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Desconfianza: el huevo de la serpiente, también en Vicentin
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LA NACION
Invocar la "soberanía alimentaria" para expropiar la empresa agroexportadora es un subterfugio para ampliar el intervencionismo sobre el sector privado
Si la reestructuración de la deuda externa es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la recuperación económica, lo indispensable es un programa integral para equilibrar las cuentas públicas, recuperar el valor de la moneda, expandir el crédito y alentar la inversión.
El anuncio de la intervención inmediata de la empresa Vicentin y su posterior expropiación ha ido exactamente en el sentido opuesto. Ayer, tras el anuncio presidencial que ratificó el espíritu intervencionista sobre el sector privado, se desplomaron las acciones argentinas en Wall Street, aumentó el riesgo país y también descendió el valor bursátil de YPF.
Son muchas las razones declaradas y varias las silenciadas detrás de esta decisión del gobierno de Alberto Fernández. Pero si se busca la causa última de todas ellas, el "huevo de la serpiente" de esta gravísima medida, nos encontraremos, nuevamente, con el síndrome de la desconfianza. La desconfianza que impulsa a rechazar el peso como reserva de valor y que, simétricamente, impacta sobre el mercado de cambios, haciendo del dólar el tema excluyente de toda la política económica.
La idea de que la oferta de divisas proveniente de las exportaciones es "volátil" es un eufemismo para no reconocer que, en ausencia de confianza, no hay control de cambios posible para forzar conductas contrarias a los incentivos que el Gobierno genera. La desconfianza impide la libertad cambiaria y genera una brecha que potencia esa "volatilidad", ya que demora la liquidación de divisas por parte de los exportadores e incrementa la demanda de los importadores. Desde esta columna hemos denominado a ese fenómeno "purga de capitales", ya que los expulsa a través de artilugios cambiarios que vacían las reservas del Banco Central.
Pensar que la expropiación de Vicentin permitirá solucionar un problema que tiene origen en otras causas es sumar una distorsión a otra. Vicentin es la sexta agroexportadora del país e ingresó el 20% de las divisas originadas en la venta al exterior de aceite y harina de soja. Incorporarla a los activos de YPF se parece a la expropiación de Ciccone Calcográfica, o la de las AFJP. Aquella, proveía los pesos; los fondos de pensión, los ahorros, y ahora Vicentin, la generación de dólares. Es como decir, si el agro demora en liquidar, ahora el Estado lo forzará a hacerlo como "empresa testigo", con el mismo espíritu con que los militantes rompen los silobolsas.
Si el objetivo es lograr un flujo creciente y regular de divisas, lo fundamental es atacar las causas y no las consecuencias. Solo será posible con medidas que recreen la confianza, para regularizar el mercado cambiario, eliminando los alicientes perversos que distorsionen la oferta y la demanda de dólares.
Yendo aún más atrás en el tiempo, la crisis financiera de Vicentin hizo eclosión luego de las PASO, cuando el riesgo país saltó de 861 a 1400 puntos, por desconfianza. Y a partir de ese "shock" regresivo, cayeron los depósitos en dólares en los bancos y se redujo el crédito disponible a empresas como la ahora intervenida.
Invocar la "soberanía alimentaria" es otro subterfugio verbal, absolutamente innecesario en este caso, que solamente puede interpretarse como la apertura de una puerta para continuar interviniendo en el sector alimentario, como se hizo durante la década kirchnerista, cuando los controles de precios y los obstáculos a la exportación destruyeron la producción de trigo, carne y lácteos.
A diferencia de la Venezuela chavista, la Argentina es campeón mundial en la provisión de alimentos al mundo y al mercado interno. Pero cuando el desequilibrio fiscal provoca una inflación descontrolada y se pretende anclarla con precios máximos, obstáculos a la exportación y atraso cambiario, se deja de sembrar trigo, se liquidan vientres y se cierran tambos. Se impulsa artificialmente una crisis alimentaria como parte del objetivo "hegemónico".
En cuanto al riesgo de "desnacionalización" de la compañía, por operar en un sector estratégico, es también otra serpiente del mismo huevo. Si no hubiera desajustes fiscales, emisión descontrolada y repudio de la moneda, el desvarío por el dólar no existiría y las operaciones de exportación fluirían normalmente, como en Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Aun más: si hubiese confianza, habría capitales nacionales para solucionar el problema financiero de Vicentin sin que el Estado se involucrase.
