El 24 de marzo de 1976
A 50 años del golpe militar, es preciso dar paso a una mirada comprensiva e integral de nuestro trágico pasado, sin olvidar sus atrocidades
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No podremos comprender la causa determinante de la interrupción del orden constitucional por parte de las fuerzas armadas que, hace 50 años, dio lugar a la más oscura dictadura militar que vivió la Argentina, sin conocer el escenario nacional e internacional de aquellas épocas. Tal como lo anunció proféticamente Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, dos grandes potencias se disputarían el control del mundo en el siguiente siglo. Luego de la Segunda Guerra, la carrera armamentista nuclear de esas dos potencias las persuadió de que cualquier agresión mutua traería consecuencias devastadoras en sus territorios. Nacía la llamada “Guerra Fría”, caracterizada por el traslado de los combates armados a regiones desnuclearizadas, ubicadas en el hemisferio sur. Corea y Vietnam primero, Latinoamérica y el África Septentrional después, serían el escenario de esos combates. Gran parte de la intelectualidad de nuestro país y un sector importante de la Iglesia Católica latinoamericana, desilusionada con la revolución rusa, verían no obstante en la doctrina marxista y especialmente en la revolución de Cuba, la promesa de un orden social más justo. El bloque soviético financiaría, entrenaría y armaría en ese país a los integrantes de las guerrillas, que atacarían violentamente a cada nación de nuestro continente y asaltaría con sus propios efectivos a Angola, Etiopía, Congo, Cabo Verde y otras naciones africanas. La Argentina sufriría los primeros embates terroristas en 1960, durante la presidencia de Arturo Frondizi.
María Guillermina Cabrera Rojo, de tres años de edad, sería la primera víctima de un artefacto explosivo colocado por una organización terrorista, denominada Uturuncos, en la casa de un oficial del Ejército argentino. Para 1975 esa organización y otras creadas con posterioridad elevarían a unos 20.000 los atentados, 5000 de ellos con explosivos en lugares públicos, conforme lo declarado en la sentencia de la causa 13/84 que condenó a los comandantes de las Fuerzas Armadas. La modalidad del combate guerrillero en nuestro país incluía, con excepción del elegido por el Ejército Revolucionario del Pueblo en territorio tucumano, el pase a la clandestinidad mediante el uso de documentos falsos para eludir a las autoridades, la organización secreta celular, la celebración de ataques sorpresivos a comisarías y cuarteles, y atentados con explosivos, mientras que el rescate por secuestros y la recaudación por amenazas a empresas garantizaría el flujo de recursos. Según declaraciones de uno de sus conductores, Roberto Perdía, Montoneros se erigía como la organización más numerosa, con más de 6000 efectivos armados y entrenados. Se trataba de un número mayor que el de oficiales en actividad que tenía entonces el Ejército Argentino. Muchos de aquellos combatientes fueron entrenados por las milicias fundamentalistas islámicas de Al Fatah y Hezbollah, mientras que -siempre según Perdía- otros 25.000 efectivos le brindaban apoyo a la organización, proporcionándole casas seguras, documentación e inteligencia. Las dos provincias más poderosas de la Argentina, Buenos Aires y Córdoba, eran conducidas por representantes de Montoneros. En 1973, habían sido liberados por la amnistía de Héctor Cámpora más de tres mil guerrilleros que estaban siendo juzgados por la Justicia. Montoneros se enfrentaría decididamente al presidente Juan Domingo Perón, asesinando al líder de la CGT, José Antonio Rucci, lo que llevaría la guerra interna en el peronismo a una escala que para marzo de 1976 ya alcanzaría miles de muertos y desaparecidos. En 1976, su líder Mario Firmenich la declararía una organización “marxista-leninista”.
