Las implacables notas del cuadernito negro
No resulta difícil comprender para un observador avezado que la Argentina no crecerá si se ponen en riesgo el equilibrio fiscal y la confianza en la moneda
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Antes de que asumiera Javier Milei, la Argentina se había empobrecido durante una década pues su PBI creció menos que la población. No es misterio que esa decadencia se debió a falta de inversión y baja productividad de la economía. Si se rasca más hondo, se advierten las mismas causas inmediatas (déficits, emisión, inflación, devaluación, cepos) y el mismo desenlace: atajos oportunistas, para evitar soluciones de fondo.
Para recomponer la productividad se necesitan transformaciones estructurales y estas, ingreso de capitales. Sin embargo, nadie confía en la Argentina pues, como en el cuento del lobo, quienes arriesgaron aquí sus fortunas fueron defraudados por esa cultura del atajo, a costa del largo plazo. Al final, se evaporó la moneda y, sin moneda, también se evaporó el futuro.
La historia es larga y la hemos repetido aquí numerosas veces. “Rodrigazo” (1975); estatización de deuda privada (1982); emergencia previsional y de obra pública (1986); ahorro forzoso (1987); Plan Bonex (1989); “impuestazo” (2000); “corralito” y “default” (2001); fin de la convertibilidad y pesificación asimétrica (2002); congelación de tarifas y violación de marcos regulatorios (2003); estatización de empresas privatizadas y de las AFJP (2008); confiscación de YPF (2012); cepo cambiario (2011), falseamiento de índices (Indec); emergencia de “solidaridad social y reactivación productiva” (2019); impuesto a la riqueza, plan “platita” y destrucción final de la moneda (2023).
Atraer la inversión implica confianza y esta requiere seguridad jurídica
Atraer la inversión implica confianza y esta requiere seguridad jurídica. Quizá no se entienda el vínculo que existe entre equipar una fábrica, comprar camiones, adquirir tractores, inaugurar oficinas o construir caminos, con algo tan inmaterial como la seguridad jurídica, ámbito de papeles y tribunales, escribanos y picapleitos. Justamente, esa intangibilidad de lo jurídico es el eslabón débil de la cadena, muy fácil de romper y mucho más difícil de recomponer. La especialidad del populismo.
La seguridad jurídica implica una promesa de futuro: que la moneda tendrá valor, los contratos se cumplirán, las deudas se pagarán, los depósitos se devolverán, los bonos se honrarán, la propiedad se respetará, los intrusos serán desalojados, los daños indemnizados y que ni legisladores ni jueces la alterarán para congraciarse con los afectados o cediendo a grupos de interés.
Imaginemos que un vigía implacable nos observa desde afuera, anotando en un cuadernito negro nuestros pasados dislates y agregando otros nuevos que presagien voluntad de reiterarlos. Supongamos que ese observador desconfiado gestiona los fondos que la Argentina necesita para subsistir como nación viable. Aquella sucesión de atajos, con su secuela de pobreza, ocupa las primeras páginas del librillo y fija el tono de las subsiguientes, cuando de evaluar el riesgo país se trata.
Esas notas son cruciales, no solo para el éxito o fracaso de un gobierno puntual, sino para que la Argentina no colapse por ausencia de moneda, como en las hiperinflaciones de 1989 y 1990. Su acento recién cambiará cuando registre que los 47 millones de habitantes, sus miles de representantes y sus centenares de jueces han comprendido que sin seguridad jurídica no habrá moneda y que, sin moneda, no tendrán nación. Y que es su responsabilidad no disgregarla en feudos empobrecidos.
Ese dramático pasado aún gravita sobre el presente y su carga se refleja en el presupuesto nacional 2027. Los mayores gastos son erogaciones cuasi asistenciales para sostener a quienes sufrieron los efectos de antiguos atajos que, por privilegiar lo inmediato, nos condenaron a la miseria. Y esa carga condiciona al resto de las partidas, pues poco queda para otros fines, tensando la paciencia de políticos que piden dinero para reactivar, agitando señales de riesgo fiscal inminente.
Existen 50 proyectos de ley para paliar la situación de familias endeudadas. Sin duda, hay razones para preocuparse por ellas, pero, en un país sin crédito, la prioridad es reestablecerlo y no dañar la expansión de préstamos futuros alterando lo pactado. El buenismo legislativo, además, crearía incentivos perversos entre los que cumplen
De los 202 billones de pesos de gasto total previstos, el 75% se destina a gastos sociales. Y, de ese total, el 65.5% irá para jubilaciones y pensiones. En 2011 había 2 millones de jubilados que aumentaron a 6 millones en 2024, de los cuales casi 4 millones ingresaron con moratorias para paliar la falta de trabajos estables. El observador frunce el ceño al advertir que el empleo registrado cayó por falta de inversiones, mientras crecieron monotributistas e informales. Y anota al margen: “Es insostenible que solo 8 millones de trabajadores deban sostener a 6 millones de pasivos”.
