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Desalojo de tierras usurpadas: un paso hacia el orden y la soberanía
Constituye un hito la reciente liberación por parte de fuerzas federales de tierras ilegalmente ocupadas por pseudomapuches amparados políticamente
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Bajo mandato judicial, se ejecutó el desalojo de un grupo de personas autodenominadas mapuches que ocupaban ilegalmente una porción del Parque Nacional Los Alerces desde enero de 2020. El grupo justificaba su accionar en una supuesta reivindicación territorial ancestral, en un área que forma parte del mencionado parque, situado cerca de la localidad de Esquel, en Chubut. El operativo marca un hito: es el primer desalojo realizado en los últimos 18 años, en el contexto de una política destinada a restaurar los principios de nuestra Constitución. No obstante, este operativo no es el último, pues persisten usurpaciones en otras reservas naturales del país. Se trata de acciones necesarias si queremos cambiar esta sociedad y salir de una narrativa que se tradujo en uno de los daños más profundos que ha sufrido la Argentina: un relato de funcionarios ideologizados que no es sino una traición a valores fundamentales como el respeto a la libertad y a la propiedad privada.
El líder del grupo de usurpadores fue, en su momento, empleado de la Administración de Parques Nacionales. Sin embargo, luego de su desvinculación, comenzó a impulsar un plan de lucha contra el mismo organismo que lo había empleado, con el objetivo de tomar posesión de esos terrenos. De hecho, algunos informes lo vinculan con los incendios intencionales que afectaron a Los Alerces en los últimos años.
La inacción del último gobierno no solo permitió que grupos sin derecho alguno se adueñaran de territorios, sino que facilitó que los propietarios legítimos fueran desplazados de manera violenta, amparados en la connivencia de las autoridades y la inoperancia del Poder Judicial: una verdadera supremacía de la injusticia
El desalojo se produce poco después de que el Poder Ejecutivo Nacional derogara el decreto de necesidad y urgencia firmado por Alberto Fernández durante el ejercicio de la presidencia, que había prorrogado la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas. Esta normativa, vigente desde 2006 y con una validez inicial de cuatro años, que fue prorrogada sucesivamente hasta 2024, suspendía “el desalojo de tierras ocupadas por comunidades originarias cuya personería jurídica estuviera registrada”. Para hacer efectiva la norma, la posesión debía ser “actual, tradicional, pública y fehacientemente acreditada”, requisitos todos que fueron ignorados por las autoridades del gobierno anterior al permitir que comunidades ignotas, a menudo amparadas en una fantasiosa autopercepción mapuche, se asentaran directamente en territorios de gran valor escénico o económico sin haber estado previamente en el sitio. Una mera usurpación.
La inacción del último gobierno no solo permitió que grupos sin derecho alguno se adueñaran de territorios, sino que facilitó que los propietarios legítimos fueran desplazados de manera violenta, amparados en la connivencia de las autoridades y la inoperancia del Poder Judicial: una verdadera supremacía de la injusticia.
La reciente medida tiene como objetivo resolver los conflictos que afectaron a los propietarios desplazados durante casi dos décadas, ignorados por organismos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Derechos Humanos y hasta el propio Ministerio de Justicia, cuyos funcionarios, plagados de supersticiones y practicantes de una ideología victimista, con relatos falsos y reescribiendo la historia a su gusto y conveniencia, en nada ayudaron a los verdaderos protagonistas de las comunidades indígenas a integrarse a la sociedad argentina como verdaderos ciudadanos. Ha quedado claro que actuaron como cómplices de los usurpadores.
El operativo, realizado por fuerzas federales, se desarrolló de manera ordenada y pacífica. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó la importancia de que quienes incumplen la ley sean sometidos a la Justicia y que los argentinos recuperen sus derechos de propiedad, tanto públicos como privados.
Tipo de trabajo:
opinión
