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¿Qué puede pasar después del shock electoral?
El Gobierno no tiene otra opción que sostener el núcleo de su programa; quedan seis semanas en las que veremos al equipo económico con el casco puesto por si es necesario defender el techo de la banda
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PARA LA NACIONDaniel Artana
La diferencia de casi catorce puntos en las elecciones en la provincia de Buenos Aires generó una drástica caída en el precio de las acciones y los bonos soberanos y una depreciación del peso que, sin embargo, al momento de escribir esta nota, no había tocado el techo de la banda de flotación.
El Gobierno atribuyó la derrota a cuestiones políticas y ratificó todos los puntos centrales del programa económico: superávit fiscal, flotación dentro de la banda cambiaria y dureza monetaria, aunque con alguna flexibilidad previa a la última licitación de bonos del Tesoro en la cual pudo renovar casi todo lo que vencía a tasas de interés algo más bajas.
La otra opción que tenía el Gobierno era repetir lo que hizo Cambiemos luego de perder las PASO de 2019: soltar el tipo de cambio y dar algunos paliativos fiscales como la rebaja de IVA a los alimentos. Recordemos que el tipo de cambio saltó 23% el primer día post PASO y la inflación se aceleró (2.2% en julio, 4% en agosto, 5.9% en septiembre para luego descender a 3.3% en octubre). Esta opción acelera la nominalidad, pero preserva las reservas internacionales.
La decisión del Gobierno actual preserva la nominalidad reforzada además por una tasa de traslado a precios de la depreciación que sigue siendo baja (aunque se aceleró un poco en agosto), pero pone en riesgo las reservas si el mercado decide testear el techo de la banda aun a pesar de los incentivos que existen para hacer carry trade, al menos hasta unos días antes de la elección, si se cree que se va a continuar la política cambiaria de depreciación al 1% mensual de dicho techo. El BCRA tiene liquidez como para sostenerlo, pero luego de las elecciones aparecerán dudas acerca de cómo harán el Tesoro y el BCRA para hacer frente a los vencimientos de deuda en moneda extranjera de 2026 que, si bien no son montos elevados, pueden ser muy altos con relación a las reservas que queden post intervención.
El resultado de la elección de octubre puede aliviar las cosas o complicarlas todavía más. La lógica indica que el Gobierno debería mejorar el desempeño que ha tenido en las elecciones locales que ha habido durante el año y que eso debería ser suficiente para alcanzar el tercio en Diputados necesario para vetar cualquier iniciativa que altere los fundamentos del programa económico y también para que los más extremistas dejen de hablar de la delirante posibilidad de un juicio político.
Pero no parece que el Gobierno pueda tener la victoria contundente que sugerían algunas encuestas y que, si bien no le hubiera dado mayoría simple en ninguna de las dos Cámaras, al menos le hubiera permitido negociar desde una posición de fortaleza política, en especial en lo referido a las reformas estructurales que se preveía discutir en 2026 (laboral e impositiva).
Los gobernadores en menor medida y la mayoría en ambas cámaras del Congreso con más claridad han mostrado poco aprecio por la solvencia fiscal. Más allá de la justificación que pueda tener cada propuesta, los gobernadores propusieron cambios en la distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles que afectarían el superávit primario proyectado para este año en un 20%, mientras que la suma de las iniciativas propuestas por el Congreso tendría un costo fiscal de casi 2% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso que además señaló que las medidas que supuestamente aportarían ingresos para paliar un impacto de esa magnitud en las cuentas fiscales tenían un potencial de recursos irrisorio.
Es cierto también que el Gobierno debió reaccionar antes para evitar que la única opción disponible fuese convertir en Ley un mal proyecto. Ese es el ejemplo de la ley de Discapacidad. Corregir el deterioro real que habían sufrido los pagos para asistir a las personas que sufren una discapacidad (que además en parte pagan otros actores del sistema de salud) quizás hubiera evitado el relajamiento en las condiciones para acceder a una asistencia en el futuro que introdujo la Ley, cuando sabemos que eso ha sido muy laxo en el pasado.
Pero aun cuando el Gobierno se anticipe mejor, parecería que las demandas por mayor gasto o por detraer ingresos nacionales se repetirán en el futuro. El riesgo es que para preservar el balance fiscal sea necesario subir impuestos cuando lo que requiere la economía es que se reduzcan.
También la decisión de que el BCRA no comprara reservas dentro de la banda de flotación hizo que se llegara a hoy con menor poder de intervención y, previo a ello, la combinación de un peso fuerte, con eliminación de restricciones cuantitativas y del impuesto PAIS para las importaciones más algunas decisiones discrecionales de reducciones en derechos de importación pueden haber sido demasiado rápidas para que los productores nacionales pudieran adaptarse. La remoción de la protección “especial” era necesaria y el impuesto PAIS tenía fecha de vencimiento, pero al menos pudo intentarse que la apreciación real fuera más lenta aun cuando ello hubiera impactado al alza, en algunas décimas, a la tasa de inflación mensual.
De las dos reformas estructurales que se discutirían en 2026 un peronismo fortalecido seguramente procurará licuar el impacto de la laboral porque, simplificando, golpea la “rentabilidad” de los dirigentes sindicales, quienes además han sido muchas veces renuentes a introducir flexibilidad u otras medidas que permitan mejorar la productividad laboral. La impositiva podría avanzar, al menos para cambiar el mix impositivo, pero todo parece indicar que habrá poco margen para reducir impuestos.
Sin embargo, el Gobierno no tenía otra opción a sostener el núcleo de su programa económico. Primero porque la efectividad de un “plan platita” es dudosa, al menos a la luz de lo ocurrido en 2023. Pero más importante porque podría perder el apoyo del FMI, del resto de la comunidad internacional y de los bancos de inversión que al menos no han dado por perdido el programa de mediano plazo. Traicionar el principio de la disciplina fiscal no es una opción cuando ello es el ancla del programa económico.
En resumen, quedan seis semanas hasta las elecciones de octubre en las que veremos al equipo económico con el casco puesto por si es necesario defender el techo de la banda, sin cambios importantes en materia de política fiscal y esperando el 26 de octubre para ver cómo queda configurada la política y cómo avanzamos desde ahí en adelante con las reformas pendientes estructurales y de sintonía fina del programa.
Por Daniel Artana
