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El Gobierno proyecta aumentar la inversión pública en 2026 y prioriza el sistema ferroviario
Se prevé un aumento por encima de la inflación; cuáles son los sectores más favorecidos
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Esta historia puede contarse de distintas maneras. Uno de los sectores más deficitarios y difíciles de privatizar aparece entre las prioridades de inversión pública de 2026. O bien podría decirse que luego del decreto de emergencia ferroviaria anunciado después del choque de trenes en Palermo, en 2024, la gestión de Javier Milei decidió que las vías tendrán un lugar preponderante en el gasto del año próximo.
La introducción del informe conocido como Plan Nacional de Inversión Pública 2026 plantea que los recursos contemplados en el proyecto de ley de Presupuesto 2026 para todo el ítem suman $3,7 billones. Según cifras oficiales, sería un 48,2% más que lo estimado para 2025. Esto implicaría una suba por arriba de la proyección de inflación del 10,1% realizada por el Gobierno para el año próximo o incluso se ubicaría encima de la del relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central (19,6%).
El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete, refleja que el sector ferroviario será uno de los más beneficiados. Si se suman los fondos proyectados para ADIF, Sofsa y el Ferrocarril Roca, la cifra llega a $573.370 millones.
Esto hace que dentro de los nueve proyectos más destacados por la Jefatura de Gabinete, la suma de ellos se ubique en el primer puesto. Le siguen inversiones que forman parte del Fondo Nacional de Defensa, y obras energéticas. La diferencia entre estas dos últimas y los trabajos propuestos en el sector ferroviario es la visibilidad. No es lo mismo invertir en aviones Caza Multirol ($230.996 millones) o en la central nuclear Atucha I ($400.000 millones), que hacerlo sobre las vías del tren, donde circulan millones de personas por mes.
“En esta línea, en 2026 se priorizarán los proyectos de modernización ferroviaria que mejoran la competitividad y la seguridad de los pasajeros, incluyendo la renovación de infraestructura y material rodante; la inversión en insumos estratégicos como la generación energética, especialmente aquella orientada al desarrollo hidroeléctrico y nuclear, y aquellas inversiones orientadas a asegurar el suministro de bienes públicos fundamentales, como el fortalecimiento de las capacidades operativas y logísticas en materia de defensa y seguridad”, describe el documento oficial.
Entonces, los trenes absorberán una buena parte de la inversión pública que el Gobierno proyecta para 2026. Es decir, la gestión libertaria destinaría fondos a uno de los sectores más deficitarios y, a su vez, que más complicaciones le presenta a su ímpetu privatizador.
Un informe del Ministerio de Economía muestra que Operadora Ferroviaria, la empresa pública a cargo de la operación de los trenes, es la segunda con el peor resultado financiero en la primera mitad de año: una pérdida de casi $40.000 millones. El documento de la Oficina Nacional de Presupuesto detalló: “Se observa una desmejora interanual del resultado financiero que responde fundamentalmente al incremento de los gastos totales”.
Los ingresos corrientes de la empresa prácticamente dependen de la venta de pasajes. Hasta el segundo semestre del año recaudó $38.601,3 millones, pero debió gastar $556.067,6 millones para poner en funcionamiento sus trenes.
La contracara de estas cifras es la necesidad de inversión en infraestructura ferroviaria. Entre 2024 y 2025, al menos dos accidentes expusieron las fallas del sistema. El primero ocurrió en mayo del año pasado, cuando dos trenes de la Línea San Martín chocaron en Palermo, y el segundo, hace menos de un mes, se debió a un descarrilamiento del Sarmiento.
La proyección de inversión pública
El Plan Nacional de Inversión Pública 2026 puede verse desde distintas perspectivas. Una es la anteriormente nombrada, la de los proyectos destacados. Pero también puede analizarse según el tipo de iniciativa a la que se destinen los fondos.
