Micromedidas y paciencia, la apuesta oficial hasta la elección

Eficiencia. Competitividad. Son palabras que desvelan a quienes por estos días administran compañías. Y no solo aquellas que, por el cambio de modelo económico, perdieron mercados cautivos y negocios amañados. La mayor estabilidad macroeconómica no alcanza para compensar ineficiencias históricas, como la falta de infraestructura, la altísima presión impositiva o el elevado costo laboral. No sorprende, por ello, que en estas semanas vuelva a ser objeto de debate el atraso del tipo de cambio versus el incremento de los costos en pesos. Suele ser la palanca más accesible para darles un empujón a las actividades que deben hacer malabares para compensar costos que en otros países competidores ni forman parte de la ecuación. Pero es la única que el Gobierno no piensa activar.

“Nosotros, para llevar un container al puerto de Buenos Aires por barcaza, tenemos que pagar US$2600, mientras que por camión nos sale US$1800; en Brasil, ese mismo container llega por entre US$300 y US$600”, ilustra Nicolás Crisp, CEO de la empresa Acon Timber, el aserradero de capitales europeos, el más grande del país, que se instaló en la ciudad de Virasoro, en Corrientes, en 2023. “En Corrientes tenemos una situación inigualable: un árbol demora 15 años en crecer, cuando en Europa demora 30. Pero estos costos nos dejan fuera del mercado”, se sinceró. Es una situación que se replica en toda la zona de esa provincia, donde bregan porque al menos el Congreso termine por habilitar cambios legislativos para que barcazas de otras banderas, sobre todo paraguayas, puedan competir y mejorar sus costos. Un ejemplo entre muchos.

El problema para la administración libertaria es que hoy las iniciativas que en el Congreso podrían colaborar para darles aire a actividades industriales que están al borde de la asfixia están empantanadas. El affaire Adorni, que le insumió gran parte del capital que había ganado con esfuerzo con la victoria electoral de 2025, enturbió las relaciones con los aliados y, ahora, con la discusión electoral de fondo, las conversaciones no terminan de reencauzarse.

En estos días, todos los esfuerzos están puestos en demostrar —internamente, y al Fondo Monetario Internacional— que se puede conseguir aprobar el presupuesto 2027, además de la ley que busca endurecer las sanciones para las empresas que realicen negocios en las Islas Malvinas. A diferencia del presupuesto 2026, esta vez los asesores del Presidente no lo expusieron a presentar el presupuesto 2027 en el hemiciclo del Congreso. Tampoco hubo cadena nacional. Son momentos en los que la causa malvinera rinde más que la economía. Más aún considerando que el Presupuesto contenía modificaciones, como en las prestaciones por discapacidad o en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que ni los propios, como la senadora Patricia Bullrich, admitieron conocer de antemano.

Y es que el terreno fiscal sigue siendo uno que la administración libertaria recorre con obsesión. Septiembre y octubre prometen ser meses superavitarios, sin grandes sobresaltos. Pero la recaudación fiscal, sobre todo en lo que respecta a los tributos que se relacionan con los niveles de actividad económica, no deja grandes márgenes de maniobra. Tanto que, la semana pasada, después de semanas de monitoreo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió dar marcha atrás con una de las medidas que más habían descomprimido el negocio de las pymes en los últimos tres meses, y es la que les permitía depositar cheques electrónicos en las Alycs o sociedades de Bolsa sin pagar el impuesto a los débitos y créditos, de la cual se había adelantado en esta columna.

Desde el Ministerio de Economía venían monitoreando el volumen creciente de operaciones. Existía el reconocimiento tácito de que tal medida tenía impacto en la recaudación, pero al mismo tiempo mejoraba sustancialmente las finanzas de las pymes. Sin embargo, en agosto pasado, ya el volumen de cheques depositados había superado los 940.000, 50% más de lo que se transaccionaba normalmente. La herramienta se había salido de control.

Ahora, para mitigar un poco el impacto que tuvo en el mercado la reversión de la operatoria, el Banco Central (BCRA) estaría trabajando para flexibilizar las transacciones que pueden hacer las empresas entre fondos comunes de inversión y también Alycs, que hoy están alcanzadas por el impuesto a los débitos y créditos. Hoy, cuando una empresa manda dinero a una Alyc, se le retiene el impuesto al cheque, lo mismo si una empresa quiere pasar dinero de su banco a una administradora de fondos comunes de inversión de otra entidad. Ambas operatorias quedarían liberadas, según confían.

