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La reconversión productiva de la Argentina, una tarea necesaria pero difícil
Podemos describir parte de la historia económica reciente como la sucesión de intentos truncos de abrir nuestra economía; no podemos fallar esta vez
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PARA LA NACIONMarcos Buscaglia
El primer libro de economía que leí, y que dejó una huella imborrable en mi forma de pensar, tiene reflexiones muy importantes para el agudo debate que se está dando estos días en la Argentina. En La economía en una lección, publicado por Henry Hazlitt originalmente en 1946, el autor afirma que “puede reducirse la totalidad de la economía a una lección única, y esa lección a un único enunciado: el arte de la Economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores.”
Hazlitt se enfoca luego en distintas medidas de política económica, como la fijación de precios, los aranceles, los salarios mínimos y muchas otras, y en todos los casos analiza los efectos mediatos en el tiempo, entre muchos sectores económicos y en distintos grupos, como trabajadores, desempleados y consumidores, y no solo en su efecto inmediato sobre el sector o grupo beneficiado por dicha política.
Varias páginas del libro de Hazlitt parecen haber estado escritas para la Argentina de 2026. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se desató un debate sobre la apertura comercial y su impacto en la producción nacional. Esa discusión se agudizó desde el cierre de una planta de electrodomésticos a fines de 2025 y tocó ribetes rimbombantes en días recientes, cuando una empresa nacional perdió en manos de una firma de India una licitación para la provisión de tubos de un gasoducto ejecutado por varias empresas privadas.
Los aranceles a la importación, y su eliminación o reducción, siempre han sido cuestiones espinosas en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. El problema es que los aranceles a la importación crean el espejismo de generar empleo y bienestar en el sector favorecido, y una vez generada la distorsión, los intereses creados hacen muy difícil eliminarla. Pero Hazlitt nos invita a mirar más allá. Al aumentar el precio del bien protegido, y al aislar al productor local de la competencia, se producen dos efectos. En primer lugar, los consumidores tienen menos dinero para comprar otros bienes y servicios. Es decir, la protección de un sector es al mismo tiempo la desprotección de otro sector. Si pago más por un lavarropas, me queda menos dinero para comprarme otros bienes o servicios. En segundo lugar, al estar el sector aislado de la competencia, con el tiempo, la calidad de sus productos se deteriora con respecto a lo que se consigue en el mercado internacional.
Es decir, los consumidores se perjudican al terminar comprando productos más caros y de peor calidad. El empleo y los salarios crecen en las industrias protegidas, pero caen para toda la economía en términos de poder de compra. Para un país, aplica lo mismo que para nuestras finanzas personales. En palabras de Hazlitt: “En todos los países, el interés de la inmensa mayoría de la población es y debe ser siempre comprar lo que necesita a quien vende más barato.”
La protección afecta la eficiencia y, por lo tanto, el bienestar de una economía. Uno de los padres de la disciplina, David Ricardo, explicó en Principles of Political Economy and Taxation, en 1817, que aun si un país es más eficiente que otro en producir todos los bienes (tiene “ventaja absoluta” en todo), igual conviene que comercien. Poniendo el ejemplo del vino y la tela entre Portugal e Inglaterra, Ricardo argumentó que, aunque Portugal sea más eficiente en la producción de ambos bienes que Inglaterra, si su eficiencia relativa (su “ventaja comparativa”) es mayor en la producción de vino, le conviene exportar ese producto e importar tela. Cada país debe especializarse en los bienes donde su costo de oportunidad es más bajo y luego intercambiar.
La protección arancelaria no solo reduce las importaciones, sino también las exportaciones. Al producir bienes que podría importar, un país termina asignando capital y trabajo a esos sectores y, como los recursos son escasos, dejarán de destinarse a sectores exportadores. Con el tiempo, estos efectos se agudizan y el crecimiento económico cae, porque los aranceles incentivan a invertir en sectores en los que lo más probable es que el país no tenga una ventaja comparativa para producir, reemplazando inversiones en sectores más dinámicos. El país no se especializa en los sectores en los que tiene ventajas, sino en los que decide algún burócrata, con buenas o malas intenciones. Se resiente el crecimiento económico, el bienestar, y la economía se vuelve cada vez más cerrada.
Los párrafos de arriba describen a la Argentina de los últimos 100 años. El país se cerró al comercio internacional luego de la crisis del 30, proceso que se agudizó cada vez que el peronismo estuvo en el gobierno. La protección en la Argentina se dio no solo vía aranceles, sino también mediante cuotas, tipos de cambio múltiples, racionamiento de divisas (en muchos casos con “peajes”, como las SIRA en el gobierno de Alberto Fernández), trabas burocráticas, pseudonormas sanitarias y muchos mecanismos más. Nos convertimos así en uno de los países más cerrados del mundo. La Argentina importaba en 2023 el 12% del PBI, contra 24% de Chile, 33% de México y 28% de España. Y, por la misma razón, en uno de los países que menos exporta en el mundo. La Argentina exportaba en 2023 por 11% del PBI, contra 28% de Chile, 32% de México y 26% de España.
