene las alarmas encendidas. Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara del Juguete, repasa que 30% del mercado local se abastece con “maniobras ilegales de comercio como el contrabando, la subfacturación y el salto de posición en el área”.

De 17 controles en comercios del barrio de Once en CABA, ARCA-Aduana detectó “exorbitantes volúmenes de mercadería ilícita: pelotas, juguetes, joysticks, llaveros, cargadores de celular, termos, auriculares y peluches, entre otros, fueron secuestrados. Su valor estimado es superior a US$900.000.

Por Gabriela Origlia

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