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Multas a padres de alumnos
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Las amenazas en colegios han alterado la tranquilidad que demandan los aprendizajes. En todo el territorio nacional, la epidemia de peligrosas advertencias recibidas obligó a las jurisdicciones a diseñar e implementar protocolos de actuación de los que ya nos ocupáramos desde este espacio. Con el año escolar ya iniciado, muchos padres debieron salir a comprar nuevas mochilas y bolsos transparentes que permitieran ver su contenido, tal como las previsiones instauradas desde muchos establecimientos exigieron, obligando a que solo se pudiera ingresar con una carpeta, el cuaderno de comunicaciones y una cartuchera, nunca con celulares. Otra de las medidas adoptadas fue la de multar a los progenitores de los menores responsables cuando fuera posible identificarlos.
Un llamado advirtiendo de la presencia de un artefacto explosivo obligó a la evacuación total de la Escuela Secundaria N° 18 del barrio de Don Bosco, en Mar del Plata, hace escasos días. El despliegue de las fuerzas de seguridad trajo de nuevo la calma cuando se comprobó que se había tratado de una falsa alarma.
La investigación llevada adelante por la fiscalía condujo a identificar el número de línea utilizado en el llamado anónimo y con él a su autor. Su domicilio fue allanado y la coordinación con la Justicia de Menores permitió avanzar contra los padres, obligados a pagar unos 3 millones de pesos para solventar el costo del operativo policial. El grupo familiar perdió también un beneficio social con el que contaban.
En la provincia de Santa Fe, una de las que recibió mayor número de amenazas en colegios, ya se identificaron a más de 70 responsables, menores en más del 90% de los casos. El Ministerio Público de la Acusación apunta a sus padres para imponerles sanciones económicas por estos episodios y las notificaciones ya comenzaron a entregarse. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó que el monto total de la primera intimación, dirigida a ambos progenitores, fue de 6.024.944 pesos, equivalente al costo exacto del despliegue policial, incluyendo combustible, utilización de vehículos, intervención de brigadas especializadas como las de explosivos y horas de servicio del personal involucrado. La misma detalla no solo el monto adeudado sino también los medios de pago y un plazo de cinco días para cancelarlo.
El gobierno santafesino aclaró que conceptualmente se trata de una indemnización civil, no de una multa ni de una sanción penal, y que en caso de incumplimiento habilita embargo de sueldos e inhibición de bienes.
Lejos de poder considerarse una simple broma, estas cuestiones demandan abordajes complejos. Los establecimientos organizan jornadas de concientización para la convivencia y en los hogares el tema habrá de instalarse con fuerza en la conversación si los padres quieren evitar las penalidades que en justicia se les imponen.
Tipo de trabajo:
opinión
