Juicio por YPF: vence el plazo para que los fondos apelen ante la Corte Suprema de Estados Unidos

Hoy es una fecha clave para el Estado argentino en el juicio por la reestatización de YPF. Según los plazos dispuestos por la Justicia de los Estados Unidos, este miércoles vence la prórroga concedida por la Corte Suprema norteamericana a los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park para que presenten su apelación final.

Hasta el momento, la Procuración del Tesoro de la Nación, encargada de la defensa del Estado en el extranjero y que coordina la estrategia legal en el litigio, no dio respuesta a la consulta de LA NACION sobre si las firmas ya habían presentado un recurso al momento de la publicación de esta nota.

En agosto, el máximo tribunal estadounidense otorgó una extensión de 30 días a los demandantes, postergando el vencimiento original fijado para el 31 de agosto. La presentación de este recurso extraordinario (conocido en el lenguaje judicial como writ of certiorari) es la última instancia legal posible en el extenso juicio que se tramita en EE.UU.

La posibilidad de llegar hasta la máxima instancia judicial responde al revés que sufrieron los demandantes en marzo, cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió totalmente el fallo de primera instancia. Así, el tribunal desestimó la condena que en septiembre de 2023 había emitido la jueza del Distrito Sur, Loretta Preska.

Ese fallo de Preska había determinado que el Estado argentino incumplió los estatutos de la petrolera al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país una compensación por US$16.100 millones, que con intereses se acercaba a los US$18.000 millones.

Al conocerse la revocación, el presidente Javier Milei celebró la noticia destacando que era “el mejor escenario posible”. En junio, el tribunal neoyorquino terminó de cercar la demanda de los fondos cuando rechazó su pedido para que los jueces de la cámara revisaran la sentencia.

De todos modos, la presentación ante los cortesanos norteamericanos es un paso reglamentario y no los obliga a intervenir. De hecho, el máximo tribunal de la Justicia de EE.UU. elige qué litigios tratar. Cada año, la Corte Suprema en Washington recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones de certiorari, de las cuales acepta revisar alrededor de 100.

Frente a estas acotadas probabilidades, Burford —que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen—, preparó una vía alternativa. En paralelo a la apelación, demandó a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Perteneciente al Grupo Banco Mundial y con sede en Washington, se trata de un tribunal dedicado al arbitraje y la conciliación de disputas entre inversores extranjeros y Estados. Allí se inicia un proceso de constitución del tribunal arbitral por 90 días. El proceso podría demorar entre cinco y 10 años y será confidencial.

Es que el fondo británico recurrió a un tratado bilateral de inversiones que la Argentina firmó con España en 1991 y que no tiene fecha de vencimiento ni plazo de prescripción. Según contó LA NACION, la Procuración del Tesoro confirmó que recibió la notificación de Burford y que ya prepara la defensa para el arbitraje ante el Ciadi.

El historial de fallos no le es favorable a la Argentina en ese organismo, al tener un 85% de demandas con fallos en contra. Un antecedente relevante fue el caso de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, por violar un tratado comercial con España.

LA NACION

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