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Una reforma judicial tan escandalosa como obscena
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LA NACION
El objetivo central del proyecto del Gobierno y de la integración del consejo consultivo es allanar el camino de Cristina Kirchner hacia su impunidad
Cualquier reforma judicial verdadera e integral debería apuntar a potenciar la independencia y la autonomía del Poder Judicial, alejándolo de toda influencia del Poder Ejecutivo. Dista ese de ser el criterio rector de la política del gobierno nacional en materia judicial. Más bien, como lo han advertido representantes de la oposición y reconocidos especialistas en derecho, el principal objetivo de esa política no parece ser otro que garantizar la impunidad de la expresidenta Cristina Kirchner en las diversas causas en las que es investigada por corrupción junto con otros exfuncionarios que la acompañaron en sus gestiones.
El proyecto de reforma judicial anunciado por el presidente Alberto Fernández y, de manera especial, la constitución mediante un decreto de necesidad y urgencia del consejo consultivo que elaborará una propuesta para modificar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público no son más que nuevos pasos en la ofensiva de Cristina Kirchner para zafar de las investigaciones en las que se halla involucrada.
La primera iniciativa oficial, enviada al Senado de la Nación para su consideración, apunta a la creación de un nuevo fuero federal penal. Se trata de una cuestión a la cual nos referiremos en próximos editoriales, dadas sus particularidades. Pero, más allá de las críticas que en reiteradas ocasiones nos ha merecido la actuación de no pocos jueces federales, podemos afirmar que la manera en que ha planteado la reforma el gobierno nacional, sin el más mínimo consenso previo, fortalece la hipótesis de que se busca colonizar la Justicia Federal.
No puede menos que llamar la atención también que, en momentos en que el país atraviesa una de sus más graves crisis socioeconómicas y en que debe atender los efectos de la pandemia de Covid-19, el Poder Ejecutivo plantee una megarreforma que, necesariamente, requerirá un enorme esfuerzo presupuestario para la creación de más de un centenar de nuevos juzgados federales, cuando se avanza hacia un sistema acusatorio en el que serán los fiscales quienes tendrán cada vez mayor preponderancia en las investigaciones.
La manera en que ha planteado la reforma el gobierno nacional, sin el más mínimo consenso previo, fortalece la hipótesis de que se busca colonizar la Justicia Federal
Así, la proyectada reforma judicial no solo acentúa la inseguridad jurídica, sino que además le costará un dineral al erario. Semejante insensatez desde el punto de vista económico solo puede explicarse por la desesperación de ciertos representantes de la coalición gobernante por armar un Poder Judicial a medida de sus propios intereses.
La conformación del consejo consultivo mediante un decreto de necesidad y urgencia es claramente inconstitucional, por cuanto implica una obscena intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, violatoria del artículo 109 de la Constitución, según el cual "en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales".
La presencia del abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, en el llamado comité de expertos que dependerá del Poder Ejecutivo Nacional configura una auténtica provocación. Resulta especialmente escandaloso que en este consejo se haya integrado a abogados que representan legalmente a clientes involucrados en cuestiones judiciales que serán tratadas por la Corte Suprema, lo cual plantea un palmario conflicto de intereses. El hecho de que cuatro de los 11 integrantes del consejo sean penalistas también da cuenta del interés específico de Cristina Kirchner en la búsqueda de su impunidad. El posible aumento del número de miembros de la Corte –como si al peronismo no le bastara haber nombrado a la mayoría de sus actuales jueces– y la eventual división del máximo tribunal de la Nación en salas que propician hombres cercanos a la expresidenta apuntan en el mismo sentido.
La presencia del abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, en el llamado comité de expertos que dependerá del Poder Ejecutivo Nacional configura una auténtica provocación
El más reciente indicador de la ofensiva judicial de la vicepresidenta de la Nación es la decisión del plenario del Consejo de la Magistratura –resuelta por los miembros más cercanos al oficialismo en una ajustada votación– de revisar el traslado de diez magistrados, que en varios casos llevan adelante juicios por denuncias de corrupción contra la actual vicepresidenta de la Nación.
Una reforma judicial que se precie de tal debería comenzar con una modificación del Consejo de la Magistratura. Este organismo, que nació como un medio para dotar de mayor independencia al Poder Judicial, configurado de modo técnico y profesional, fue contaminado mediante una reforma legal impulsada por el kirchnerismo y sancionada en 2006, que redujo su número de miembros de 20 a 13 para otorgarle preponderancia al poder político, en desmedro de otros sectores. Menos jueces y abogados, menos académicos y más políticos fue la impronta, y así el Consejo dejó de servir al Poder Judicial para pasar a ser un modo más de controlarlo.
El voluntario apartamiento de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellantes en dos emblemáticas causas en las que también está procesada la expresidenta no deja de ser otra prueba de que el Gobierno no apunta a un mayor control de la corrupción que nos aflige. El reciente sobreseimiento del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, tras el abandono por la OA de la causa en la que estaba imputado por presunto enriquecimiento ilícito, es otro claro indicador. Pero no el único, como lo sugieren las excarcelaciones de numerosos exfuncionarios kirchneristas que se hallaban detenidos, como Amado Boudou,Julio De Vido,Roberto Baratta,Luis D’Elía,Fernando Esteche,Carlos Zannini y Milagro Sala, junto a varios empresarios favorecidos por concesiones de obra pública.
La única forma de construir una Justicia confiable es favoreciendo su independencia y convocando, con vistas a un proyecto de largo plazo, a un amplio acuerdo nacional, que incluya tanto a la oposición como a reconocidas organizaciones de la sociedad civil especializadas e incluso a representantes del sistema judicial, teniendo claro un diagnóstico acerca de los problemas que deben ser resueltos para mejorar la administración de justicia.
Ninguna reforma judicial gozará de transparencia si su diseño es liderado por quienes tienen un interés personal en sus resultados
Una reforma de proporciones como la que anuncia el Gobierno no puede ser formulada por funcionarios que, por estar procesados, tienen un interés directo o indirecto en las decisiones que se adopten, ni por sus asesores letrados.
Ninguna reforma judicial gozará de transparencia ni alcanzará el grado de confianza ciudadana suficiente si su diseño es liderado por quienes tienen un interés personal o profesional en sus resultados.
Como bien ha señalado el prestigioso Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), el Poder Judicial no puede cambiar con cada rotación gubernamental, sino que debe proveer estabilidad institucional, asegurando la vigencia de la Constitución para proteger a las minorías circunstanciales y evitar la tiranía.
Es hora de que desde la política se advierta que la pretensión de contar con jueces fidelizados equivale a que estos terminarán cediendo o acomodándose a las presiones de oficialismos u oposiciones según se produzcan o avizoren cambios circunstanciales en el poder. Nada más lejos esto último de los sanos preceptos constitucionales y de lo que la ciudadanía espera que deba ser un juez independiente.
