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El silenciamiento del escándalo de la AFA
La decisión del juez Saettone de restringir la labor del periodismo para favorecer a Claudio Tapia resulta una grave violación de la Constitución
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La situación de Claudio “Chiqui” Tapia no es la de mayor prestancia y lucimiento, precisamente, como autoridad mayor del fútbol argentino que acompaña a la selección nacional en el campeonato mundial que comenzará en pocos días más. Los escándalos surgidos de las investigaciones periodísticas que han puesto al descubierto desmanejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han repercutido en el exterior como no podía haber sido menos por la significación del país en ese deporte. La condición de la Argentina de campeón en el Mundial realizado en Qatar, en 2022, ha despertado en todos lados un interés popular superlativo con el que se festejan sus actuaciones.
Vastas capas de la dirigencia futbolística argentina parecerían haberse mimetizado desde hace tiempo con el comportamiento indeseable de las barras bravas. Es un fenómeno asombroso en el mundo que ni siquiera las fuerzas de seguridad se sientan habilitadas para asegurar el orden suficiente en los partidos y poner punto final a que estos deban jugarse desde hace años con la sola presencia de hinchas de los equipos locales.
Son demasiadas las cosas que están mal en el fútbol argentino con excepción del lucimiento de sus jugadores aquí y, aún más, en el extranjero. Tapia personifica a la perfección el papel que la sociedad percibe del mundo vernáculo en que él ejerce la gravitación que lo encumbró al cargo que ocupa. Pero su desempeño y la idea que trasmite sobre el decoro con el que lo realiza son mucho más que una expresión individual dentro del problema colectivo social, político y moral que se afronta por gente de su índole.
Hay demasiados adulones e intereses creados como para que el juicio crítico sobre la gestión de Tapia no se exprese con más amplitud y crudeza de la que corresponde al trabajo investigativo de periodistas relevantes por la seriedad profesional con que ejercen su oficio. De todos modos, ha bastado con las investigaciones, la información y los comentarios de quienes no se arredran ante el poder fáctico de una dirigencia cuestionable para que la Justicia más próxima políticamente a esa dirigencia los limite en el derecho de hacer saber a la opinión pública lo que ha estado oculto.
Walter Saettone, juez de garantías de Pilar, conocido por sus vínculos de simpatía con el kirchnerismo -cuándo no- dictó semanas atrás una medida cautelar que restringe a seis periodistas, dos de ellos del plantel de LA NACION, sus márgenes de averiguación sobre las actividades de Tapia y de otras personas de su entorno. Las apelaciones a esa medida restrictiva han comenzado a hacerse en los últimos días. La instancia siguiente a la del juez Saettone será la Cámara Penal de San Isidro.
El lector se extrañará tal vez por las semanas transcurridas desde que trascendió la medida cautelar dispuesta por el juez Saettone y las apelaciones del caso, ahora. Más razones para extrañarse han tenido los periodistas y medios de comunicación involucrados.
Aquella medida cautelar no se difundió por notificaciones en consonancia con la ley, sino por la versión que divulgó Gregorio Dalbón, abogado de confianza y patrocinante, en ciertas ocasiones, de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por graves delitos de corrupción.
Saettone impuso a los seis periodistas afectados la prohibición por noventa días de tener contactos y acercamiento a Tapia. Ordenó también que en ese tiempo se abstuvieran de difundir datos personales, imágenes o información referente al ámbito privado y familiar del presidente de la AFA.
Nunca la intervención del Estado puede estar dirigida a acallar voces. Por el contrario, es su deber garantizar que el debate público se enriquezca mediante la proteccion de la libertad de expresión de todos.
No puede el juez Saettone desconocer que en la vida reciente del titular del máximo organismo del fútbol argentino las cuestiones públicas y privadas se han hallado entrelazadas de forma singular por propia decisión. Las notas de investigación de periodistas de LA NACION han puesto de manifiesto detalles incómodos para Tapia en los resúmenes bancarios en Estados Unidos de la empresa TourProdEnter LLC. Su titular es Javier Faroni, productor teatral que saltó a la política de la mano de Sergio Massa, figura del espacio público cuyo nombre suele trascender con constancia llamativa en enredos económicos y financieros.
Tres fiscales norteamericanos ya están investigando por distintas vías el affaire de la cuenta de TourProdEnter en Miami.
TourProdEnter es agente oficial para todos los contratos de la AFA. Juan Pablo Beacon, mano derecha de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad rectora del fútbol argentino y alter ego de Tapia, habría instruido a TourProdEnter a hacer ciertas transferencias ordenadas por este. Su publicidad ulterior sería una de las causales que impulsaron a este a procurar una medida judicial como la que obtuvo del juez de garantías de Pilar.
Si de lo que se trataba era de silenciar al periodismo han llegado en un sentido tarde. La AFA está en el centro de un escándalo que seguirá su curso natural por más que, como ha puntualizado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), se haya logrado una cautelar que violenta el artículo 14 sobre censura previa, de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, de amparo frente a los mecanismos indirectos de entorpecimiento de la labor periodística.
Un juez kirchnerista de Pilar puede afectar por un tiempo con sus decisiones principios sobre libertad de expresión e información reconocidos desde la organización constitucional de la República, pero poco puede hacer cuando un escándalo ha rebasado las represas con que cuenta la política espuria en el orden interno.
Tipo de trabajo:
opinión
