Exfuncionarios, a la cárcel
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Luego de 20 años de haber sido presentada la denuncia penal, finalmente, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, los exfuncionarios del gobierno de la provincia de San Luis Sergio Freixes y Mario Zavala -exministro y viceministro de la Legalidad y Relaciones Institucionales, respectivamente- fueron detenidos para que cumplan la condena de seis años de prisión, e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por haber presionado a jueces para que firmaran sus renuncias anticipadas antes de asumir el cargo, como una manera de limitar su independencia y controlar sus acciones.
Este fallo es importante porque demuestra que, por más impunidad que haya en un feudo como lo fue la provincia de San Luis en la época en que gobernaban los hermanos Rodríguez Saá, cuando la Justicia actúa, quienes delinquen terminan en la cárcel.
La denuncia presentada en abril de 2005 ante la Procuración General de la Nación fue impulsada por la entonces fiscal de instrucción provincial y actual jueza en lo Oral Criminal Federal de San Luis, Gretel Diamante, y se convirtió en un escándalo que llevó a que se analizara la posibilidad de intervenir el Poder Judicial provincial.
Diamante no actuó sola, sino que, consciente del poder de daño del gobierno provincial, buscó el respaldo de una organización de la sociedad civil, la fundación Poder Ciudadano, que colaboró con ella para reunir pruebas y sumó algo tan importante como lo anterior: la capacidad de nacionalizar el caso para que el poder provincial no pudiera neutralizarlo.
Así y todo, durante años, la investigación fue entorpecida por parte de los ahora condenados a través de decenas de planteos orientados a desplazar la intervención de la justicia federal para que la causa quedara radicada ante la provincia. Eso generó un conflicto de competencia que terminó resolviendo la Corte Suprema a favor del ámbito federal. Finalmente, después de múltiples artilugios y chicanas, y como conclusión de todo el derrotero judicial, el 28 de noviembre pasado, nuevamente la Corte Suprema, al rechazar los recursos interpuestos por las defensas, dejó en firme las condenas por amenazas coactivas y amenazas agravadas.
La impunidad tiene un componente de desfachatez, como lo demuestra el proceder de los ahora condenados funcionarios, quienes citaban a los candidatos a jueces para comunicarles personalmente que habían sido elegidos, pero les informaban que la condición para enviar el pliego al Senado era que debían firmar las renuncias anticipadas al cargo para el cual serían designados, las que se encontraban redactadas e impresas. El lugar de la cita era la sede del cínicamente denominado Ministerio de la Legalidad, una legalidad a la medida del gobernador, que no necesitaba una justicia ciega, sino jueces que miraran para otro lado.
Por lo menos diez candidatos firmaron sus renuncias a cargos a los que todavía no habían asumido. Durante un allanamiento realizado en el ministerio se secuestraron tres renuncias y todas presentaban idénticas características: el mismo texto, igual formato, ausencia de fecha, el mismo destinatario genérico -“al señor gobernador”- y las firmas de los renunciantes, sin aclaración ni sello.
Es de destacar que nuevamente una mujer, en este caso la doctora Diamante, logra que se condene a funcionarios públicos por hechos de corrupción, abuso de poder o ilícitos cometidos en ejercicio de la función pública. El caso más resonante es el de Laura Muñoz, que, cuya denuncia logró que el exvicepresidente Amado Boudou fuera condenado a prisión por delitos de corrupción. Ejemplos que la sociedad debería reconocer cotidianamente para cimentar una cultura basada en la probidad individual y la transparencia pública, y lograr que los testigos y denunciantes cuenten con el respaldo institucional que merecen.
