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Por más fiscales independientes
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La exfiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche ha sido repuesta en su cargo luego de cuatro años y tres meses de lucha en los que, además, fue privada de su sueldo. La procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos recuperó oficialmente su sitial en un acto en el que participaron procuradores y fiscales. Su resistencia condujo a que por primera vez una persona expulsada por un tribunal pudiera ser restituida en su cargo, en una medida cuyo valor ejemplificador merece destacarse.
Había sido esta valiente fiscal quien inició el expediente conocido como “Contratos Truchos” de la Legislatura provincial y condujo, en 2022, a una condena de ocho años de prisión al exgobernador Sergio Urribarri por su participación en cinco causas vinculadas al desvío de fondos públicos. Estuvo acusada de no excusarse porque su marido era amigo de uno de los imputados, aunque ella declaró que investigó con independencia y que entendió que su apartamiento habría generado “un perjuicio a la investigación”. El desprestigio y una carrera interrumpida por inadmisibles argumentos fueron el precio a pagar por investigar causas de alto voltaje político que involucraron millones de pesos.
En noviembre de 2021 un polémico Jurado de Enjuiciamiento, con el apoyo del entonces gobernador Gustavo Bordet, en connivencia con Urribarri, inició el proceso que condujo a la destitución de Cecilia Goyeneche seis meses después. Esta medida acaba de ser anulada por el Superior Tribunal de Justicia Entrerriano, que calificó de viciada la conformación del órgano, afectando el debido proceso. El quiebre lo había impuesto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando anuló las actuaciones en diciembre 2024 tras detectar “gravísimos vicios” en la conformación de los órganos juzgador y acusador. El mensaje disciplinador que el poder político provincial había intentado imponer al Poder Judicial perdía así su sustento.
Tanto el Colegio de Abogacía de Entre Ríos como la ONG Será Justicia, entre otras organizaciones, alzaron oportunamente sus voces en defensa de Goyeneche. Desde la Asociación Argentina de Fiscales se habló de un “vuelto de la corrupción y de la mafia política motivado por el impulso de causas contra el poder político provincial”. Marcelo Varona Quintian, su presidente, calificó de burda la destitución, tanto que provocó “miedo en el mundo judicial”. La entidad había recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humano y a la relatoría de las Naciones Unidas en defensa de Goyeneche y de otros seis fiscales que investigaron la corrupción y que terminaron con sumarios.
La reciente decisión judicial favorable a la fiscal, que incluye el cálculo y la liquidación de sus haberes retroactivos, debe ser celebrada. Investigar la corrupción demanda agallas y no debería haber en el país ni un solo fiscal amedrentado o cuya labor peligre por el accionar interesado de la política. “Cuando se investiga la corrupción, la soledad es enorme”, había dicho Goyeneche respecto del sentimiento compartido con sus pares en demanda de independencia.
El Ministerio Público Fiscal se ve revitalizado por una medida que ofrece no solo una reparación personal sino también institucional. Buscar la verdad es un acto de valentía que debe reconocerse y valorarse en una sociedad saqueada y asqueada por años de corrupción.
Tipo de trabajo:
opinión
