SNAP: qué estados de EE.UU. deberán pagar parte de los beneficios alimentarios desde 2027

La administración federal publicó los primeros datos que servirán para determinar qué estados deberán asumir parte del costo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) a partir de 2027. La medida forma parte de la ley fiscal y de gasto firmada por el presidente Donald Trump y modifica la forma en que se financia uno de los principales programas de asistencia alimentaria de EE.UU.

La legislación establece una escala de aportes según el nivel de errores registrado por cada jurisdicción. Los estados con tasas entre 6% y 8% deberán cubrir el 5% de los beneficios; aquellos ubicados entre 8% y 10% asumirán el 10%; mientras que los que superen el 10% tendrán que financiar el 15% de las prestaciones.

Según los datos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2025, los estados que actualmente se encuentran en la categoría más alta son:

• Alaska
• Delaware
• Georgia
• Illinois
• Nuevo México
• Oregon
• Distrito de Columbia

Estas jurisdicciones registraron tasas de error iguales o superiores al 13,34%. Sin embargo, la ley les concede una prórroga de un año antes de comenzar a asumir costos adicionales debido a que presentan los niveles de error más elevados.

Missouri también figura entre los estados que podrían verse afectados. Con una tasa de error de 8,7%, quedaría obligado a financiar el 10% de los beneficios si no mejora sus resultados antes de la entrada en vigor de la medida.

Nueve estados quedaron exentos de cualquier aporte porque registraron tasas de error inferiores al 6%, el umbral establecido por la nueva legislación:

• Dakota del Sur
• Nebraska
• Idaho
• Iowa
• Kentucky
• Vermont
• Utah
• Wisconsin
• Wyoming

Actualmente, el gobierno federal cubre la totalidad de los beneficios que reciben los participantes del programa. Con la nueva legislación, algunos estados deberán aportar fondos propios si mantienen niveles elevados de error en la administración de las prestaciones.

El aporte que deberá realizar cada jurisdicción dependerá de los resultados publicados por el USDA, que evalúa la precisión con la que se determina la elegibilidad de los beneficiarios y el monto correcto de la ayuda alimentaria.

La ley permite utilizar los resultados de 2025 o 2026 para calcular las contribuciones que corresponderán desde octubre de 2027, lo que ofrece margen para corregir errores administrativos antes de que entren en vigor las nuevas obligaciones.

Especialistas en políticas públicas advirtieron que el nuevo esquema podría generar presión sobre los presupuestos estatales y obligar a las administraciones locales a reforzar sus sistemas de control.

“Hay miles de millones de dólares en juego que los estados tendrán que encontrar para poder seguir operando un programa SNAP”, afirmó Chloe Green, directora adjunta de políticas de la American Public Human Services Association a ABC News.

SNAP se mantiene como uno de los mayores programas de asistencia alimentaria de EE.UU. Según cifras preliminares del USDA, más de 37 millones de personas recibieron beneficios en marzo de 2026, aunque la cantidad de participantes cayó en casi cinco millones respecto del mismo período del año anterior.