Cárceles sin privilegios
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Una escena que incluya cotillón, arco de globos dorados, coloridas luces, animada música y una torta de color rosa a tono con las paredes, además de velitas, remite, sin dudarlo, a un festejo cumpleañero. Las imágenes del vistoso “salón de fiestas”, grabadas desde una cárcel de mujeres, se hicieron virales bajo el título “¡Mi último cumpleaños en la cárcel!”.
Paola “Malala” Galeano es una celebridad en las redes sociales. Con más de 200 mil seguidores en TikTok y otros 169 mil en Facebook, purga condena en la Unidad N° 40 del penal de Lomas de Zamora. Confiesa que encontró una forma de libertad comunicándose a través de plataformas digitales. Consigue canjes, hace publicidad, incluidos casinos, gana dinero legalmente, afirma, sin dañar a terceros. “Tengo que mantenerme sola”, explica. A juzgar por la producción que exhibe no le iría tan mal. Sus posteos incluyen transmisiones en vivo con sus compañeras dentro de la celda, en el patio y otros lugares del pabellón, recogiendo mensajes disímiles, de apoyo y de indignación por parte de sus seguidores, muchos de ellos reclamándole que los privilegios de los que goza en su encierro hablan de que vive mejor que muchos que salen a trabajar todos los días.
El 31 de agosto próximo la influencer saldrá en libertad luego de cumplir una condena a 13 años y cuatro meses de prisión por haber sido partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo, ocurrido en 2013. Carlos Gauna fue asesinado en el intento de robo de su camioneta; ni él ni su familia tienen nada que festejar.
La presión social condujo a que el Servicio Penitenciario procediera a retirarle el celular a Paola luego de que las imágenes de la celebración se viralizaran. Debería estar llevándose adelante una investigación para sancionar a los responsables de autorizar tanto desatino, incluidas las autoridades del penal.
Todos los días nos enteramos de distintos tipos de delitos digitados por presos desde sus celdas a partir del uso irrestricto de sus celulares, un inconcebible permiso aún vigente que se les otorgó en tiempos de pandemia y que, tras más de cinco años, aún no se revocó. Seguir argumentando que reducen conflictos y revueltas solo confirmaría la incapacidad de las fuerzas penitenciarias. La resocialización de los convictos para encontrar un camino distinto al delictivo, con educación y trabajo, de ninguna manera debería exceptuarlos de las condiciones propias de las condenas que pagan. Son los menos indicados para recibir cualquier tipo de privilegios.