Pero no sería la única medida en carpeta. Quienes conocen el pensamiento del equipo económico aseveran que no habrá ya grandes cambios en el plan hasta la elección. Ni cambios monetarios ni cambiarios. “Todo va a seguir más o menos igual hasta 2027”, resume un economista de diálogo frecuente con la mesa chica. El plan es aguantar. Y, para ello, continuar con las “micromedidas” que habiliten a destrabar en algo la actividad que todavía viene rezagada. Entre ellas, se inscribe el plan de armar un mercado secundario de los cupones de las tarjetas de crédito, con el objeto de reducir el costo de financiamiento de los comercios.

El BCRA, además, tiene la intención de avanzar lo antes posible en otra norma, con la que apunta a liberar lo que se conoce como el código de descuento de haberes, que es un mecanismo mediante el cual el banco puede descontar la cuota de un préstamo directamente del salario de una persona, aun antes de que esta reciba su dinero. La idea es que la persona pueda “llevar” su código de descuento al banco que le otorgue el préstamo, aunque no sea el que tenía su cuenta sueldo. Esto reduce el riesgo de cobro y, por ende, se supone, debería mejorar la oferta de crédito. La norma del BCRA buscará que esta operación no implique un costo adicional para la empresa que paga el salario, sea chica o grande. “Si uno trabaja para una empresa chica, y cada empleado le pide que transfiera una parte del salario a distintos bancos, se vuelve difícil. Lo que se intentará es que el sistema identifique y, en el momento, Coelsa (la cámara compensadora) divida lo que va para la cuota del crédito y el saldo que le queda en la cuenta sueldo al empleado”, detallaron.

La medida, claro está, ya genera polémica en el sector financiero. Dado que aquellos bancos que vienen apostando por captar cuentas sueldo en los últimos meses ahora temen que el esfuerzo haya sido en vano. Al final del día, el empleado podría disponer de su plata aun antes de que el dinero siquiera alcance a pisar la cuenta sueldo.

El incansable ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene por su parte otro proyecto de ley que podría ver la luz una vez finalizado el tratamiento del Presupuesto. El proyecto, a diferencia de lo que sucedió con otras iniciativas, tendría el consenso de la mesa chica. Dado que también apunta a motorizar el crédito, aunque en este caso de empresas. La iniciativa contempla la creación de una suerte de central de deudores, pero con información sobre las garantías que prendan las empresas en operaciones crediticias. Sería un registro centralizado de garantías. Cada empresa podrá así hacer sus propias prendas y enviar la información a su central de garantías, que estará bajo la órbita del Central. Esto abarataría el costo de las operaciones. Se podrá aplicar en todos los instrumentos financieros que contemplen alguna garantía, como pagarés o warrants. Todo podrá registrarse. Dependerá en este caso de los aliados en el Congreso que finalmente la iniciativa entre en funcionamiento.

En el ínterin, el Gobierno espera poder oxigenarse en el extranjero y recuperar algo de la mística económica que en el mercado local empezó a desgastarse. Será en la Argentina Week en París, que organizó el embajador argentino Ian Sielecki, el 30 de este mes y el 1° de octubre. Está previsto que viaje el presidente, Javier Milei, que tendrá una bilateral con el mandatario francés, Emmanuel Macron, el 1° a la tarde, junto con cinco ministros –Pablo Quirno, Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Mario Lugones y Diego Santilli–, además del presidente del BCRA, Santiago Bausili. El equipo económico irá casi completo, dado que también se sumarán el secretario de Coordinación de Energía y de Minería, Daniel González, y el de Hacienda, Carlos Guberman. Hay, a su vez, 12 gobernadores confirmados. Tal como sucedió en Nueva York en marzo pasado, irán varios representantes de empresas, sobre todo aquellas relacionadas con la industria del petróleo —PAE, Vista, YPF—, la minería, el agro y la industria farmacéutica. Sin Adorni ya en la comitiva, es posible que, esta vez sí, la gira no pierda el rumbo.

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