1
Newsom firmó una nueva ley en California que modifica varios trámites del DMV: más licencias digitales
El programa piloto de licencia móvil pasa del 15% al 60% de los conductores con permiso vigente en el estado
4 minutos de lectura'
LA NACION
El gobernador Gavin Newsom promulgó la SB 169, una norma que modifica distintos servicios del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés). La legislación amplía el uso de la licencia digital, permite avanzar con títulos electrónicos y elimina algunos requisitos y costos para los conductores.
Se amplía el programa piloto de licencias digitales
Entre los principales cambios figura la ampliación del programa piloto de la licencia de conducir móvil. El límite de participación pasa del 15% al 60% de las personas que cuentan con un permiso vigente en California. La versión digital continuará como una alternativa opcional y no sustituirá la tarjeta física, que seguirá con validez.
La normativa también establece condiciones sobre el manejo de los datos personales. El sistema no podrá registrar información relacionada con la ubicación o los desplazamientos del usuario. Además, una persona no tendrá que entregar su teléfono para demostrar su identidad y cualquier acceso remoto a los datos requerirá autorización expresa en tiempo real.
El DMV podrá emitir títulos de vehículos en formato electrónico
Otro cambio previsto por la SB 169 es la posibilidad de que el DMV establezca procedimientos para emitir y aceptar certificados de título de propiedad de vehículos de manera electrónica. De esta forma, determinados trámites podrán realizarse sin depender exclusivamente de documentación impresa.
Los conductores que proporcionen una dirección de correo electrónico y acepten utilizar comunicaciones digitales también podrán recibir avisos y documentos por esa vía. La ley, además, elimina la obligación de distribuir gratuitamente copias físicas del resumen de las leyes de tránsito, que podrán consultarse en la página web de la agencia.
La legislación modifica también algunos costos y requisitos administrativos. Se elimina el cargo de US$15 correspondiente a determinados servicios rápidos realizados en la oficina central del DMV en Sacramento. Además, establece que la edad de una persona, por sí sola, no puede considerarse una condición suficiente para exigir una prueba de conducción al renovar una licencia.
Cambios en las renovaciones, Real ID y registros de conductores
La SB 169 también elimina la obligación de incluir en los avisos de renovación una notificación escrita sobre la necesidad de realizar un examen de conocimientos. A esto se suman modificaciones en los requisitos de diseño de los distintivos de estacionamiento para personas con discapacidad.
California podrá incorporarse al Servicio de Verificación de Estado a Estado, conocido como S2S. El mecanismo permite comprobar información entre jurisdicciones para identificar registros duplicados y verificar que una persona no tenga otra Real ID vigente en otro lugar antes de recibir una credencial en California.
Para cumplir con las exigencias federales de Real ID, el intercambio de información estará limitado a determinados datos. Entre ellos figuran:
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Últimos cinco dígitos del número de Seguro Social
- Indicador sobre la condición Real ID
- Determinados antecedentes de conducción
La ley establece límites al uso de datos personales
La SB 169 impone restricciones al intercambio de información. El sistema S2S no podrá utilizarse para compartir datos como la dirección, fotografías, marcadores de género o información biométrica. Tampoco se podrá informar mediante este mecanismo si una persona posee una licencia emitida bajo la sección 12801.9, correspondiente a los permisos AB 60 para quienes no pueden probar presencia legal.
El Departamento de Justicia y el fiscal general tendrán funciones de supervisión para controlar que los datos se utilicen exclusivamente para los objetivos relacionados con Real ID. Además, se contempla un grupo asesor integrado por especialistas en privacidad y derechos civiles, junto con una auditoría estatal de cumplimiento antes de 2030.
La protección alcanza a la licencia móvil. Las comunicaciones deberán utilizar mecanismos de cifrado y, si un conductor abandona el programa, el DMV y sus proveedores deberán eliminar los datos asociados dentro de un plazo de diez días.
LA NACION
