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El Estado, ¿árbitro de la verdad pública?
El Gobierno pretende coartar la libertad de prensa con supuestas desmentidas que dejan expuestos, en muchos casos, a sus propios funcionarios
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La ausencia del sentido de las proporciones del gobierno de Javier Milei será uno de los capítulos de actualidad argentina en que hurgarán los historiadores de las próximas generaciones. Buscarán, seguramente, respuesta a la asimetría entre el esfuerzo por lograr cambios fundamentales en el comportamiento del Estado, llevándolo a una modernización que se añoró por años, y la confusión con la que perturba la dirección de aquel camino con asuntos contradictorios, ajenos, a su objetivo fundamental.
Estamos en una hora de contagios mundiales propagados por el perfil de políticos inimaginables en el pasado. Solo gente con un carácter muy especial, por decirlo de la manera menos incómoda para todos, podría haberse atrevido a la reconversión del mundo en maniobras tan audaces y vertiginosas y, en muchos casos, sorprendentes como las que vemos.
Van en tren de dejar como una antigualla detestable los excesos del progresismo que debutó proyectando el Estado de Bienestar Social y derivó en la voluntad de destruir cuantas convenciones había en pie. Lo hizo con excesos en las novedades que introducía en materia de igualdad de géneros, en incontinente creación de aparatos estatales que asfixiarían la iniciativa privada, en la petulancia para deformar lenguas ancestrales con el desconocimiento de la historia y la cultura.
De forma que debemos ocuparnos hoy, en medio de innovaciones históricas, del engendro farragoso que es la Oficina de Respuesta Oficial, destinada a “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”. Lo imponen una cuestión de principios sobre el papel del Estado y la libertad de prensa que impiden postergar el juicio sobre el caso.
Es una pena tener que referirse a esta aventura innecesaria y peligrosa en circunstancias en que el Gobierno ha avanzado hacia la sanción de una reforma laboral impostergable para la modernización del país y en temas penales como la disminución de la edad de inimputabilidad, de enorme importancia en el fenómeno de los jóvenes arrastrados como pantallas para el delito por bandas que violentan a diario la seguridad en amplias franjas ciudadanas. Todo eso a días de haberse acordado las bases de una política de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea en nuestra condición de miembros del Mercosur.
El periodismo siempre cometió errores, como es propio de todo oficio y, es más, del género humano. Las leyes ordinarias prevén las sanciones concordantes para los daños que se causen, tanto por equívocos como por actitudes dolosas, aunque lo hagan aquí a través de una justicia morosa, con más dilaciones que las del árbitro riguroso y puntual sobre la confiabilidad de los medios que son las audiencias.
El Presidente ha designado para regentear la Oficina de Respuesta Oficial al director nacional de Comunicación Digital, Juan Carreira. En el currículo oficioso de Carreira se anota que es, en realidad, el tuitero Juan Doe, integrante de las Fuerzas del Cielo del asesor presidencial Santiago Caputo. O sea que es un hombre de las redes fanatizadas que establecieron un nuevo modelo de hacer política. Somos nosotros quienes preguntamos: ¿está dispuesto el señor Carreira a decirnos las veces que insultó, valiéndose del anonimato privilegiado por las nuevas tecnologías de la comunicación, a periodistas y políticos? ¿Es esa su credencial para el ejercicio de las nuevas funciones?
El problema no es el periodismo; el problema es el Estado que procuró silenciar al periodismo en las décadas de auge de los movimientos de izquierda y ahora pretende cercarlo desde la derecha emergente, con líderes narcisistas que llegan al colmo de irritarse tanto por una crítica como por suponer que tienen el derecho a investirse con un premio nobel
No caeríamos en el en el exceso de sugerir que la Oficina de Respuesta Oficial trae remembranzas de la Policía del Pensamiento, la organización concebida por Orwell en 1984, celebridad de la novelística del siglo XX donde se castigaba con secuestros y torturas por delitos cometidos con la mente. Lejos de constituir una obra de mera ficción, 1984 fue el anatema implacable contra los despotismos absolutos de su época. Es suficiente con que acompañemos a ADEPA cuando esta semana dijo: “El Estado es fuente de información, no árbitro de la verdad pública”, según ha establecido la constitución chavista al conferir garantías solo para “la información veraz”.
El problema no es el periodismo; el problema es el Estado que procuró silenciar al periodismo en las décadas de auge de los movimientos de izquierda y ahora pretende cercarlo desde la derecha emergente, con líderes narcisistas que llegan al colmo de irritarse tanto por una crítica como por suponer que tienen el derecho a investirse con un premio nobel. ¿Hubieran pataleado de ese modo Tolstoi, Proust o Borges por habérseles retaceado una distinción de esa naturaleza a pesar de sus obras gigantescas?
Suponemos que no hay riesgos de que Milei pretenda, por la fuerza del mimetismo, asociar su nombre al del viejo Teatro Cervantes, de propiedad del Estado nacional. Si lo hiciera desperdiciaría una nota de diferenciación con la casta kirchnerista que llenó el país con monumentos de un presidente a quien la historia denostará por haber inaugurado la más desfachatada era de corrupción pública en la Argentina.
Hemos anotado hasta aquí 18 respuestas del Gobierno a informaciones periodísticas que la oficina de Carreira consideró tendenciosas, por falsas o erróneas. En algunos ítems quedó con el pincel en el aire, como en el reproche, al que se sumó Milei, a un redactor de LA NACION por un título que reproducía palabras de una exfuncionaria del Indec.
El Gobierno tiene la oportunidad de lucirse en asuntos más interesantes para la opinión pública. Milei dijo en dos entrevistas que cuando el 14 de febrero de 2025 tuiteó el código alfanumérico de 42 caracteres de $Libra se limitó a copiarlo de internet. Ahora, por expertos informáticos, se sabe que cuando tuiteó aquel código todavía este no figuraba en ningún lugar de internet. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién se lo dio? ¿Por qué?
Algo más: todavía está sin rectificarse la negación de voceros del Gobierno de que hubiera entrado en el país sin control en febrero de 2025 el equipaje que traía en el avión de Leonardo Scatturice una de sus empleadas. El periodismo ha hecho saber que las imágenes de los controles aeronáuticos de seguridad dicen lo contrario. ¿Qué dirá el exégeta de la oficina de respuestas oficiales?
Hoy, por añadidura, debemos preguntarnos dónde está la clase política que debería categorizar como corresponde a la mentada oficina de respuestas de Milei. En otros tiempos esa clase política defendía la libertad de prensa de las amenazas de Cristina Kirchner con la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, a cargo de Ricardo Forster, miembro de los fanáticos de Carta Abierta, y las de Alberto Fernández con el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica. ¿Dónde están, insistimos, los políticos y legisladores que en su momento salieron al cruce del kirchnerismo por esas fantasías grotescas y hoy se ocultan como perdices a fin de evitar una palabra de crítica al gobierno de La Libertad Avanza, al que se han sumado en dispersa manada?
¿Tienen miedo de la ira fácil del Presidente? No es una pregunta ociosa. Después de días de haber circulado por diferentes medios que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, había advertido a legisladores oficialistas que los proyectos de ley que envía el Presidente primero se votan y luego se leen, se conoció la poco verosímil interpretación de uno de esos legisladores de que se trataba de una mera chanza. ¿Chanza?
Tipo de trabajo:
opinión