En ese sentido, el Fondo Nacional de Defensa ostenta la primera posición, con un monto de $624.119 millones. Luego se encuentran los proyectos viales, con una cifra asignada de $466.146 millones, y el tercer lugar lo comparten las transferencias a Nucleoeléctrica para los trabajos en Atucha I y, en paralelo, las partidas para las represas de Santa Cruz, ambos con $400.000 millones.
Además, el documento elaborado por el Gobierno refleja la distribución por sector del gasto proyectado de la Administración Pública. En 2026 “Energía, Combustible y Minería” concentraría el 23,8%; “Transporte” (sin Vialidad), el 17,4%, y “Defensa”, el 16,3%. Esto contrasta con el diseño de este tipo de partidas en 2025.
El Plan de Inversión Pública de este año tenía a “Energía, Combustible y Minería” en el primer puesto, pero con un porcentaje más chico (18,1%). Vialidad estaba en el segundo lugar, con un 14,9% y luego Transporte, con un 12,2%. Estos cambios reflejan hacia dónde el Gobierno planea priorizar el gasto.
Más allá de la decisión sobre el uso del dinero, otro punto relevante es la distribución geográfica: en qué provincias habrá mayor inversión, según el plan. En este caso, la zona Pampeana concentraría el 67,3%; eso incluye a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Patagonia, compuesta por Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tiene una participación del 18,6% en estas partidas. Es decir, los proyectos ubicados allí y en la zona Pampeana absorberán $8,5 de cada $10 invertidos por el Ejecutivo nacional.
Principales iniciativas de inversión
El sector trenes contiene tres de los nueve proyectos destacados. Las transferencias a Administración de Infraestructura Ferroviaria S. A. (ADIF) ascenderán a $320.982 millones. Esto contempla trabajos en la línea Mitre, su conexión con el ferrocarril San Martín y la estación de Retiro, entre otros.
Según el informe oficial, “se prevén transferir” $203.862 millones a Sociedad Operadora Ferroviaria S.A. (Sofsa), encargada de la prestación de servicios de transporte ferroviario. “Entre las inversiones más significativas se encuentran las obras de renovación de vías en ramales no centrales, el equipamiento de talleres para el mantenimiento de material rodante, y tareas de adecuación y reparación de obras de arte”, indica el documento.
Para el Ferrocarril Roca, el que transporta a la mayor cantidad de pasajeros, hay un párrafo aparte. “Esta iniciativa tiene como objetivo la renovación y electrificación del servicio ferroviario de pasajeros en dos tramos claves: el ramal Plaza Constitución – La Plata y los 13,5 kilómetros de la Vía Circuito, que abarca el trayecto entre las estaciones Villa España y Bosques del ramal Plaza Constitución – Bosques (Vía Quilmes)“, especifica el informe. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 estipula una asignación de $48.526 millones para esta iniciativa, ”casi totalmente financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)“.
Luego se ubican los proyectos mencionados como los pagos correspondientes a la adquisición de los aviones caza multirol y la obra de extensión de vida de la central nuclear Atucha I.
En la categoría de proyectos viales, el Gobierno incluyó a la Autopista Presidente Juan Domingo Perón en la provincia de Buenos Aires, con una asignación de $25.373 millones. Una nota de LA NACION en 2024 daba cuenta del estado de abandono de esta obra, “que quedó trunca, abandonada y usurpada, pese a que desde los años 80 se proyectó para ser la tercera circunvalación de Buenos Aires, después de la General Paz y el Camino de Cintura”, según describió Diego Cabot.
Los otros proyectos viales destacados se encuentran en Santa Fe, con la construcción de la Autopista Ruta Nacional N° 34, y entre San Juan y Mendoza, con las obras planeadas en la Autopista Ruta Nacional N° 40.
La inversión en equipamiento de Seguridad también se ganó un lugar entre las iniciativas más importantes. El informe oficial detalla que “se prevé una asignación de $110.688 millones, provenientes de financiamiento interno” en este área. Esto implica la recuperación y puesta en valor de la flota de helicópteros, la adquisición de software de ciberseguridad, vehículos y armamento.
