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Cuadernos: la hora de la verdad
El juicio oral por el mayor acto de corrupción pública de la historia del país dará por tierra con el falaz relato del lawfare, forzado por Cristina Kirchner para evitar que se la condene como jefa de una asociación ilícita
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Con el inicio del juicio oral por la causa Cuadernos de las coimas, nuestro país ingresa en una etapa decisiva para su salud institucional. Han pasado siete años desde que una investigación de LA NACION llevada a cabo por el periodista Diego Cabot revelara los registros manuscritos del chofer Oscar Centeno, que describían con minuciosa precisión el recorrido de cuantiosas sumas de dinero espurio entre empresarios beneficiados por la obra pública y funcionarios del más alto nivel del poder kirchnerista. Ha comenzado el juzgamiento de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia. Son 86 los acusados sobre los que deberá decidir el Tribunal Oral Federal N.º 7.
Cristina Kirchner ha sido denunciada en esta causa como jefa de la asociación ilícita, como organizadora de un sistema de recaudación paralelo desde la cúspide del poder estatal. Se llega a este momento tras largos años de tácticas dilatorias, chicanas procesales y discursos destinados a desacreditar al Poder Judicial bajo la falsa bandera del lawfare. Ninguna de esas maniobras logró ocultar lo evidente. El kirchnerismo montó una megaestructura de corrupción que atravesó organismos públicos y empresas privadas, corrompiendo los cimientos del Estado.
La causa de los Cuadernos desnudó una megaestructura de corrupción que atravesó organismos públicos y empresas privadas corrompiendo los cimientos del Estado durante los gobiernos kirchneristas
Pese a los ataques y las presiones, la Justicia ha actuado con independencia y prudencia. La impecable labor del fiscal Carlos Stornelli, quien comenzó la investigación y que acaba de afirmar que no recuerda otra causa con tantas pruebas contra los imputados, se suma a la de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes rechazaron con firmeza las propuestas de “reparación integral” presentadas por decenas de imputados que pretendían saldar su impunidad con irrisorios ofrecimientos monetarios. Aquella burda oferta de 15 millones de dólares para comprar el sobreseimiento y evitar ir a juicio oral fue otro intento desesperado de convertir la corrupción en una transacción comercial. Acertadamente, tanto la fiscal Fabiana León como el tribunal lo desecharon. El daño causado no es patrimonial, sino institucional y profundamente moral, imposible de ser tasado.
Un enorme equipo de funcionarios judiciales debió enfrentar no solo la complejidad de un expediente con más de 440 testigos, sino también el constante hostigamiento de quienes buscaron desacreditar su labor. El dictamen de León sobre el absurdo pedido de reparación integral fue categórico: “En esta fiscalía no se vende impunidad”, sostuvo. Una afirmación que reafirma un principio esencial de la república: nadie está por encima de la ley.
Pese a los ataques, las presiones y amenazas, la Justicia ha procedido con independencia y prudencia. Su dedicada actuación resulta meritoria y digna de ser destacada, entre otras cuestiones, porque siguió adelante con este delicado proceso que desembocó en el juicio oral careciendo de numerosos recursos humanos y materiales
La narrativa del lawfare, tan repetida por Cristina Kirchner, se revela como una estrategia discursiva vacía. Jamás presentó una sola prueba que demostrara persecución alguna. Por el contrario, los hechos muestran que la exmandataria ha gozado de todas las garantías procesales. Ha sido juzgada por tribunales competentes, ha contado con defensa técnica y ha interpuesto innumerables recursos, muchos de ellos orientados solo a dilatar el avance de la causa. Hablar de “persecución” mientras se utilizan los resortes del sistema judicial para impedir que la verdad emerja constituye una paradoja que insulta la inteligencia ciudadana.
El caso de los Cuadernos no es un episodio aislado, sino la exposición más categórica de un sistema de corrupción institucionalizada. Buena parte de los empresarios de la construcción, concesionarios de transporte, proveedores del Estado y funcionarios públicos formaron una red que operó con una eficacia escalofriante durante los gobiernos kirchneristas. Los testimonios de los arrepentidos desnudaron cómo se repartían las obras y se fijaban las “comisiones”. La obra pública se transformó así en un poderoso mecanismo -no el único- de financiamiento del poder político, un circuito donde el dinero público se degradaba en botín partidario o personal.
Nuestro país no puede permitirse relativizar el delito ni naturalizar la corrupción como parte de la vida pública. El dinero robado al Estado no se negocia, se juzga y se restituye. La Justicia tiene hoy la responsabilidad de restablecer la confianza en las instituciones y de enviar un mensaje claro
Cada intento por desacreditar la investigación -ya fuese tildando los cuadernos de “fotocopias sin valor” o atacando a los periodistas que revelaron los hechos y a LA NACION por haberlos publicado- no hizo más que reforzar la magnitud del encubrimiento. Es dable destacar la actitud de una sociedad harta de los robos al Estado, que no solo no se dejó llevar por las mentiras, sino que mantuvo alto el reclamo de una justicia que funcione, que no negocie ni se rinda frente al poder.
Nuestro país no puede permitirse relativizar el delito ni naturalizar la corrupción como parte de la vida pública. Como ya hemos dicho desde esta columna editorial, el peor de los defaults no es el económico, sino el moral. La Justicia tiene hoy la responsabilidad de restablecer la confianza en las instituciones y de enviar un mensaje claro. El dinero robado al Estado no se negocia, se juzga y se restituye.
Solo cuando la verdad prevalezca sobre la mentira y el relato y la responsabilidad sobre la impunidad, podremos cerrar este ominoso capítulo de estas páginas negras de nuestra historia.
Tipo de trabajo:
opinión
