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Caros, nuevamente
Estamos caros. El índice Big Mac, elaborado por la revista The Economist para medir ese aspecto de la economía, nos ubica en segundo lugar, solo por detrás de Suiza. Esto también se puede verificar viendo la escasísima presencia de turistas extranjeros y, en sentido contrario, el aluvión de argentinos en países limítrofes aprovechando las vacaciones para proveerse de ropa, calzado y electrodomésticos.
No es una sensación. Los informes del Banco Central de la República Argentina muestran desde el pasado mes de junio un saldo negativo persistente –no ocasional– en la cuenta corriente externa. Esos registros han empezado a ser deficitarios antes de la caída de los precios internacionales de nuestros productos de exportación y de la devaluación de 20% del real brasileño, aun con importaciones bajas por la recesión de 2024. Además, en diciembre de 2024, incluso se dio vuelta el balance de bienes, después de una larga temporada con números superavitarios.
Resolver este problema no es sencillo, menos aún en la Argentina. No estamos proponiendo una devaluación, pero sí sincerar el debate económico. Todo el tiempo que demoremos en atender esta cuestión tiene un costo indudable para nuestras empresas productoras de bienes transables. Traducción: actividad industrial y empleos en riesgo.
A pesar de la sensación de urgencia, las dilaciones pueden tener muchas razones: 1) por convicción: algunos creen que la política económica es solo terminar con el déficit fiscal; 2) por cálculo político, al dilatar cualquier medida hasta pasadas las elecciones, o 3) por incapacidad (o falta de intencionalidad) de registrar este dato como problemático.
Lo cierto es que la Argentina ya vivió intentos de estabilización volviéndose “cara” y ha sufrido por no reaccionar a tiempo. El Fondo Monetario es consciente de esta situación y es una de las cuestiones que explican la complejidad de la negociación que enfrenta el Gobierno. Es fácil interpretar que un organismo internacional de semejante incidencia y responsabilidad no pueda quedar tranquilo con una respuesta del estilo “esta vez es diferente”. Los argumentos oficiales en la materia son: la Argentina “no está cara”, sino que “los impuestos son altos y faltan más reformas estructurales”. Esa aseveración es parcialmente cierta, pero el tiempo necesario para una adecuación fiscal significativa o para que impacten en la economía los cambios regulatorios (aun en el hipotético caso de que produzcan las consecuencias previstas y no otras) es mucho mayor que el que podrían soportar una enorme cantidad de cadenas de valor que, antes de llegar a la tierra prometida, llegarán a los juzgados comerciales en forma de concursos y quiebras.
Bajo el mantra “un déficit de cuenta corriente sostenido en el tiempo no resultaría peligroso si alguien lo financia” podemos caer en una tentación que muchas veces obnubila el análisis. No existe el financiamiento al infinito, y si en algún caso existe, no es para la Argentina. Otro razonamiento dice: “los argentinos disponen de suficientes recursos en moneda extranjera para sostener ese desbalance, incluso décadas”. Rematan con que el problema “no es tanto el déficit, sino la confianza”. Sobre ese aspecto me gustaría introducir un matiz: esa confianza es el resultado de múltiples factores. Cuál es la tendencia del problema, es uno de ellos. La pregunta relevante es: la Argentina, trimestre a trimestre, ¿cierra o abre esa cuenta de dólares requeridos vs. dólares generados? Porque es obvio que la confianza financia el déficit, no lo resuelve. Si la tendencia es que la cuenta se abra más y más, es probable que haya un día en que los tenedores de deuda argentina denominada en moneda extranjera puedan dudar de la capacidad del país de honrar sus compromisos. El estrés financiero derivado de esa situación es algo que ya conocemos y no queremos volver a repetir.
Nadie dispone de soluciones mágicas, pero hay 4 posiciones que el Gobierno debería asumir y que, al mismo tiempo, tiende a eludir: 1) el partido no está ganado. El país ha empezado a estabilizar su economía con un costo social alto y aún le falta normalizar su frente cambiario; 2) para ganar el partido (aumento de las inversiones –no solo en economías extractivas– y salto de competitividad) se necesita un horizonte temporal, que se llama instituciones; 3) apurar resultados para ganar elecciones conspira contra el resultado final, eso se llama populismo, y 4) la legitimidad que un programa de estabilización tiene no puede prescindir sistemáticamente de la equidad necesaria para poder soportarlo.
La sociedad argentina hizo un gran esfuerzo, los jubilados resignaron un 25% de sus haberes y fueron los principales contribuyentes al programa estabilizador, junto a empleados públicos y al deterioro agregado de una infraestructura pública ya de por sí muy deficitaria. En contraposición, las ventajas excepcionales de algunos regímenes protegidos siguen intactas y se reflejan en precios tan significativos como celulares o medicamentos.
Las loas del momento y el calendario electoral no deben ocultar lo ineludible: estamos caros y, como bien saben los economistas en el Gobierno, los precios son una señal indispensable que define las conductas económicas.
Si en vez de enojarse con los valores de la modernidad el Presidente y su equipo propusieran una transición razonable, la Argentina podría ahorrarse una crisis adicional. Crisis que, luego del inconmensurable esfuerzo hecho, no merecen nuestros ciudadanos.ß
Diputado Nacional (UCR/ Pcia. de Buenos Aires)
