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Las andanzas del nuevo Oyarbide
Con sus dilaciones, amañados fallos y privilegiando intereses personales, el juez Martínez de Giorgi pone en duda la salud institucional de parte de la Justicia
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La reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi - denominado el nuevo Oyarbide por sus escandalosos procederes- quien sobreseyó a la viuda de Pablo Escobar Gaviria, a un exídolo del fútbol y a poderosos empresarios acusados en una de las causas de lavado de activos provenientes del narcotráfico más recientes y complejas, desafía la lógica, el derecho y pone en tela de juicio la salud institucional de parte de la Justicia.
La indulgencia dispensada a los acusados, incluido Antonio Pedro Ruiz, quien, según se afirma, está ligado al magistrado por una extensa amistad, implica un notorio deterioro en la confianza hacia los tribunales, máxime cuando el relato de un narcotraficante arrepentido había descripto la maniobra que ahora el juez desestimó sin hallar delitos.
La decisión fue “sesgada, parcial y forzada para desvincular a los imputados de este proceso, sin valorar acabadamente la prueba incorporada, soslayando las contundentes conclusiones expuestas por las partes acusadoras". Esas duras conclusiones corresponden al fiscal federal Franco Picardi y a sus pares Diego Iglesias y Diego Velasco, quienes conducen la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), respectivamente, según constan en la apelación de los sobreseimientos. La fiscalía expuso cómo Martínez de Giorgi incurrió en una valoración fragmentaria de la prueba, sustituyendo el análisis por una ciega y conveniente presunción de licitud.
El impacto del caso se agrava al inscribirse en un entramado de situaciones oscuras. Martínez de Giorgi es el juez que, invariablemente e incluso mediante negociaciones inconfesables, mantiene en secreto y a fuego lento ciertas causas, inmovilidad de expedientes que coinciden, temporal y sintomáticamente, con el envío por parte del Poder Ejecutivo al Senado del pliego de la esposa del juez, Ana María Juan, como candidata a ocupar un juzgado federal en Hurlingham. Son conocidos, además, los vínculos entre Martínez de Giorgi y el exmiembro de la SIDE, Jaime Stiuso, quien supo usar información privilegiada para incidir en causas judiciales sensibles para el kirchnerismo.
Para comprender la magnitud del fallo, es menester relatar la historia de la causa en la que un arrepentido lo contó todo, pero su relato fue desechado. La confesión del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, resguardado en el expediente bajo el eufemismo de Colaborador A, amenazaba con desarticular la organización. Detalló cómo, tras reunir una fortuna incalculable al frente de laboratorios de cocaína para el Cartel de Cali, inyectó esos millones en el mercado inmobiliario local. Confesó que la viuda y el hijo de Escobar Gaviria lo introdujeron ante el empresario Mateo Corvo Dolcet, a cambio de una comisión del 4,5% por sus gestiones de intermediación.
Corvo Dolcet, la contadora Gabriela Sánchez y Ruiz conocían el prontuario de su socio. “Mateo sabía de mi pasado porque yo no se lo negué”, relató el arrepentido. Reveló que, incluso cuando la consultora Price Waterhouse advirtió sobre el vínculo con el narcotráfico, la operatoria no se detuvo.
Será la Cámara Federal porteña la que analizará las pruebas con las que la fiscalía busca revertir los sobreseimientos y evitar el triunfo de la degradación institucional sobre el imperio de la ley
Corvo Dolcet viajó a Colombia y firmó un “contradocumento” que borraba al narcotraficante de los registros formales, pero le garantizaba la propiedad de las acciones y la continuidad del flujo de fondos. El arrepentido agregó que el exfutbolista Mauricio “Chicho” Serna le entregó propiedades a cambio. Y precisó que estas eran, en realidad, patrimonio oculto de Carlos María Aguilar, el sanguinario jefe de la organización criminal Oficina de Envigado.
Martínez de Giorgi desestimó el relato y lo anuló como si nunca hubiera existido. Decretó la nulidad absoluta del acuerdo de colaboración y de la indagatoria del narcotraficante colombiano celebrada en Miami, sobreseyendo a todos los imputados.
Argumentó para ello que el interrogatorio en los Estados Unidos carecía de una “acreditación suficiente de la habilitación internacional” para ejercer jurisdicción en territorio extranjero. Cuestionó que la declaración se hubiera registrado con un programa gratuito llamado Bandicam, donde la filmación se interrumpía cada diez minutos. Sostuvo que esa fragmentación comprometía la “transparencia” del acto procesal.
Se aferró a ciertas contradicciones parciales del testimonio para vaciarlo de valor probatorio, aun cuando Cámaras de Apelaciones ya habían validado el acuerdo tiempo atrás y elevado la causa a juicio oral.
Martínez de Giorgi dio por válida la insólita excusa de la viuda y el hijo del máximo líder del Cartel de Medellín, quienes alegaron “desconocer” que Piedrahita era un hombre fuerte del histórico y rival Cartel de Cali.
Cuando la justicia se subordina a las lealtades personales, a pactos espurios de conveniencia y a componendas urdidas en los sótanos de la inteligencia, el Estado de Derecho se desvanece. Ahora será la Cámara Federal porteña la que analizará las pruebas con las que la fiscalía busca revertir los sobreseimientos y evitar el triunfo de la degradación institucional sobre el imperio de la ley.
Tipo de trabajo:
opinión