Reconvertir la matriz productiva es una necesidad imperiosa para poder acelerar el crecimiento económico y mejorar el bienestar. En la medida en que bajen los aranceles, irán surgiendo nuevos emprendimientos en los sectores en los que somos más competitivos y en los que aprovechen los recursos que se liberan al comprar, por ejemplo, los electrodomésticos a un precio muchísimo más bajo en relación al salario que en 2023. Es decir, la inversión y la creación de empleo no solo se darán en Vaca Muerta, la minería y el agro, sino también en un montón de sectores en los que la Argentina quedó rezagada en las últimas dos décadas. Observamos en meses recientes en pequeñas dosis de esto con la apertura de un local de ropa deportiva que generó colas para entrar, una revolución de viajes aéreos, el anuncio de construcción de hoteles y shoppings y mucho más. Son los efectos indirectos, mucho más difusos que los directos, de la reducción de aranceles que menciona Hazlitt.
Pero la transición de un modelo económico a otro es muy difícil. También podemos describir parte de la historia económica reciente de la Argentina como la sucesión de intentos fallidos de abrir nuestra economía, durante el último gobierno militar, durante la gestión de Carlos Menem y un poco en el gobierno de Mauricio Macri, luego revertidos por los gobiernos populistas que los sucedieron. Errores de implementación, el fuerte poder de los intereses creados y el apoyo de pseudo-intelectuales que quieren elegir sectores, hablando de la necesidad de tener una “política productiva” y de “coordinación” estatal, hicieron que estos intentos de integrarnos al mundo fracasen.
Es importante entonces detenernos un poco para pensar cómo hacer esta transición con el menor costo social, sin fracasar. Tomar como punto de partida que todos los empresarios son prebendarios y que sus empresas están destinadas a desaparecer, como a veces sugiere directa o indirectamente el Gobierno, es un muy mal punto de partida. Es, en primer lugar, erróneo. Si bien hay casos paradigmáticos por lo poco sustentables, como la electrónica de Tierra del Fuego o la industria textil masiva (no así la de diseño), es una falacia generalizar estos casos.
La mayor parte de los empresarios actuales, tanto nacionales como extranjeros, simplemente respondieron a los incentivos existentes en nuestra estructura arancelaria, impositiva y laboral. Se trata en muchos casos de generaciones de familias que pusieron todo para sus negocios y de empresas que tienen la mejor tecnología que existe en el mundo. Estos empresarios enfrentan hoy una elevada carga tributaria, una kafkiana regulación laboral (que solo mejorara en parte con la bienvenida reforma que debería aprobar el Congreso en forma urgente), una infraestructura calamitosa y un costo de capital elevadísimo para los pocos afortunados que consiguen algo de crédito. A esto se suma, como en los experimentos fracasados de reconversión productiva del pasado, un tipo de cambio atrasado. Es decir, compiten en desigualdad de condiciones.
En segundo lugar, puede tener un costo social muy elevado. Los trabajadores tienen habilidades específicas. No es que un día manejás una amoladora en una planta y al día siguiente que te echaron estás escribiendo código para una aplicación móvil. Lo más probable es que quedes desempleado o que, como Jorge Liotti explicó en LA NACION respecto de lo que viene ocurriendo en los últimos años en la Argentina, te conviertas en un cuentapropista informal, con un ingreso mucho menor al que tenías. Es decir, si bien la tasa de desempleo puede no explotar como ocurrió durante el gobierno de Menem, la degradación de nuestro mercado laboral se acentuará. Es un fenómeno del que el Gobierno tiene que tomar nota por sensibilidad social, o al menos por interés político.
Es decir, la estrategia de transición de un modelo productivo a otro es muy importante. Desde la macro, la política de tasas de interés elevadas (y volátiles) que lleva adelante el Gobierno con el objetivo de mantener una ficticia estabilidad cambiaria es un impedimento a dicha transición. Para invertir se necesita acceso al crédito. Además, un tipo de cambio algo más débil ayudaría a las empresas a emprender la transición hacia una economía más abierta mientras se ejecutan las reformas estructurales para hacerlas más competitivas. Desde la micro, hay caminos intermedios entre el “que se arreglen” y los “economistas productivistas” que se creen omniscientes para elegir ganadores y perdedores, para pensar la transición productiva. Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, sugiere no elegir ganadores sino pensar en las condiciones que rodean a las empresas para poder desarrollarse. Los factores (capital humano, infraestructura, tecnología, además de los recursos naturales), las condiciones de demanda, las industrias relacionadas y las condiciones de competencia son los que determinan qué perfil productivo tendremos. Por ejemplo, es difícil convertirnos en un país con tecnología de punta con un sistema educativo fallido. El foco pasa entonces por pensar nuestro sistema educativo, en cómo la justicia hace cumplir los contratos, en las políticas de defensa de la competencia, en la infraestructura para el desarrollo que se viene en Vaca Muerta y en las provincias mineras, y muchos otros temas institucionales y estructurales, y no en abortar o detener una vez más la apertura de la economía argentina al mundo. No podemos fallar esta vez.
Tipo de trabajo:
análisis
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