Es cierto que se trata del mayor empleador de la provincia de Santa Fe y eslabón final de una cadena de productores agrícolas que necesitan cobrar sus acreencias para continuar produciendo. Pero nada de ello justifica su expropiación existiendo un proceso concursal para reestructurar sus pasivos y realizar activos sin comprometer recursos del Estado cuando el latiguillo repetido ante los acreedores externos ha sido la imposibilidad de pagar por ausencia de recursos públicos. Ahora el Estado nacional, a través de YPF, asumirá todo el pasivo de Vicentin, estimado en 1350 millones de dólares, más sus gastos corrientes y el valor de la empresa a los accionistas.
Tampoco ha sido una buena señal la interferencia oficial en el plan de negocios de YPF. Hace pocos días, en una conferencia para analistas e inversores, su presidente, Guillermo Nielsen, sostuvo que "a pesar de que los negocios de electricidad y fertilizantes están bien", el negocio principal de YPF es "el petróleo y el gas, y deberemos focalizarnos allí". Se supone que una empresa de esa magnitud, que cotiza en la bolsa de Nueva York, no puede cambiar su plan de negocios conforme a las veleidades ideológicas del kirchnerismo. YPF no tiene experiencia en el manejo de una exportadora como Vicentin y ya puede preverse que, si será utilizada como "empresa testigo" para ser generosa con los productores, solidaria con el Banco Central y sensible a las presiones de quienes le asignan ese rol, más que una unidad de negocios de YPF será una unidad básica de experimentos con dinero ajeno.
Los empresarios consultados han sido en su mayoría muy cautos en sus juicios, como si se tratase también de un tema de salud pública. Pero ninguno con memoria puede olvidar los desastres que han ocurrido cuando el Estado gestiona empresas y se altera la ecuación fundamental de su funcionamiento, cuando los incentivos del mercado son sustituidos por los incentivos de la política. Cuando asumió Héctor Cámpora, había 170 empresas en la órbita pública, que habían sido "rehabilitadas" para evitar su quiebra, asegurar la paz social y preservar los empleos. Allí estaban Siam Di Tella,La Emilia,Papelera Hurlingham,Swift,Codex,Textil Gloria, Winco, La Cantábrica y tantas otras que costaron fortunas al fisco y que terminaron, en su mayoría, quebradas. Lo mismo ocurrió durante la dictadura, cuando se liquidó el Banco de los Andes y todo el grupo Greco terminó gestionado por el Estado, motivando turbios reclamos indemnizatorios.
En cuanto a la intervención de la empresa, se demuestra un elevado grado de improvisación y patoterismo. No hay normas que avalen la intervención por decreto y tampoco por DNU, ya que una ley no podría tampoco interferir un proceso judicial y violar la separación de poderes. Recordemos que en el caso de la expropiación de YPF a Repsol, el decreto que se atribuye al actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, no previó hacer una oferta al resto de los accionistas y ello expone al país a una contingencia judicial por US$3000 millones.
A su vez, la expropiación implica tener que abonar el valor de Vicentin como empresa en marcha, pues es absorbida como tal por YPF Agro . Se trata de otro compromiso monetario que deberá absorber el Estado Nacional cuando se complete el proceso expropiatorio. Además de los eventuales reclamos de los accionistas, como ocurrió con los Greco y, en el caso de YPF, con el fondo Burford.
La Argentina carece de crédito, de reservas y de moneda. Eso también afecta a sus empresas privadas, que deberán recomponer su capital de trabajo luego de la pandemia de coronavirus, atender el vencimiento de deudas e invertir para competir en el mundo.
Disponer la intervención de Vicentin por un DNU y luego expropiarla por razones que, en última instancia, carecerían de entidad si se recuperase la confianza es tomar el camino inverso y hacer explícito que la seguridad jurídica, la recuperación de la moneda, el ingreso de capitales, el aumento de plazos fijos, la expansión del crédito, la recuperación del empleo, el incremento de productividad y la disminución genuina de la pobreza no están aún en la agenda de gobierno para la pospandemia.
LA NACION
