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La Argentina impotente: villas para todos y todas
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LA NACION
Un país que privilegia el gasto corriente sobre el largo plazo, desviando y malversando los dineros públicos, no tiene futuro
Después de 30 años de gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires y de 25 años en la Nación, 5 millones de personas se hacinan en 4400 villas y asentamientos en todo el país, sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo. Son 1800 en esa provincia, de las cuales 1000 están en el conurbano (alrededor de 400.000 familias). La mayoría se estableció después de la crisis de 2001.
Lázaro Báez registraba 1412 propiedades, valuadas en 200 millones de dólares. Además de 20 empresas, 40 estancias y 947 vehículos. Al igual que las villas, su número creció después de la crisis de 2001, aunque en sentido inverso. Ese desvío masivo de recursos públicos para su "lavado" a través de hoteles de la familia Kirchner simboliza la utilización espuria de fondos presupuestarios que marcó gran parte de este cuarto de siglo.
Otros igualmente impúdicos ejemplos son públicos y notorios. El impuesto a los combustibles con el que se quedó Cristóbal López justamente, destinado a financiar viviendas; los departamentos en Nueva York, Miami y Puerto Madero del exsecretario Daniel Muñoz, todos originados en la deriva de fondos del Estado para sus moradas, no precisamente sociales. Los ejemplos continúan: desde los sobreprecios de Skanska hasta las importaciones de gas licuado o de inservibles vagones. ¿Cuántas viviendas sociales menos?
Cuando el descontrolado gasto público devora los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, nada queda para la inversión social
Para justificar las tomas de tierras en el conurbano bonaerense se invoca la necesidad de quienes viven en extrema pobreza. Y se atribuye a la falta de planificación del Estado esa situación, agravada hoy por la crisis sanitaria. No ha habido carencia de planes, sino otras prioridades populistas: construir poder con cargo al erario promoviendo consensos amorales para convalidar la corrupción.
Ese poder se logra privilegiando el gasto corriente sobre la inversión. Se trata de expandir el empleo público, otorgar jubilaciones sin aportes, subsidiar la electricidad, el gas, el transporte. Cubrir el creciente déficit de empresas estatales cooptadas por sus sindicatos. Ampliar la base de votantes con planes sociales, subsidios a cooperativas truchas y aportes a cambio de clientelismos.
La corrupción es la contracara del poder edificado a partir de un feroz desequilibrio fiscal: quien se beneficia de pagos con fondos públicos no objeta que robe quien también reparte. Es más, lo vota. O teje alianzas en el Congreso.
Cuando el gasto corriente devora los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, nada queda para invertir, y menos para viviendas sociales.
Por no dejar fondos para desarrollar tierras con servicios se ha acentuado la desigualdad entre los más vulnerables y las clases medias
Para salir de las abstracciones: si un país opta por duplicar el empleo público (2003-2016) sin tener recursos genuinos para hacerlo, estará sacrificando el derecho a la vivienda de quienes no la tienen. Si en el mismo lapso se duplica la cantidad de jubilados, pasando a una relación insostenible de 1,7 activos por cada pasivo, se habrán ganado votos, pero sacrificado hogares. Si en la provincia de Buenos Aires hay que pagar 150.000 suplencias mensuales por docentes injustificadamente ausentes, serán fondos que irán a expertos en incisos de su estatuto, pero no a presupuestos educativos o alojamiento a desamparados. Si ya antes de la cuarentena los planes sociales cubrían 8 millones de beneficiarios, ahora que el Estado garantiza ingresos a casi 21 millones de personas, pretender solucionar el déficit habitacional es imposible.
Si desde 2001 se subsidia la provisión de luz, gas y transporte a todas las clases sociales, no es posible que haya nuevos barrios para los sin techo. Y muchísimo menos, si como sociedad toleramos que Adolfo Rodríguez Saá, quien fue presidente durante una semana, haya cobrado una pensión vitalicia durante 19 años (la actual es de 529.749 pesos) o que la vicepresidenta, además de cobrar su sueldo y percibir su pensión vitalicia como viuda de Néstor Kirchner, reclame el pago de una segunda pensión vitalicia por haber sido presidenta y que se le abone el correspondiente retroactivo, además de que se la exima de tributar Ganancias.
