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Violencia escolar: llegar a tiempo
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El domingo pasado, un estudiante secundario de un colegio privado de la ciudad de Buenos Aires subió a sus redes la imagen de un arma apoyada sobre sus piernas con una caja de municiones de fondo y la leyenda “Voy a hacer un tirot (SIC)”. Inmediatamente, desde el colegio, se activaron los protocolos de cuidados previstos para estas situaciones. En el allanamiento llevado a cabo en el domicilio del alumno no se encontraron armas ni municiones, pero, por prevención, se dispuso que el menor no concurra a clase por unos días.
El lunes 30 de marzo, un chico de 15 años había disparado en una escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal, matando a un compañero e hiriendo a ocho más. Mediante el uso de herramientas tecnológicas, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, se identificó y detuvo a otro menor que habría sido estrecho colaborador del tirador activo. Distintos indicadores permitieron presuponer que el tirador pertenecía a una subcultura digital transnacional y descentralizada, True Crime Community (TCC), que nuclea a menores de entre 13 y 19 años, fascinados por históricos tiradores seriales a quienes buscan imitar, aspirando peligrosamente ellos mismos a emularlos.
Desde entonces, hubo más de 100 denuncias por amenazas y mensajes intimidatorios en escuelas de todo el país, muchas de ellas idénticas, lo cual condujo a la detención de varios menores, obviamente inimputables. Sobre un clima de violencia instalada a partir de una profunda crisis de salud mental que atraviesa a los jóvenes, muchas veces invisibilizada, la preocupación y el clima de terror instalado afecta el presentismo cuando padres asustados deciden no enviar a sus hijos a la escuela, situaciones que fueron también tema de a la última reunión del Consejo Federal de Educación.
Las estrategias desplegadas por distintas jurisdicciones incluyen atender situaciones de alerta, trabajar con los alumnos y sus familias con equipos multidisciplinarios, pasando por la revisión de mochilas al ingreso en colegios que recibieron amenazas, siempre contemplando la preparación de los atemorizados planteles docentes, dotándolos de guías de acción, en coordinación con la policía.
No faltaron tampoco los abordajes punitivos que acertadamente obligan al responsable de un daño, y solidariamente a sus padres, a pagos resarcitorios. Así ocurrió en Mar del Plata donde el fiscal Fabián Fernández Garello adelantó que los padres de los jóvenes hallados penalmente responsables de las intimidaciones en la escuela Fray Mamerto Esquiú serán notificados, así como los padres de Santa Fe, quienes también deberán abonar por los operativos policiales, con costos que rondan los 5 ó 6 millones de pesos, cuando las amenazas involucren a sus hijos.
El Ministerio de Educación porteño actualizó recientemente las guías de protocolos para situaciones de amenaza, violencia o sospecha fundada de armas en instituciones educativas públicas y privadas que habilitan a cualquier integrante de la comunidad educativa a dar aviso, haciendo foco siempre en el interés superior del menor. Cuando la amenaza provenga de fuera del ámbito escolar, como en el primer caso mencionado, puede intervenirse mediante una orden judicial, allanamiento, o secuestro del dispositivo involucrado.
La provincia de Buenos Aires también reforzó criterios de actuación frente a amenazas, destacando que no deben ser consideradas bromas sino delitos, pidiendo asimismo evitar las viralizaciones para no generar miedo ni contribuir al efecto contagio. También destacan la importancia de actuar con celeridad, dando pautas claras ante la presencia de armas.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad monitorea las acciones de comunidades digitales abocadas a viralizar violentos retos y a exaltar ataques. La difusión de mensajes en redes con advertencias de potenciales masacres siembran el terror, pero lo cierto es que, si un menor tiene acceso a un arma, no es su culpa y el problema excede a la institución escolar, además de demandar una respuesta unificada y concreta que no puede llegar tarde, reconstruyendo condiciones, capacidades y autoridad. Intensificar controles, capacitar a equipos escolares, responsabilizar a los padres -muchas veces ausentes- por eventuales daños y asegurar la participación del Estado en la investigación de delitos cibernéticos se vuelve clave para acotar esta peligrosa epidemia.
Tipo de trabajo:
opinión
