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La errática estrategia de Pedro Sánchez ante los casos de corrupción que no paran de multiplicarse
El presidente intenta contener el desgaste con una defensa por etapas, entre distanciamientos, apelaciones a la inocencia y denuncias contra sectores de la Justicia
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PARA LA NACIONRicard González
MADRID.- En España, no hay día que termine sin algún tipo de información o filtración nueva sobre alguno de los casos de corrupción que asolan la vida pública. El principal perjudicado de este incesante goteo es el Gobierno de Pedro Sánchez, pero aún colean algunos casos de la era Rajoy, como “la Kitchen”, mientras otros señalan a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La presión ya ha hecho mella en los socios de investidura de Sánchez, cada vez más críticos con su gestión. Junts, el partido catalanista de Carles Puigdemont, incluso se ha sumado a PP y Vox en una moción en el Congreso que exige a Sánchez que convoque elecciones o se someta a una moción de confianza.
Sin embargo, el camino más recto hacia el fin de legislatura, una moción de censura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no es transitable. Al menos de momento, ya que la compañía de Vox en esta empresa resulta tóxica para todos los partidos políticos, excepto para el PP. Si esta situación de bloqueo se mantiene, Sánchez conservará la capacidad de decidir cuándo serán las próximas elecciones generales.
El presidente socialista ha repetido hasta la saciedad que los comicios serán en 2027. Según los analistas, dos son los escenarios más probables: una convocatoria de elecciones a principios de año una vez se confirme que el Gobierno no puede aprobar los presupuestos, o bien una cita con las urnas en septiembre, lo más tarde posible permitido según la ley.
Mientras tanto, desde la Moncloa han diseñado una estrategia de defensa basada en clasificar los escándalos de corrupción en diversas categorías. En algunos casos, reconocen la existencia de una mala praxis y se distancian de los acusados, en otros, defienden su inocencia, y una tercera categoría apunta a la existencia de una conspiración para hacer caer al Gobierno.
La teoría de las “manzanas podridas”
El pasado lunes, el gobierno recibió el más duro mazazo hasta la fecha: la condena a 24 años y tres meses de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y hombre fuerte de Sánchez en la estructura del PSOE por el primer caso relativo a contratos irregulares para la compra de mascarillas durante la pandemia de covid. La sentencia del Tribunal Supremo, que considera probados los cargos de pertenencia a una organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación, logró una rara unanimidad entre todos los magistrados del tribunal.
En su última comparecencia en el Congreso, Sánchez se distanció de Ábalos y de Koldo García, su asesor de máxima confianza, también condenado. “Es un caso flagrante y gravísimo de corrupción protagonizado por unas personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y en el Gobierno para ganar dinero”, aseveró el presidente socialista.
Más allá del enriquecimiento ilícito, los informes policiales también dan cuenta de oscuros tratos con prostitutas o amantes a quienes se habrían proporcionado empleos ficticios. Un auténtico despropósito que indignó a la opinión pública.
En la misma categoría de “manzana podrida” se sitúa Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, que tiene varias causas abiertas por corrupción, así como una por haber creado una trama para influir en procesos judiciales contra el Gobierno. Este último es el conocido como “caso Leire Díez”, en referencia a la exmilitante del PSOE que se sospecha que habría presionado a jueces y fiscales, además de actuar para obtener información comprometida de los adversarios del partido.
De momento, presunción de inocencia
Junto con el caso Ábalos, el otro gran mazazo para el Gobierno ha sido la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por tráfico de influencias, pertenencia a una organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. En su primera declaración ante el juez la semana pasada, Zapatero negó haber presionado a las autoridades a favor del rescate de la compañía aérea Plus Ultra con el objetivo de obtener una comisión, y se negó a responder cualquier pregunta sobre las joyas encontradas en su despacho, valoradas en más de un millón de euros.
En este caso, la estrategia de la Moncloa pasa por defender la inocencia del expresidente, referente moral de la izquierda española durante años. O al menos, así será hasta que no se demuestre lo contrario. “Nadie puede extraer conclusiones del caso Zapatero y el ejecutivo progresista no tiene nada que ocultar”, espetó Sánchez en sede parlamentaria. Y es que fuentes del PSOE aseguran que el rescate de Plus Ultra se hizo respetando escrupulosamente la ley,
El “lawfare” contra el gobierno
En los casos que afectan a miembros de la familia de Sánchez, el PSOE no duda en señalar la existencia de una conspiración por parte de los sectores más conservadores de la judicatura para hacer caer al Gobierno. El primer caso afecta al hermano del presidente, David Sánchez, ante la sospecha de que su contratación por parte de la Diputación de Badajoz fue irregular. A principios de este mes, el juicio quedó visto para sentencia, por lo que se está a la espera del fallo del tribunal.
Ahora bien, el que más polvareda ha levantado es el proceso contra la esposa del líder socialista, Begoña Gómez, acusada de varios cargos, entre ellos tráfico de influencias y corrupción. La causa está instruida por el juez Juan Carlos Peinado, cuyas insólitas interlocutorias han llevado al órgano rector de los jueces a abrirle un expediente disciplinario. Entre sus más controvertidos actos, además de comparar al presidente con un rey absolutista, figura el haber retirado el pasaporte a Gómez al ver riesgo de posible fuga al extranjero con la colaboración de agentes de la Policía Nacional.
Aunque el presidente ha evitado utilizar el polémico concepto de lawfare, de sus palabras se puede interpretar que cree en su existencia. De hecho, Sánchez ya trazó una línea roja alrededor de su familia en 2024, cuando empezaron a surgir acusaciones en los medios contra su esposa y abrió un periodo de reflexión de cinco días sobre su futuro. Fue la última vez que el presidente sopesó la opción de dimitir, al menos públicamente. Desde entonces, su determinación por completar la legislatura ha sido granítica.
