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Jueces militantes
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LA NACION
El mismo día que los argentinos de modo desorganizado se aprestaban a despedir a su máximo ídolo futbolístico, el presidente Alberto Fernández presentó ante el Senado de la Nación el pedido de acuerdo para que el doctor Alejo Ramos Padillaocupe el Juzgado Federal de Primera Instancia número 1 de La Plata. Es un juzgado que también tiene competencia electoral, esto es para controlar la regularidad de las elecciones nada menos que en la populosa provincia de Buenos Aires.
Como fue puesto de manifiesto desde estas columnas a raíz de la propuesta de nombrar como procurador general de la Nación al juez Daniel Rafecas, la magistratura reclama personas ejemplares e insospechadas, no figuras polémicas. Mucho más ahora, cuando la confianza en los poderes judiciales ha caído a niveles sin precedente y la sociedad asiste, entre otros espectáculos originales, a las diatribas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien pone en tela de juicio no solo la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino hasta su mismo diseño institucional. Frente a semejantes ataques, difícilmente la sociedad defienda a jueces que sean designados por su militancia, con la lógica de la pandilla.
La candidatura del juez Ramos Padilla ha sido objeto de varias impugnaciones, entre las que se encuentra la efectuada por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y por la agrupación de abogados Será Justicia, sobre la base de las denuncias contra el magistrado que se tramitan ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, una de ellas presentada por la propia Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca cuando el ahora candidato subrogaba un juzgado en esa ciudad. Las restantes dos denuncias en trámite refieren a las actuaciones judiciales llevadas a cabo con motivo de las causas relacionadas con la denominada "los cuadernos de las coimas"; la primera, por el fallecido juez Claudio Bonadio y, la segunda, por el perito contador Alfredo Popritkin.
Al doctor Ramos Padilla también le cabe la presunción de inocencia, pero el carácter demasiado inusual del origen y del trámite de su intervención en una suerte de secuela de la causa más relevante en mucho tiempo en materia de corrupción haría prudente, por lo menos, que la designación se realizara una vez desestimadas esas denuncias. En cualquier caso, una vez más el poder político ha preferido acomodar "tropa propia" para seguir jugando con las mismas reglas que, al mismo tiempo, el propio gobierno se presenta como empeñado en cambiar.
La Mesa del Diálogo Argentino concluyó en 2003 que "la ‘autoridad’ de un juez descansa no tanto en sus conocimientos jurídicos, sino en esa idoneidad ética que la sociedad reconoce y exige del que se va a desempeñar como juez". Y destacó la "(…) inconveniencia de autorizar a los jueces el mantener su afiliación política o permitir que se expresen en esos términos partidarios, pues con el nivel de crisis en la legitimidad del Poder Judicial esa habilitación solo contribuiría a potenciar tal descreimiento (...)". La recomendación parece haber sido en vano.
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