En la Argentina no han faltado las normas y los planes. En 1972 se creó el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) sobre la base de un impuesto al trabajo. En 1995 se descentralizó el sistema con delegación a las provincias y se creó el Fondo Nacional de la Vivienda. Se reemplazó aquel aporte con el 42% del impuesto a los combustibles líquidos (el que robó Cristóbal López). En 2002, con la salida de la convertibilidad, se autorizó a las provincias a utilizar los recursos del Fonavi para gastos corrientes. En 2003 se lanzaron los planes federales de vivienda, con la vuelta al control desde la Casa Rosada, favoreciéndose a los gobiernos alineados y negando recursos al resto. Después de 2010, ante una nueva crisis, ya no hubo plata para nadie.
Lamentablemente, a muchos conviene que la política habitacional continúe siendo definida por punteros, organizaciones sociales y oportunistas
Las soluciones habitacionales para los sectores más carenciados son muy costosas, no basta con poner ladrillos y un techo. El aspecto más caro y complejo es la generación de suelo con infraestructura. Es decir, proyectos que consoliden el tejido existente, con provisión de servicios y próximos a escuelas, hospitales, comercios y fuentes de trabajo. El llamado "derecho a la ciudad".
Para ello se requieren importantes inversiones, realizadas en forma regular y sostenida, durante muchas décadas. Un país que privilegia el gasto corriente sobre el largo plazo nunca podrá tener viviendas dignas para los sectores desfavorecidos. Eso lo saben bien los funcionarios de la Secretaría de Vivienda y de los institutos provinciales, que ven frustrados sus planes y programas "por restricción presupuestaria".
Al carecer de fondos para adquirir tierras próximas a los núcleos urbanos, proveer infraestructura y construir nuevas viviendas, los pocos recursos se han aplicado a modestas "soluciones habitacionales", corriendo detrás de los hechos. Por ello, y a través del tiempo, miles de familias han ocupado predios en forma espontánea, fuera de todo planeamiento y creando hechos consumados. Ello ha forzado al Estado a "intentar" darles agua potable, cloacas, aperturas de calles, iluminación, subsidios para materiales y regularizaciones de dominio.
De ese modo, por darse absoluta prioridad a los gastos corrientes, no dejando fondos para desarrollar tierras con servicios, se ha acentuado la desigualdad entre los más vulnerables y las clases medias. Entre las villas y los barrios privados. Como si fuera una decisión oficial crear y profundizar esa grieta, en nombre de la igualdad.
La Argentina no ha recibido, como Europa, los millones de refugiados en pateras africanas ni a quienes huyen de las guerras en Siria, Irak, Afganistán o Paquistán.
Nuestro país, uno de los más dotados del planeta, ha sido incapaz de generar trabajo formal para sus pocos habitantes, expulsándolos hacia el empleo no registrado, en un círculo vicioso de precariedad laboral. El sistemático déficit fiscal, la inflación, la ausencia de moneda, la carencia de crédito, la fuga de capitales, la presión impositiva, el costo laboral y la industria del juicio han sido responsables de esta falencia que afecta la viga maestra de la organización social. De esa forma se expandieron la pobreza, las villas, el ausentismo escolar, las adicciones, el narcotráfico, y se espiralizó el asistencialismo.
Según estimaciones de la Secretaría de Vivienda, en nuestro país el déficit habitacional es de 3,5 millones de viviendas, para una cantidad similar de familias. Un tercio de esas familias son pobres, carecen de empleos regulares y de acceso al crédito. Se necesitaría una inversión de 26.000 millones de dólares para dar solución a esa deuda histórica. Como no existen recursos, ni acceso al crédito, ni vocación de reducir los gastos corrientes (con excepción de recortar los magros ingresos de los jubilados), la restricción fiscal continúa siendo el freno a cualquier política sustentable de viviendas sociales.
Ahora el líder de la Uocra y el líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular presionan para reactivar obras en 25.000 viviendas que no tienen aval oficial para retomarse. También se quejan por la ausencia de un plan nacional de viviendas y por las demoras en el Fideicomiso de Integración Sociourbana, creado por ley para urbanizar los 4400 barrios populares del país.
Malas noticias para ambos. El Gobierno no tiene espacio para seguir cubriendo sus inmensos gastos corrientes con emisión y, mucho menos, para financiar esos pedidos. Atrás quedaron también los sueños compartidos. Solo le queda dialéctica para discursos, su principal habilidad. Lamentablemente, las prioridades que ha fijado la dirigencia política argentina no han dejado ni un peso para construir ni una moneda para urbanizar. La política habitacional continuará siendo definida por punteros, organizaciones sociales y oportunistas, como hasta ahora. Verdaderas "tomas para la victoria", que lejos de construir dignidad profundizan la desigualdad y pisotean justos derechos y reclamos de unos y otros, en beneficio de unos pocos
