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Dólares del colchón: Caputo anunció el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal
El ministro de Economía presentó junto a María Ibarzabal los cambios que buscan hacerle a la ley; el texto se enviará este jueves al Congreso; según el Banco Central, hay unos US$170.000 millones fuera del sistema; alcanza a funcionarios y exfuncionarios
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LA NACIONSofía Diamante
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este miércoles por la tarde en el Palacio de Hacienda la presentación de los cambios al régimen de Inocencia Fiscal, la iniciativa que busca incentivar la bancarización de los llamados dólares del colchón, junto con María Ibarzabal, secretaria de Legal y Técnica de Presidencia. El proyecto de ley que el Gobierno enviará este jueves al Congreso no se dio a conocer durante el evento. Su letra definitiva recién se conocerá cuando ingrese formalmente al recinto.
La dinámica del encuentro marcó una diferencia con otras presentaciones oficiales porque no hubo espacio para preguntas al ministro. Quienes sí respondieron las consultas de la prensa fueron los tres tributaristas convocados por el equipo económico para explicar el contenido técnico de la iniciativa: Sonia Becherman, Liban Kusa, del estudio Bruchou & Funes de Rioja, y Ricardo Paolina, de Lisicki, Litvin & Asociados. No había analistas impositivos de ARCA (exAFIP).
Se trata de la segunda presentación pública que hace Caputo en lo que va del mes, después de la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete, lo que le permite a la gestión de Javier Milei volver a instalar la agenda económica en el centro del debate público.
El proyecto no crea un nuevo blanqueo de capitales, sino que modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025, al que hasta el momento adhirieron alrededor de 330.000 contribuyentes.
Caputo defendió la iniciativa como una herramienta para “formalizar la economía” y así destrabar el crédito. “Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”, dijo, y ejemplificó que quien atesoró US$100.000 hace 20 años tendría hoy US$320.000 si los hubiera colocado en el sistema financiero a una tasa del 6% anual.
Según el Banco Central, hay unos US$170.000 millones fuera del sistema, frente a un stock de depósitos en dólares que ronda los US$40.000 millones.
El ministro insistió en que el espíritu de la ley original —aprobada por el Congreso— no cambia. La novedad son los ajustes técnicos que surgieron del trabajo con los tributaristas tras detectarse dudas entre asesores impositivos. “El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros el acceso libre al sistema bancario, sin ninguna penalidad”, planteó.
Qué cambia
A diferencia de la versión actual, el nuevo texto elimina los topes de $10.000 millones de patrimonio y de $1000 millones de ingresos anuales que limitaban el acceso, y deja como único requisito tener residencia fiscal en el país y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional. Según se explicó en la conferencia de prensa, la ampliación alcanza tanto a contribuyentes como a funcionarios y exfuncionarios.
El corazón del esquema es el llamado tapón fiscal: mientras el contribuyente cumpla con las condiciones previstas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no podrá cuestionar el origen de los fondos declarados en ejercicios anteriores.
El proyecto también flexibiliza el concepto de discrepancia significativa —la diferencia entre lo declarado y lo que detecta el fisco que puede hacer caer los beneficios— y traslada a ARCA, y no al contribuyente, la carga de probar esa discrepancia.
Además, aclara que los pagos en efectivo en operaciones inmobiliarias serán compatibles con el régimen, uno de los puntos que más resistencia había generado entre escribanos y desarrolladores.
Consultado sobre el proyecto, César Litvin, tributarista y CEO de LL&A, señaló que la eliminación de los topes permitirá sumar “un universo significativo de sujetos” que hasta ahora quedaban afuera y que el traslado de la carga de la prueba a ARCA “suma tranquilidad y, por ende, más voluntades de acogimiento”.
Litvin remarcó además que el régimen no implica pagar más ni menos impuesto a las Ganancias, sino que ofrece garantías adicionales para quien decida declarar.
Los tres tributaristas que expusieron junto al ministro coincidieron en recomendar la adhesión a quienes puedan demostrar el origen lícito de sus dólares. Sin embargo, otros analistas se muestran más cautos y plantean un interrogante de fondo: por qué habría de sumarse ahora quien no ingresó al blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno a fines de 2024, considerado uno de los más exitosos de los últimos años en términos de dólares exteriorizados.
El especialista en Derecho Tributario Diego Fraga advirtió que el punto más delicado del proyecto es cómo trata las fiscalizaciones en curso. Según explicó, con la ley vigente, una adhesión válida al régimen debería generar el efecto liberatorio y la presunción de exactitud hacia atrás, salvo que ARCA logre romper esa presunción por una discrepancia significativa en el período fiscal base. Si el nuevo texto establece que las inspecciones, determinaciones o juicios en trámite siguen su curso pese a la adhesión —algo que, según Fraga, ARCA ya había intentado imponer por vía de una instrucción interna sin sustento en la ley vigente—, el incentivo para que los contribuyentes bajo fiscalización se sumen se reduce de manera considerable.
“El éxito del régimen no va a depender solo del texto de la ley, sino de cómo lo aplique ARCA”, planteó, y advirtió que una aplicación con “criterios formalistas y un estado de sospecha permanente” puede convertir una buena idea en una nueva fuente de litigiosidad.
La expectativa oficial es que los cambios impulsen una mayor adhesión al esquema simplificado. De los 330.000 contribuyentes que ya se anotaron, 170.115 presentaron su declaración jurada, mientras que unos 99.000 casos permanecen como borrador, todavía sin confirmar.
La semana pasada, ARCA extendió el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias hasta el 27 de agosto, a la espera de que el Congreso avance con el debate del nuevo texto.
