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Defender al testigo es atacar la corrupción
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El 6 de febrero de 2012 Laura Muñoz fue entrevistada en el programa radial de Jorge Lanata donde denunció a Alejandro Vandenbroele -quien había sido su esposo y padre de su tercera hija- como testaferro del entonces vicepresidente Amado Boudou y, sin saberlo, desató su propio calvario. Convertida en testigo denunciante del caso Ciccone, uno de los pocos hechos de corrupción que terminaron con los involucrados presos, fue incorporada al Programa de protección de testigos que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
A partir de allí, las vidas de Muñoz y de sus tres hijos se convirtieron en un infierno. Tal cual describió Cecilia Corradetti en una entrevista publicada por LA NACION, primero su exmarido quiso sacarle la tenencia de su hija, en dos oportunidades la retiró de la escuela con un patrullero sin informarle dónde la llevaba, la asfixió económicamente, y, finalmente, los terminó desalojando de la casa donde vivían. Cuando fundó un nuevo hogar, entraron a robarle, el teléfono sonaba a toda hora con amenazas, le golpearon la ventana de su dormitorio por la noche e insultaron y hostigaron también a las madres de los compañeros del colegio de sus hijos. Cada vez que salía a la calle la seguían policías y autos sin identificarse. En más de una oportunidad le pincharon los neumáticos del auto. Encontró a uno de sus perros envenenados. Intentaron declararla insana. La sometieron a todo tipo de peritajes psicológicos y psiquiátricos. Durante meses la obligaron quienes la custodiaban a encender la luz del living todas las noches a las tres de la mañana como prueba de que estaba todo bien. Recientemente acaba de dejar el programa de protección de testigos por lo que recibió, luego de resistir todo este martirio, una compensación irrisoria y vergonzosa.
De esta manera, la testigo denunciante de uno de los mayores casos de corrupción del país, en lugar de caminar en la alfombra roja de la protección y el cuidado, transitó el camino de la persecución, la violencia, la injusticia, la frustración y el desamparo más absoluto, encontrándose sin casa, sin trabajo, sin amigos, sin familia, sin dinero, sin un futuro que no solo justificara, sino también reconociera y valorara socialmente el coraje de ser denunciante del poder corrupto.
En cambio, Vandenbroele, luego de un breve paso por prisión, se acogió en calidad de arrepentido al Programa de protección de testigos, por lo que obtuvo una recompensa económica por parte del Estado y con ese dinero compró la posada La Masía, en Mendoza, para convertirse en empresario hotelero.
Muñoz tuvo el temple para convertir esas vivencias en aprendizajes y esos aprendizajes en una propuesta concreta que tiene como fin dignificar la figura del testigo informante.
Lo primero que se debe tener en cuenta es la diferencia entre testigo informante e informante arrepentido. Mientras que este estuvo involucrado en el hecho de corrupción o formando parte de la asociación ilícita, por lo tanto, cuenta con mucha información para negociar con la Justicia penas más laxas frente a una condena, compensaciones económicas y protección de por vida, el testigo informante, al no ser partícipe del ilícito, cuenta con información muy limitada y una vez entregada a la Justicia, pierde toda capacidad de reclamar protección y reconocimiento, siendo inmediatamente ignorado por el sistema.
Para garantizar la vida digna de un testigo informante lo primero que debería hacerse es cambiar dicho programa del ámbito del Poder Ejecutivo al del Poder Judicial. Es absurdo que un testigo que denuncia actos de corrupción de funcionarios de un gobierno, su custodia y bienestar dependa de colegas -y en muchas casos amigos- del denunciado.
Otro aspecto clave para que la figura del testigo informante sea dignificada pasa por garantizar una política pública que contemple la protección de todos los aspectos de su vida: los niveles laboral, económico, emocional y de vivienda. Y asegurar que sus familiares también sean protegidos.
Hay un tema sustantivo que consiste en definir en la ley un porcentaje de recompensa al testigo informante en función del bien o dinero recuperados. Esto, además de ser un incentivo y un reconocimiento al valor cívico de quienes denuncian, le permite al denunciante tener una base para rehacer su vida, que, por lo general, como lo demuestra el caso de Muñoz, queda completamente detonada.
La corrupción estructural que sufre el país requiere de estructuras firmes y ágiles que la combatan. Un actor clave en la lucha contra la corrupción y el delito organizado es el testigo denunciante. Por lo tanto, defenderlos es atacar a la corrupción y reconocerlos es incentivar a que aquel que tiene conocimiento de un hecho, lo denuncie y no calle. No avanzar en una normativa adecuada de protección y reconocimiento a testigos denunciantes es condenar a Laura Muñoz y premiar a los Vandenbroele.
Tipo de trabajo:
opinión