Igual situación desprotegió a familias sin empleos regulares, motivando la Asignación Universal por Hijo en 2009. Son más de 4 millones de menores con un gasto anual de 9,1 billones de pesos. Por otro lado, la prestación Alimentar (en el país de las mieles y las mieses) beneficiará a 3 millones de personas, con un gasto de 3 billones de pesos. De la crisis de 2002 también subsisten subsidios a la energía por 3 billones de pesos y al transporte de pasajeros del AMBA por 762.000 millones de pesos.
Quien anota, acota: “Como todo se les va en gasto corriente, solo quedan 1,3 billones de pesos (0.7%) para obras públicas en todo el país”. Y se pregunta: “¿Hasta cuándo se perpetuará esta situación si no hay ahorro local para fondear el crecimiento?”. Pues si la Argentina no crece, sostener esos gastos será insoportable y mucho menos crecerá si se pretenden actualizaciones automáticas y ajenas a la realidad recaudatoria. Y no crecerá tampoco si se ponen en riesgo el equilibrio fiscal y la confianza en la moneda.
Quienes analizan arriesgar sus capitales consultan el cuadernito negro y evalúan si los dirigentes demuestran convicción para recomponer la seguridad jurídica a cualquier costo. Pero no parece ser así. Un gobernador denuncia que el “equilibrio fiscal que tanto se defiende debe acompañarse con equilibrio social” respecto del régimen de personas con discapacidad. Sin embargo, como no habrá reactivación sin previo equilibrio fiscal y este requiere confianza, sus palabras suenan como profecía autocumplida, pues la falta del primero imposibilitará el logro del segundo, a costa de quienes desea proteger. Paralelamente, las provincias no reducen gastos y retienen ingresos brutos a quienes no deben pagarlo para mantener sus enormes estructuras clientelistas.
Existen 50 proyectos de ley para paliar la situación de familias endeudadas. Sin duda, hay razones para preocuparse por ellas, pero, en un país donde no hay crédito, la prioridad es reestablecerlo y no dañar la expansión de préstamos futuros con normas que alteren lo pactado, aunque suene insensible. El buenismo legislativo crearía, además, incentivos perversos entre los que cumplen, como ocurre con los blanqueos.
Por aquí y por allá distintos jueces se atribuyen la facultad de suspender normas generales concediendo amparos a quienes invocan perjuicios individuales basados en la reforma constitucional de 1994 como si fuesen legisladores. En materia de salud, el 70% de las causas del fuero Civil y Comercial Federal son amparos para obtener tratamientos o medicamentos costosos no cubiertos en un sistema desfinanciado y que corresponderían al Estado. Más grietas en la pared de la seguridad jurídica.
Y, mientras la salud está en quiebra, se conocen los fideicomisos financieros para desviar fondos millonarios de la obra social del sindicato de Camioneros, a favor de la familia Moyano. No es el único caso, pero en la Argentina a nadie le inmuta y a la Justicia, tampoco. Como lo prueban las jugarretas tribunalicias de Claudio “Chiqui” Tapia. O la sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que confirmó la pensión de Cristina Kirchner como viuda del exmandatario Néstor Kirchner, quien se encuentra condenada por administración fraudulenta de fondos públicos. Las notas interrogan: ¿Hay en la Argentina independencia y probidad en el Poder Judicial?
¿Empecinamiento, tozudez o necedad de Javier Milei? Recuperar la confianza y limpiar nuestro prontuario exige sobreactuar el compromiso fiscal para que los argentinos tomen en serio al peso y respeten nuestra moneda. La producción, el empleo y los ingresos fiscales requieren seguridad jurídica, la promesa de futuro indispensable para que crezca el ahorro en pesos y se expanda el crédito.
Ello nunca será resultado exclusivo de un modelo económico, pues depende de las ideas y creencias colectivas. Requiere que legisladores, gobernadores, jueces, intendentes y dirigentes sociales adviertan que la prosperidad está al alcance de la mano, en una Argentina a punto de realizarse. Y que cada actitud, cada reclamo, cada parpadeo, queda inscripto en las notas de un observador implacable que “responde con el bolsillo”, aunque le “hablen con el corazón”. Como alguna vez Juan Carlos Pugliese dixit, y ya sabemos lo que ocurrió después.
