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Entre diciembre de 2019 y agosto de 2026, las jubilaciones perdieron entre 36% y 41% de su poder de compra
El deterioro de produjo por la inflación y diferentes políticas aplicadas; la prestación mínima es la más deteriorada en el período, por el congelamiento del bono; los haberes superiores al básico fueron los más perjudicados hasta principios de 2024 y recortaron luego la baja
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LA NACIONSilvia Stang
En cada hogar se percibe con mayor o menor intensidad, según el peso de cada concepto del gasto y según los posibles cambios en los hábitos de consumo. En la estadística, los datos indican que la jubilación mínima de la Anses, incluyendo el bono, tiene un poder de compra casi un 41% más bajo que el que tenía a fines de 2019, y que el valor real (corregido por inflación) de los haberes previsionales superiores al básico es hasta un 36,7% inferior al de aquel momento.
El deterioro es el resultado de la inflación acumulada y de diferentes políticas que se aplicaron (algunas de ellas, ahora en debate en la Justicia).
Entre el último mes de 2019 y agosto de este año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec avanzó un 4231,3%. Mientras se acumuló ese nivel de inflación, el ingreso mínimo jubilatorio subió nominalmente un 2468,6%. Pasó de $19.068 a $489.776, incluyendo en ambos períodos el bono de refuerzo, de $5000 en el primer caso y de $70.000 en el segundo. Son unas 2,9 millones de personas quienes tienen ese ingreso, alrededor de la mitad de los jubilados y pensionados del sistema contributivo, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.
Para entender la variación del poder de compra, puede considerarse que si, a fines de 2019, $100 eran suficientes para acceder a una determinada canasta de consumos, resulta que ahora el precio de esos bienes y servicios es de $4331,3 y la cantidad de dinero disponible para comprarlos creció, pero menos que esos valores: es de $2568,6. En consecuencia, se podrá adquirir el 59,3% de lo que se podía antes, con un poder de compra un 40,7% inferior, según cálculos hechos por LA NACION sobre la base de los índices de precios y movilidad oficiales.
¿Qué pasó con las jubilaciones mayores a la mínima, cobradas por unas 3 millones de personas? El haber máximo era de $103.064 en diciembre de 2019 y de $2.824.694 en agosto de 2026. El incremento nominal fue de 2640,7%. Como resultado, lo percibido el mes pasado sirvió para comprar un 36,7% menos que en el primer momento de la comparación, siempre considerando la medición de precios promedio del Indec.
Y si, por ejemplo, en el último mes de 2019 alguien tenía un haber mensual de $57.000 (el mínimo de entonces multiplicado por tres, aproximadamente), la caída del poder adquisitivo se ubicó el mes pasado en el 36%.
Las normativas
Antes de iniciarse el año marcado por la pandemia de Covid-19, los haberes jubilatorios ya habían perdido capacidad de compra. Con la aplicación de la fórmula de movilidad de la ley impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y aprobada por el Congreso hubo, entre septiembre de 2017 y fines de 2019, una caída general de 19,5% del valor real de los haberes (sin contar bonos).
La ley 27.426, conocida como la de “las 14 toneladas de piedras” por los hechos de violencia ocurridos mientras se daba el debate legislativo, recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2025. No hubo nada reprochable según los jueces, que tienen pendiente pronunciarse sobre las normas posteriores.
¿Qué pasó luego? En 2020 y por una política del gobierno de Alberto Fernández, quedó suspendida la fórmula de aquella ley de movilidad aprobada a fines de 2017 (de la que en ese año resultaría un índice mayor a la inflación). Entonces, se otorgaron aumentos de manera discrecional y desigual. En todo aquel año, en el que la inflación fue de 36,1%, el haber mínimo subió un 35,3% y los ingresos mayores se incrementaron menos cuanto más altos eran, hasta el 24,3% en el caso del haber máximo.
En 2021 comenzó a aplicarse la movilidad de la ley 27.609, que se basaba en la variación de la recaudación de recursos impositivos y de los salarios, y que preveía un tope a la suba anual de las jubilaciones. Ese tope fue utilizado, por ejemplo, en diciembre de 2023, un año que terminó con una inflación de 211,8% y una movilidad de 110,9%. El aumento de ese año, de todas formas, fue mayor que ese índice -aunque estuvo lejos de empatarle a la inflación- para los ingresos más bajos, porque en septiembre de 2022 había comenzado a pagarse cada mes un bono, con alcance para la parte baja de la pirámide.
Como resultado de las mencionadas subas diferenciales en 2020 y de la política de otorgar bonos solo a un grupo -pese a que en cada decreto que los establecía se admitía que la inflación deterioraba todos los haberes-, las prestaciones de menor cuantía fueron las que menos poder de compra perdieron.
Aun con los refuerzos, entre los meses de diciembre de 2019 y 2023, la caída del valor real del ingreso previsional mínimo (haber más bono) superó el 30%. El haber máximo, en tanto, sufrió un deterioro de 44,6%.
La ley del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue declarada inconstitucional por varios tribunales del interior, por el daño significativo para las jubilaciones, y ahora la cuestión espera la palabra de la Corte Suprema.
Comportamiento inverso
La dinámica por la cual se vieron mayormente perjudicados quienes perciben más que la mínima (por haber aportado más) se invirtió en los primeros meses de 2024. Desde entonces, quienes están ubicados en la parte baja de la pirámide son quienes reciben reajustes más reducidos. En marzo de ese año, el gobierno de Javier Milei modificó por decreto de necesidad y urgencia la fórmula de movilidad, y dispuso la vigencia de actualizaciones mensuales según los índices de inflación, con dos meses de rezago.
Pero no se dispuso ni incorporar a los haberes el bono percibido por los jubilados de menores ingresos, ni darle movilidad. En marzo de 2024 se otorgó la última suba y se llevó el refuerzo de $55.000 a $70.000. En ese monto se mantiene, pese a que desde entonces la inflación fue de 129,2%. El poder de compra de ese concepto cayó un 56%.
Por efecto de ese congelamiento, las jubilaciones y pensiones más bajas -cobradas, en su gran mayoría, por personas que accedieron al sistema vía moratorias- tuvieron el mes pasado una capacidad adquisitiva un 12,3% más baja que la de diciembre de 2023.
Desde el último mes de 2023, los haberes de los jubilados que no cobran bono tuvieron una mejora del poder de compra, contra la inflación del Indec, de 14,3%. Es un índice con el cual no se recupera la pérdida sufrida previamente.
El haber máximo había caído un 55,4% en términos reales entre septiembre de 2017 y diciembre de 2023. A agosto pasado, esa baja se recorta levemente, al 49%.
Los últimos 12 meses
Entre agosto de 2025 y agosto de este año, los reajustes por movilidad acumularon un 33,5%. Ese índice coincide con la inflación del período y, así, los haberes de quienes no cobran bonos empataron con los precios.
En cambio, la prestación básica sufrió una pérdida de su poder adquisitivo de 4,5%. El ingreso conformado por el haber mínimo y el bono de $70.000 tuvo una suba nominal de 27,4%.
Por el rezago de dos meses que tiene el índice de movilidad respecto del dato de variación del IPC, las prestaciones pierden poder de compra cuando el promedio de los precios tiene tendencia al alza, y se recuperan cuando el índice de inflación va a la baja.
Por Silvia Stang
