Un test para el Gobierno y para la voluntad reformista de la oposición moderada

En los primeros días después de la elección del 26 de octubre se ha registrado una rápida normalización de las variables financieras. El fuerte apoyo que recibió el Gobierno redujo notablemente el riesgo de que el populismo retornara al poder a fines de 2027 y eso se tradujo en una baja muy importante en el riesgo país y una recuperación en el valor de las acciones medido en dólares. A su vez, se redujeron las tasas de interés domésticas a niveles muy cercanos a los observados a comienzos de julio, con el peso flotando dentro de la banda.

El Gobierno también anunció su intención de aprovechar la remonetización que debería darse en la economía para comprar reservas con emisión. La combinación del efecto de una vez de la normalización monetaria más el señoreaje que se genera en una economía en la cual el PBI nominal sigue creciendo a tasas altas puede alcanzar el equivalente a US$20.000 millones que pueden utilizarse para acumular reservas y/o reducir deuda doméstica.

A su vez, esto puede ayudar a descomprimir el riesgo país (alrededor de 600 puntos básicos) y la tasa de bonos públicos ajustables por inflación (casi 9% real) que todavía están en niveles muy elevados, más teniendo en cuenta que se ha dejado atrás el riesgo electoral y que el país cuenta con un apoyo inédito del FMI y del gobierno de Estados Unidos.

En la hoja de ruta de las reformas estructurales aparecen el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la impositiva. Sobre la última resumí mi opinión en la columna publicada en LA NACION el 19 de octubre.

Contar con un presupuesto aprobado por el Congreso es algo normal en cualquier país, pero en la Argentina ello no ocurre desde 2023. Es importante que se logre un consenso en votar un Presupuesto con un superávit primario no inferior a 1,5% del PBI (que es menor al acordado con el FMI para el año próximo de 2,2% del PBI). Eso no parece obvio. Si se suma el costo fiscal de los proyectos de universidades, discapacidad y el Garrahan que fueron convertidos en ley sin contar con los recursos, al impacto fiscal de los reclamos de los gobernadores (ATN, combustibles y obra pública), faltan recursos por alrededor de 1% del PBI.

Respecto de la reforma laboral me parece útil tener en cuenta que hay varios grupos que participan. Por un lado, están las empresas que deben afrontar el costo laboral. En el otro extremo están los trabajadores que reciben el salario de bolsillo. Y en el medio está el Estado nacional que cobra cargas patronales y aportes personales, los sindicatos que reciben recursos en la forma de aportes y otros (algunos de éstos compartidos con empresas o cámaras empresarias) y, finalmente los abogados y el sistema judicial que pueden verse como un costo de transacción para resolver conflictos.

La brecha entre los costos laborales y el salario de bolsillo es muy alta en la Argentina como consecuencia de varios factores: los impuestos al trabajo son de los más altos de la región, los sindicatos obtienen recursos que van más allá del aporte voluntario de los trabajadores que quieran afiliarse y la resolución de conflictos por despidos o accidentes en el trabajo en sede judicial es muy onerosa.

No hay espacio fiscal para avanzar en una reducción importante de los impuestos al trabajo formal. Podría pensarse en una sustitución por otros menos distorsivos o de menor evasión.

En cambio, sí parece haber espacio para reducir otros costos. Dejando de lado las obras sociales, los sindicatos (en algunos casos compartidos con cámaras empresarias) perciben ingresos “extras” por casi medio punto del PBI cuando lo normal es que sólo reciban los aportes voluntarios de quienes deseen afiliarse. No se perciben beneficios claros de estos aportes extraordinarios para los trabajadores ni para los empleadores, pero obviamente una reducción será fuertemente resistida por quienes hoy se benefician de ellos. Pero, en definitiva, no parece que sea una tarea más difícil que la eliminación de los intermediarios políticos que distribuían los planes sociales durante los gobiernos anteriores.

La resolución de conflictos en sede judicial resultaba en costos muy elevados como consecuencia de multas y de la aplicación de intereses. Las multas fueron eliminadas en los primeros meses de la gestión actual, pero “volvieron” escondidas bajo el rótulo de daños y perjuicios. Para evitar que esta creatividad pueda distorsionar la intención del legislador hay varias opciones.

Reemplazar las indemnizaciones actuales por un fondo de cese debería eliminar la litigiosidad, pero a un costo elevado. En suma, se trata de pagar el equivalente a una indemnización “cierta” pero para todos los empleados, sean despedidos o no.

La alternativa de un seguro de desempleo tiene obvios problemas. El trabajador tiene un incentivo de continuar figurando como desempleado y trabajar en la informalidad para poder seguir cobrando el seguro, y las empresas tienen mayor incentivo a despedir porque no enfrentan un costo directo al hacerlo.

Una opción sería precisar en la ley que el trabajador despedido tiene derecho a cobrar solamente un mes de sueldo por año de antigüedad valuando ese salario al valor vigente al momento del pago sin que haya adicionales de ningún tipo (en particular, sin reconocer intereses adicionales). Esto puede justificarse porque la indemnización legal es más elevada que en otros países de ingreso similar que habitualmente reconocen menos de un mes por año de antigüedad o establecen un tope máximo de meses a pagar.

En el caso de riesgos del trabajo se requiere modificar el sistema de remuneración de los peritos y sumar a las provincias a la iniciativa.

Finalmente, también hay que introducir flexibilidad en materia de contratos por tiempo parcial o temporarios. Los primeros son caros en la Argentina, entre otras razones, porque se debe pagar el aporte a la obra social sobre el salario de una jornada completa, ignorando si el grupo familiar tiene aportes que provienen de otras ocupaciones. Y los temporarios con menores impuestos y protección tienen el “estigma” de los llamados contratos “basura” pero que hay que modernizar para hacer frente a los desafíos de un mercado laboral muy diferente al del pasado.

En resumen, en los próximos meses se testeará el capital político que recibió el Gobierno en las urnas, pero también la voluntad reformista de varios miembros de la oposición moderada que reclaman mejores condiciones para lo “productivo”. Si realmente tienen esa convicción estarán dispuestos a reducir ingresos brutos, a votar un presupuesto nacional fiscalmente responsable y a acompañar las reformas que permitan achicar la brecha entre costos laborales y salarios de bolsillo.

Por Daniel Artana

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