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Reforma política: no más ficha sucia
Es hora de impedir que delincuentes dicten leyes y administren recursos públicos, de eliminar los sellos de goma y transparentar el proceso electoral
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La decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Congreso un proyecto de reforma política integral debe ser bienvenida.
Desde estas columnas hemos reclamado insistentemente transparentar los procesos electorales, impedir que condenados puedan ser candidatos a cargos electivos y que se regule debidamente el financiamiento partidario, entre otras cuestiones neurálgicas que los sucesivos poderes ejecutivos y legislativos han venido postergando a lo largo de décadas. Y, siempre, hemos dejado en claro que reformas como estas deben ser sancionadas en años no electorales para que rijan en los comicios inmediatos, con el más amplio debate y arribando a los mayores consensos posibles. Ergo, estamos hoy ante una nueva oportunidad que no debe ser despreciada.
Entre los puntos centrales de la iniciativa presentada el miércoles último por el Gobierno figuran la derogación de las PASO y la sanción de la ley de ficha limpia, tendiente esta última a prohibir que se presenten como candidatos a cargos electivos quienes cuenten con sentencia firme en segunda instancia judicial, no solo por delitos contra la administración pública (cohecho, corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros), sino también por delitos dolosos.
Se prevén también requisitos mucho más exigentes para otorgar la personería jurídica. De sancionarse el cambio a la ley orgánica de los partidos políticos, las agrupaciones distritales deberán contar con afiliaciones no inferiores al 0,5% del padrón. Para ser reconocidas como partido nacional, deben lograr la personería en al menos diez distritos, lo que duplica la exigencia actual. Y aquella caducará si las agrupaciones no alcanzan el 3% del padrón en dos elecciones sucesivas. En la actualidad, pierden la personaría si no superan el 2% en iguales condiciones. Se persigue con esas medidas evitar que continúe la enorme proliferación de partidos que hoy existen en todo el país sosteniendo su vigencia no a fuerza de representación, sino por pasar a formar parte de alianzas circunstanciales.
Respecto de las PASO, no hay dudas de sus grandes falencias: se han transformado en “encuestas” costosas que no se tradujeron en una genuina competencia interna partidaria. Tan grave como ello es que se realicen con tanta anticipación a los recambios presidenciales, lo que podría dar lugar a la posibilidad de que un resultado favorable a un candidato opositor deje a un presidente en ejercicio en una prematura situación de vulnerabilidad faltando, incluso, la elección general que finalmente lo consagre.
Una reforma política tan amplia como necesaria generará, sin dudas, cortocircuitos de todo tipo. Sería una ingenuidad creer que no habrá un tira y afloja de negociaciones y que algunos aspectos de la iniciativa no intenten usarse como moneda de cambio para conseguir otros. Por ejemplo, el Gobierno está muy interesado en derogar las PASO o, al menos, en volver a suspenderlas como ocurrió el año último, pero no cuenta con la cantidad de votos necesarios para lograrlo per se. Sus viejos aliados del Pro y de la UCR preferirían que se mantuvieran esas primarias para poder ordenar su descalabro interno. El kirchnerismo, a pesar de haberlas impulsado en 2009, las aborreció siempre. El dedismo del matrimonio Kirchner operó históricamente como el único decisor de candidaturas.
Esa falta de avales para derribar las PASO habría decidido al Gobierno a incluir en este nuevo proyecto la ley de ficha limpia, tema sobre el que nunca mostró una posición firme, pero al que muchos opositores estarían dispuestos a apoyar. Precisamente, hace dos años, el oficialismo parlamentario postergó en dos ocasiones su tratamiento en Diputados y el año pasado, cuando pudo haberse convertido en ley en la Cámara alta, inesperadamente trocaron su voto y la hicieron fracasar los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce.
En las últimas semanas, legisladores de varios sectores presentaron proyectos sobre ficha limpia. No es un dato menor que el del Poder Ejecutivo contemple aspectos de esos textos. ¿Será esta vez la definitiva para que se impida a delincuentes con doble sentencia firme presentarse como candidatos para obtener fueros y garantizarse impunidad? “Se acabó la joda”, posteó el presidente Milei al confirmar que iba a enviar el proyecto de marras al Parlamento. Esperemos que así sea.
Hay una pata extraparlamentaria de peso en el discurrir de esta iniciativa cuyo tratamiento augura un áspero camino: los gobernadores. Ya se sabe que a muchos de ellos les ha convenido desdoblar elecciones mientras que otros han preferido la unificación con las nacionales de modo de traccionar apoyos a la hora de votar. Subyacen también cuestiones presupuestarias, reclamos sobre remesas y otras yerbas que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado. A propósito del conocido “efecto arrastre”, uno de los cambios diseñados por la Casa Rosada es que la Boleta Única de Papel (BUP) incorpore un casillero para el voto de lista completa, con la posibilidad de unificar categorías nacionales con locales en las elecciones concurrentes.
La negociación política, el debate, el diálogo son esenciales. Está más que claro que se reabre hoy la oportunidad de encarar estos temas de cuya trascendencia nadie debería abjurar, pues hacen a la vida en democracia. De una vez por todas se debe cancelar la posibilidad de que delincuentes dicten leyes o administren recursos públicos; debemos transparentar los procesos repensando nuestro sistema político-electoral para que sea realmente representativo de la ciudadanía y no coto de caza de algunos dirigentes. Es de esperar que amplios acuerdos deriven en los mejores resultados y que el tira y afloja no se convierta en un despreciable toma y daca.
Tipo de trabajo:
opinión
