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El sinceramiento desafía al sistema financiero
Décadas de populismo financiero (con tasas de interés negativas respecto de la inflación), sistemáticos ataques a los derechos de propiedad de los ahorristas, crisis fiscales que terminaron "vaciando" la banca pública y privada (imponiéndole activos de baja calidad), la expropiación de los fondos de pensión y la consecuente reducción del tamaño de los inversores institucionales de largo plazo generaron un sistema financiero argentino extremadamente pequeño.
Un sistema financiero que no llega al 15% del PBI -el menor tamaño relativo de América latina y menos del 10% del tamaño de los sistemas financieros de los países desarrollados- impide una financiación amplia del crecimiento privado y limita la porción del déficit público que puede financiarse internamente, obligando a la disyuntiva de recurrir a la inflación o a la deuda externa para financiar desequilibrios fiscales. Ambos caminos tuvieron resultados destructivos y dieron lugar a un dramático círculo vicioso. La inflación y las tasas negativas achicaron sistemáticamente al sistema financiero local. El endeudamiento externo distorsionó el mercado de cambios con sobreofertas "artificiales" de dólares en el período de endeudamiento, y sobredemandas extraordinarias cuando, alcanzados los límites de endeudamiento razonables, la persistencia de déficits fiscales llevaron a periódicas "crisis de la deuda".
En otras palabras, un sistema financiero local pequeño que convive con altos déficits fiscales terminaron en crisis hiperinflacionarias, hiperrecesiones y megadevaluaciones, que achicaron aún más al sistema financiero, mientras que agrandaron los del resto del mundo con fondos declarados y no declarados de los argentinos y afectaron nuestras chances de crecer y de reducir la pobreza, es decir, de ser un país viable para todos.
El gobierno de Mauricio Macri encaró esta problemática particular con un trabajo de pinzas. Por un lado, con una meta de reducción gradual del déficit público para disminuir la demanda de fondos prestables por parte del Estado. Por el otro, con una política antiinflacionaria y de tasas de interés positivas para los ahorristas que permita desarrollar el mercado financiero local. Estas políticas llevarán tiempo para madurar, pero lo importante será no apartarse del camino, para agrandar el espacio de financiamiento al sector privado y, simultáneamente, convencer a los inversores locales e internacionales de que "esta vez es diferente".
El sistema financiero local debe adaptarse a estas nuevas condiciones, donde la oferta de deuda pública para financiar el déficit, junto con la rentabilidad proveniente de recibir parte de la recaudación del impuesto inflacionario, se irán reduciendo y parte de ese financiamiento se deberá direccionar a la inversión, tanto para proyectos privados y para los que sean en asociación con el sector público.
En este contexto se inscribe el exitoso blanqueo de capitales. En efecto, más allá de las consecuencias sobre la recaudación fiscal y la nueva base imponible (y para la política, ahora con votantes con mayor "exposición" a la Argentina), el blanqueo está creando un sistema financiero más grande. No sólo por la bancarización de fondos que estaban "en el colchón", sino también por la exteriorización de activos líquidos en bancos del exterior que pueden traerse libremente a la Argentina y que se suman a los montos externos que estaban impositivamente declarados antes del sinceramiento.
De alguna manera, la Argentina tiene una banca offshore cuyo tamaño se incrementó (al sumar a los fondos anteriormente en blanco, los que ahora lo están) en unos US$ 25.000 millones. Esta cifra complementa la banca onshore, que hoy es de un monto que redondea el equivalente a US$ 50.000 millones, en pesos y dólares en plazos fijos locales (dejando de lado las cuentas a la vista y las cajas de ahorro). Es decir que, de pronto, el sistema financiero argentino creció gracias al blanqueo en una cifra equivalente al 50% de los depósitos a plazo locales.
Este panorama implica una oportunidad. Ahora hay US$ 25.000 millones más fuera del país que están en condiciones legales de contribuir al desarrollo argentino, en lugar de financiar al resto del mundo. También es un desafío, porque es un camino de doble vía: hay US$ 50.000 millones en la Argentina que también, legalmente, pueden irse, si nos apartamos de la hoja de ruta comprometida, de reducción gradual y sistemática del déficit público y del endeudamiento público. De mejora continua de la eficiencia del gasto y la inversión pública, y del armado de un entorno regulatorio que facilite los necesarios e imprescindibles cambios en la productividad y competitividad argentina.
Junto con la convergencia a los equilibrios macroeconómicos perdidos, y a las nuevas reglas de juego regulatorias, el sistema financiero tendrá que estar a la altura de las circunstancias, en un ambiente más competitivo, más abierto al mundo, y con la tarea de acompañar el crecimiento del sector privado.
El autor es vicepresidente del Banco de la Nación Argentina
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