Intentó ingresar a EE.UU., le revisaron el celular y brindó una clave que reinició a fábrica el equipo: ahora enfrenta hasta cinco años de cárcel

Samuel Tunick, ciudadano estadounidense y residente de Atlanta, enfrenta un cargo federal por obstrucción después de que su celular programado para borrarse por completo destruyera los datos cuando agentes aduaneros intentaron acceder al dispositivo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson.

Las autoridades detuvieron a Tunick para interrogarlo y lo trasladaron a una inspección secundaria. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) le pidieron que desbloqueara su Google Pixel y le advirtieron que retendrían el dispositivo si se negaba, informó The New York Times.

Tunick entregó una clave diferente de la que utilizaba habitualmente. Cuando los oficiales la ingresaron, “la pantalla quedó en blanco, parpadeó varias veces y el teléfono pareció reiniciarse”, indica la moción de la defensa.

El procedimiento eliminó el contenido digital antes de que las autoridades tomaran el equipo. Los agentes lo incautaron de todos modos y luego permitieron que Tunick ingresara a Estados Unidos.

Un gran jurado lo acusó en noviembre de 2025. Tunick se declaró inocente y una audiencia sobre el caso se realizó el 20 de julio en un tribunal federal de Atlanta.

• El teléfono utilizaba GrapheneOS, un sistema operativo móvil de código abierto enfocado en la privacidad y compatible con determinados dispositivos Android, entre ellos algunos modelos Google Pixel. Su configuración permite establecer un “código de coacción” distinto de la clave normal de desbloqueo.
• Si una persona introduce esa combinación secundaria, el sistema no abre el equipo. En cambio, inicia un borrado completo de la información almacenada y restablece el dispositivo, aunque deja intactos sus componentes físicos.
• La fiscalía sostiene que Tunick conocía el efecto de la clave y la proporcionó para impedir que el gobierno accediera a los archivos. El caso sería uno de los primeros procesos federales conocidos por destrucción de evidencia mediante un programa configurado para eliminar el contenido de un aparato.

Los fiscales invocaron una norma federal poco utilizada que convierte en delito grave la destrucción de bienes para impedir o dificultar que el gobierno los incaute. La disposición puede aplicarse antes, durante o después de un registro y establece una pena máxima de cinco años de cárcel, una multa o ambas sanciones.

El argumento oficial distingue entre el aparato y la información que contenía. Bajo esa interpretación, el teléfono era el recipiente, mientras que los datos constituían los bienes que los agentes tenían autoridad para tomar.

Daniel Richman, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia y exfiscal federal, explicó a The New York Times que el punto central será demostrar el propósito de la conducta. El acusado entregó la combinación “sabiendo que el ingreso de este código borraría la evidencia”, señaló.

La norma tampoco obliga al gobierno a revelar cuál era la investigación original. Richman indicó que la fiscalía optó por concentrarse en la eliminación de los archivos y no en el contenido que pretendía examinar.

Los abogados de Tunick solicitaron que el tribunal descarte la evidencia. Sostienen que la detención y la incautación fueron ilegales, que los agentes nunca le informaron sus derechos y que rechazaron reiteradamente sus pedidos para hablar con un abogado.

La defensa también afirma que el supuesto interés por buscar material fue un pretexto. Según su planteo, las autoridades investigaban la relación de Tunick con Defend the Atlanta Forest, un movimiento opositor al centro de entrenamiento policial y de bomberos conocido como Cop City.

El complejo ocupa un sector de bosque urbano de unas 404,7 hectáreas en Atlanta. Cuestionan la posible militarización de la policía y la pérdida del espacio verde.

Los agentes sostuvieron que podían inspeccionar el dispositivo sin una orden porque Tunick todavía no había recibido autorización para ingresar al país norteamericano. La defensa considera que los ciudadanos estadounidenses conservan protecciones constitucionales incluso dentro de un aeropuerto internacional.

La directiva de la CBP vigente desde el 1º de enero distingue dos clases de controles. La búsqueda básica consiste en una revisión manual de aplicaciones, fotografías, archivos, correos electrónicos y mensajes guardados directamente en el equipo.

La inspección avanzada permite conectar herramientas externas para copiar parte o la totalidad del contenido y efectuar un análisis forense. En ese nivel, los agentes pueden utilizar programas especializados para eludir contraseñas, romper cifrados o traducir textos almacenados.

Las copias pueden conservarse durante 21 días mientras la agencia determina si existe una razón legal para retenerlas. Si no encuentra motivos, debe eliminarlas; si detecta posibles infracciones federales, puede incorporarlas a expedientes oficiales o transferirlas a organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los ciudadanos estadounidenses no pueden perder el derecho de entrada únicamente por negarse a entregar una clave, aunque pueden afrontar demoras y la retención del aparato. La CBP informó que durante el año fiscal 2025 revisó los dispositivos de menos del 0,01% de los viajeros internacionales que llegaron a los puertos de entrada.