El señor del tabaco y su siniestro poder de lobby
Favorecido políticamente, Pablo Otero logró multiplicar fuertemente su patrimonio; graves inconsistencias y ataques a periodistas que escriben sobre él
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Del precio de un paquete de cigarrillos, el 76,9% corresponde a impuestos. Además de los objetivos recaudatorios, en términos sanitarios el fin de esta carga es desalentar el consumo. Aun así, en la Argentina aumenta el consumo, además de que a 20 años de la firma del Convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud nuestro país aún no logró su ratificación legislativa.
Cada atado de cigarrillos que se vendía llevó por años estampillas fiscales impresas en la Casa de Moneda, un viejo y elemental sistema de control que debió ser reemplazado pues su falsificación resultaba sencilla y facilitaba la evasión. Peritajes que realizaron la antigua AFIP y la Casa de Moneda entre 2021 y 2022 arrojaron que el 91% de las estampillas eran apócrifas. Tabacalera Sarandí, fabricante de las populares marcas Red Point y Kiel, fue reiteradamente denunciada por utilizar sellos fiscales adulterados en paquetes de cigarrillos originales.
En 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, se resolvió actualizar el sistema de estampillado incorporándole herramientas tecnológicas. Sin embargo, la medida, que contribuía también a combatir el contrabando y la falsificación, no obligó a todas las tabacaleras. Regulaciones diferentes se tradujeron en fuertes distorsiones.
Hace unos 8 años, Tabacalera Sarandí apenas controlaba el 5,6% del mercado. De la mano del kirchnerismo, pegó un salto exponencial: al vender a precios más baratos marcas populares hoy tiene una participación del 40%. Pablo Otero, su dueño, bautizado por Javier Milei como “el señor del tabaco”, niega cualquier forma de evasión y sigue considerándose un empresario Pyme en desventaja frente a las multinacionales. Con ese argumento claramente inválido, habida cuenta del volumen que actualmente comercializa, siguió sin pagar el impuesto interno mínimo por considerarlo confiscatorio, un monto fijo que fue eliminado este año con la nueva Ley Bases, que llevó de 70% a 73% la alícuota de impuestos internos. Al valor de venta de cada atado, la empresa le agrega la alícuota, pero si el monto a pagar es inferior al impuesto mínimo, la empresa debe pagar la diferencia. Las sociedades médicas advirtieron que al eliminarse esa barrera de contención y con el mercado libre para determinar los precios se promovería el aumento del consumo, tal como ocurrió.
El abogado de Tabacalera Sarandí es Maximiliano Rusconi. Presentaba medidas cautelares en el fuero Contencioso Administrativo, trabando la causa central, y logrando fallos favorables. A pesar de que la Corte en junio pasado revocó un fallo de Cámara que le permitió a Otero no pagar gravámenes internos por 6 años, a la fecha sigue sin abonarlos. La Coalición Cívica denunció por presuntos sobornos a Otero y a exfuncionarios kirchneristas, acusándolos de infinidad de maniobras ilícitas. Lo propio había hecho también la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras.
El enorme poder del lobby empresario a favor de Tabacalera Sarandí cosecha resonantes triunfos y onerosas pérdidas para el Estado. La consultora Abeceb calcula una deuda 5823 millones de dólares entre 2018 y 2023 a la que se suma el perjuicio a las siete provincias tabacaleras (Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco y Corrientes), y al desfinanciado Fondo Especial del Tabaco. Frente al cierre total de importaciones, el acceso al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) habilitó además a Otero a traer del exterior el tabaco para fabricar sus cigarrillos, pagando por encima de los precios del mercado local.
Ante ARCA, el precio al que Sarandí comercializa actualmente los cigarrillos ronda los 800 pesos, pero en comercios se venden, en promedio, al doble. Esta subdeclaración tendría un impacto anual de 450 millones de dólares anuales en perjuicio del Estado, además de afectar severamente a su competencia. Sorprende también que ARCA haya comenzado a intimar a los 100.000 kioskeros del país prohibiéndoles vender a precios por encima de la ley y a exhibir listas de lo valores vigentes bajo amenaza de clausura, pero que no exija el cobro del impuesto a Sarandí.
Los periodistas Marcelo Longobardi, Camila Dolajbian, Andrés Sanguinetti y Diego Cabot ya habían recibido mensajes intimidatorios para que no hablaran de los beneficios de Tabacalera Sarandí. En agosto pasado, Otero presentó una demanda de unos dos millones de dólares contra un periodista del portal iProfesional por daños “morales y económicos” que le habría ocasionado una nota “falsa y malintencionada”. En su afán por presionar a la prensa y criminalizar la actividad periodística, días pasados Otero publicó una solicitada respondiendo a una nota publicada por un medio colega y cuestionó la constitucionalidad del impuesto que no pagó, avalado en su momento por el juez Lavié Pico, y que fue eliminado luego por la Ley Bases. Al respecto, la Procuración General de la Nación le había dado la razón a la AFIP al reconocer que su reclamo era “admisible”. La Corte debe resolver si el impuesto es o no constitucional.
El patrimonio de Otero incluye unas 19 sociedades en Brasil, Estados Unidos, Panamá, Oceanía y en el paraíso fiscal de Saint Kitts and Nevis, registradas a su nombre o al de miembros de su familia. Dueño también del Grupo Madero Sur, controlante de Tabacalera Sarandí y con inversiones en otras áreas, suma también a Global Race, Punt Vermell y Crossfinder SA. La Unidad de Información Financiera alertó que su conformación no solo proviene de evasión recurrente y sistemática de impuestos, sino que despierta también otras sospechas. El periodista Hugo Alconada Mom planteó que su origen podría no ser lícito y estar vinculado con un clan criminal. Demasiado humo detrás de tan oscuros personajes y procederes que urge aclarar.