A la agresión más feroz y sangrienta que sufriría el continente en su historia, le seguiría la más feroz y sangrienta respuesta por parte de algunos Estados. La asunción del gobierno militar en nuestro país coincidió con otros operados en la región, y tuvo como objetivo primordial terminar como sea con el terrorismo. En la Argentina se resolvió de manera inédita, que una parte de las Fuerzas Armadas pasara también a la clandestinidad. Y sin someter sus acciones al examen, publicidad y control de un orden democrático y republicano, se dispuso el aniquilamiento del fenómeno guerrillero -tal como se lo había ordenado el último gobierno constitucional-, pero bajo la modalidad de una guerra, sin otras reglas que el logro de una victoria rápida y total.
El resultado de la ofensiva guerrillera a partir de los años 60 y su posterior respuesta fue la muerte, el secuestro, la tortura, la desaparición de personas, el dolor y el exilio de muchos compatriotas.
A la agresión más feroz y sangrienta que sufriría el continente en su historia, le seguiría la más feroz y sangrienta respuesta por parte de algunos Estados
Con la vuelta a la democracia y luego de los juicios a los comandantes militares y los líderes de las organizaciones guerrilleras, los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem instauraron políticas de pacificación tendientes a dejar atrás los enfrentamientos y el desencuentro.
Pero ese proceso recibiría una drástica interrupción mediante la reapertura de los juicios solo a los militares por parte de la mayoría de la Corte Suprema instaurada por el gobierno kirchnerista en 2003, mientras que en las aulas y los espacios públicos se comenzaría a difundir una versión falsa y maniquea de la historia, identificando a los guerrilleros y sus propósitos con el accionar de jóvenes idealistas que luchaban por el regreso de la democracia. Esa nueva política nacida hace más de veinte años no pretendía comprender sino ofender, no aspiraba a perdonar sin olvidar, sino solo a recordar para castigar, aun violando garantías constitucionales, y ocultaba la verdad. Según ese relato, no habría existido nunca una guerra revolucionaria; los guerrilleros no atacaron gobiernos democráticos; no se los perseguía por sus crímenes sino por su “militancia ideológica”; los gobiernos de Perón, María Estela Martinez y la dictadura militar ordenaron la comisión de delitos de lesa humanidad, una figura solo existente cuando se da en el marco de una ofensiva generalizada contra la población civil y no cuando se dirige contra una organización terrorista. Hay inclusive quien pretende que se los asimile al genocidio, que implica la persecución a una minoría racial o religiosa. La versión intencionada triplica la cantidad de desaparecidos, contrariando las cifras del Registro Único de Victimas del Terrorismo de Estado creado por el propio gobierno kirchnerista y, por último, utiliza la sentencia de la causa 13/84 que condenó a los comandantes militares, solo en las consideraciones que respalden el adoctrinamiento educativo, mientras ocultan lo declarado en ese fallo: “…En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios de clasificación expuestos que se vienen de expresar, este se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria… Las acciones de la guerrilla constituyeron una agresión contra la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho, y este debía reaccionar para evitar que su crecimiento pusiera en peligro la estabilidad de las instituciones”.
La ofensiva terrorista no pudo haber justificado jamás el abandono de la legalidad en la respuesta del Estado. Pero tampoco puede ocultar la inoperancia de la Justicia de entonces, acobardada luego del asesinato de un juez federal y amenazas a los otros, la impotencia de la oposición política y la superación de las fuerzas de seguridad, avasalladas por las armas y el número de las organizaciones guerrilleras.
Sin verdad no puede haber justicia y resulta imposible alcanzar la paz. A 50 años de los hechos, el penoso enfrentamiento que tuvo origen en tierras extrañas, debiera dar paso a la madurez de la mirada objetiva, comprensiva y hasta compasiva del pasado. No en vano, luego de un conflicto armado interno, el Protocolo II de la Convención de Ginebra de 1949 de Naciones Unidas recomienda: “A la cesación de las hostilidades las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.” Este fue el camino trazado por el presidente Alfonsín y el que lleva más efectivamente a la verdad, la unión y el perdón, el que debiéramos decidirnos a tomar los argentinos, más inclinados desde los albores de la Patria en juramentarnos hasta tres veces morir con gloria, que en atrevernos, sin olvidar nuestras heridas, a vivir con ella.
