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YPF: no fue torpeza, fue una estafa
Presentar a Kicillof como un inepto no solo es una falsedad, sino que encubre su condición de ejecutor del gigantesco despojo pergeñado por el kirchnerismo
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El fallo de la Justicia de Nueva York, que ha condenado al Estado argentino a pagar una suma descomunal a los fondos que reclamaron una indemnización por irregularidades en la estatización de YPF, y la decisión de la jueza Loretta Preska de exigirle al país la entrega del 51% de las acciones de la empresa petrolera a los demandantes es otro capítulo de una tan extensa como calculada desidia. No solo de funcionarios que pecaron por corruptos, sino también de jueces de nuestro país que no supieron o no quisieron actuar con la celeridad que hubiese correspondido para evitar los males mayores que hoy acosan a la economía argentina.
Que recaiga ahora sobre nuestro país semejante condena es la consecuencia directa de una vil estrategia, urdida con deliberación por una estructura de poder cuya vocación sistemática ha sido el saqueo del Estado. Presentar al entonces funcionario nacional Axel Kicillof como un inexperto atolondrado –se jactó de romper las normas al decir que “los tarados son los que creen que el Estado debe ser estúpido y comprar la empresa cumpliendo la ley”– no solo constituye una falsedad, sino que encubre su verdadera condición: la de ejecutor consciente de un ruinoso diseño, ordenado por la cúpula kirchnerista para perpetrar un gigantesco despojo institucional con apariencia de patriotismo.
Fue así que con aquella temeraria declaración pública, Kicillof no solo anticipó el incumplimiento de las normas legales que regulaban la operatoria sobre YPF, sino que selló lo que pocos negaban que iba a ser el negro destino judicial del país, proporcionando a la contraparte el argumento que hoy nos condena. No fue ignorancia, fue dolo: un acto pensado para consumar una confiscación ilegítima a través de un discurso impostado de “soberanía”. La jueza Preska tuvo en las propias palabras públicas de Kicillof una prueba del delito tan desbocada como contundente.
Resulta bochornoso que quienes propiciaron este atropello y fueron beneficiarios de la maniobra se presenten ahora como víctimas de intereses foráneos
Hace un par de semanas, en la causa Vialidad, otro paradigmático caso de accionar delictivo, la Corte Suprema de Justicia hizo algo más que resolver debidamente una encrucijada institucional al ratificar la condena a la expresidenta Cristina Kirchner: abrazó la sana tradición del Poder Judicial, que es su independencia.
Hay planos en los que todo empieza por el ejemplo. Y, en el caso de la expresidenta, el mensaje interno hacia los jueces de instancias inferiores fue de una potencia que todavía no se alcanza a dimensionar: impartir justicia es hacerlo a tiempo, porque justicia que llega tarde no es justicia. Sin exagerar, se abren las puertas para un renacimiento del Poder Judicial, en momentos en que el sistema democrático en el mundo está en cuestión por su aparente incapacidad para dar respuestas perentorias a temas cada vez más complejos. La Justicia respondió aquí y lo hizo de manera ejemplificadora.
La condena a una expresidenta de la Nación es de tal magnitud que deja en claro que la Justicia funciona. Y, como bien decía el viejo y sabio jurista Rafael Bielsa, cuando la Justicia anda bien, aunque todo ande mal, todo puede andar bien. Los efectos se proyectan al plano internacional. Esa es la clave de lectura de un inversor, y a los fines de la confianza, tiene un valor mayor que cualquier beneficio que se pueda ofrecer. Bajo esta óptica, este fallo vale más que cien leyes con beneficios como los del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Su importancia también radica en las consecuencias que irradia al plano de los juicios pendientes en fueros internacionales contra el país, como el del reclamo por la estatización de YPF.
Es inaceptable seguir tolerando este relato tergiversado que enmascara el pillaje con banderas de supuesta soberanía
El argumento para la condena fue la violación del estatuto de la empresa, cuando se llevó adelante la estatización con un accionar deliberadamente torpe del gobierno kirchnerista, olvidando el derecho y valiéndose de una supuesta astucia que terminó saliendo muy cara.
Sería simplón decir que fue negligencia lo actuado por el kirchnerismo en sus sucesivos gobiernos, ya que durante el de Alberto Fernández nada se hizo por intentar evitarle al país las consecuencias gravosas que ahora se le exigen. Fue algo mucho peor. Todo el trámite que tuvo el manejo de YPF durante aquellos tiempos estuvo plagado de errores palpables, empezando con la entrada arbitraria de accionistas locales sin ninguna experiencia ni antecedentes en la materia, más que la cercanía al poder, pasando por la toma de control estatal plena de yerros y terminando con el reclamo que dio lugar a la condena que el actual gobierno nacional se apresta a apelar y sobre la que debería también armar una estrategia que vaya más allá de intentar ganar tiempo, pues con eso solo no se resuelve el problema de fondo. Ayer, por caso, se supo que los fondos demandantes estarían dispuestos a negociar.
Todo indica que en este caso judicial hubo gravísimas cuestiones que no se pudieron descifrar porque la causa penal en la que se debería haber investigado duerme desde hace décadas el sueño de los justos. Todo lo contrario al mensaje que dio la Corte en el caso de la prisión de Cristina Kirchner. Y esa sospecha tiene que ver con una técnica descripta al detalle en todo el derrotero de la causa que acaba de quedar firme. La maniobra se habría repetido en varios frentes, incluyendo el proceso que culminó con la estatización de YPF, pero empezó con un esquema que permitió en un primer momento el ingreso inexplicable de un accionista minoritario a golpe de dedo del poder de entonces.
Algunos reclaman a la Corte de Apelaciones de Nueva York que tiene el caso para resolver, que se haga eco del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Sería de desear, aunque resulte improbable. Hay un inveterado principio de derecho internacional de no intervención en asuntos internos de otro Estado, que los jueces estadounidenses suelen respetar y les ha valido como excusa para no resolver estos temas. Los indicios empiezan a tomar forma de certezas, por lo que no se podría descartar nada, ya sea en lo estrictamente jurídico o, al menos, en el fuero interno de los magistrados, cuando consideren el monto que está en juego para todos los argentinos, a raíz de las tropelías de unos pocos realizadas desde el poder.
El mensaje que acaba de dar la Corte es para ellos, pero mucho más directamente para los jueces argentinos que hace mucho deberían haber cumplido con su deber, dejando de lado las especulaciones, como Ariel Lijo, que hace muchísimo tiempo que tiene a su cargo la causa por el vaciamiento y expropiación de YPF, sin que se registraran avances, entre muchas otras que confirman que su juzgado es de los que registran mayores demoras en casos de corrupción. No casualmente se trata de uno de los candidatos que tuvo el gobierno actual para ocupar un lugar en el tribunal supremo.
Resulta, por tanto, bochornoso que quienes propiciaron este atropello pretendan hoy presentarse como víctimas de intereses foráneos, cuando en verdad actuaron como los beneficiarios encubiertos de la maniobra. La historia completa exhibe una cadena de decisiones orientadas a facilitar un negocio espurio a costa del erario. Es inaceptable seguir tolerando este relato tergiversado que enmascara el pillaje con banderas nacionales.
Es hora de llamar a las cosas por su nombre: lo de YPF no fue una torpeza, fue una estafa. Y frente al fallo que hoy nos castiga, el deber de la dirigencia política, de la Justicia y de la ciudadanía es claro: desmontar la impunidad, repudiar la mentira y exigir que nunca más una banda disfrazada de gobierno disponga del país como si fuera su botín.
Tipo de trabajo:
opinión
