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Inocencia fiscal: las claves del proyecto que presentará Caputo para incentivar el uso de los “dólares del colchón”
Se busca flexibilizar el concepto de discrepancia significativa y la adhesión al régimen tendrá efectos favorables ante bancos, escribanos y la UIF
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LA NACION
El Gobierno volverá a poner sobre la mesa uno de los proyectos económicos que considera clave para incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón”. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles la nueva ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el jueves con cambios destinados a ampliar el acceso al régimen simplificado de Ganancias y fortalecer las garantías para los contribuyentes que decidan adherirse.
La presentación llegará después de varias semanas de trabajo conjunto entre el equipo económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas tributarios, quienes habían advertido a finales de mayo que algunos aspectos de la versión original podían desalentar la adhesión al esquema. Desde entonces, el proyecto dilató su llegada al Congreso, razón por la cual esta semana volvió a extender el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias.
Uno de los cambios más relevantes será la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que regían hasta ahora. La versión vigente establecía topes de $10.000 millones de patrimonio y de $1000 millones de ingresos anuales para poder ingresar al régimen. El nuevo texto elimina ambas restricciones y deja como condición principal tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.
La modificación busca ampliar de manera significativa el universo de personas que podrán acceder al denominado “tapón fiscal”, un mecanismo mediante el cual ARCA deja de tomar como referencia las variaciones patrimoniales para cuestionar el origen de los fondos utilizados, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la ley.
Otro de los puntos centrales del proyecto apunta al mercado inmobiliario. La nueva redacción aclara expresamente que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas serán compatibles con los beneficios del régimen, una definición que busca despejar una de las principales inquietudes planteadas por escribanos, desarrolladores y contribuyentes desde que se anunció la iniciativa.
La aclaración cobra relevancia porque gran parte de las operaciones inmobiliarias en la Argentina continúan realizándose mediante pagos en efectivo, aun cuando luego deban documentarse ante escribano. Con el nuevo texto, esas operaciones no implicarán la pérdida automática de los beneficios previstos por la ley.
El proyecto también modifica uno de los aspectos que más cuestionamientos había generado entre los tributaristas: el tratamiento de las denominadas “discrepancias significativas”. Si bien se mantiene el criterio de que existirá una discrepancia cuando el ajuste determinado por ARCA supere el 15% de lo declarado por el contribuyente, se incorpora una excepción. No se considerará configurada cuando esa diferencia no supere el equivalente al 5% del monto previsto para el delito de evasión simple en el Régimen Penal Tributario, actualmente cercano a los $5 millones, ya que el monto punible por ley asciende a $100 millones.
Además, si el contribuyente rectifica su declaración jurada y cancela las diferencias dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA, conservará los beneficios del régimen y no perderá el denominado tapón fiscal.
Otro cambio relevante busca fortalecer la seguridad jurídica de quienes adhieran. El proyecto establece expresamente que la carga de demostrar la existencia de una discrepancia significativa recaerá sobre ARCA y limita la utilización de determinadas presunciones para impugnar las declaraciones juradas simplificadas, entre ellas las vinculadas con depósitos bancarios.
La iniciativa también incorpora una referencia específica a la Unidad de Información Financiera (UIF). Según el nuevo texto, la adhesión al régimen deberá ser considerada como un antecedente favorable por parte de bancos, escribanos y demás sujetos obligados al momento de aplicar los procedimientos de identificación y monitoreo de clientes.
Desde el Gobierno sostienen que estos cambios buscan darle mayor previsibilidad al régimen y reducir la incertidumbre que manifestaron tanto contribuyentes como asesores tributarios desde su lanzamiento. La expectativa oficial es que la nueva versión incentive una mayor adhesión, razón por la cual la semana pasada ARCA decidió extender el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias hasta el 27 de agosto.
Hasta el momento, hubo más de 330.000 contribuyentes que se adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, y desde el Gobierno notaron que hubo un “fuerte impulso” en el último mes. Sobre ese total, 170.115 ya presentaron sus declaraciones juradas, mientras que unos 99.000 casos permanecen en estado de borrador, aún sin presentar.
