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Gobiernos más transparentes
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LA NACION
La transparencia de los actos de gobierno debería ser la regla y no la excepción. Sin embargo, tantos años de desmanejo de la cosa pública en la Argentina han hecho necesario retomar este concepto para, entre otras cosas, establecer normas que aseguren su cumplimiento.
Es harto conocido el desinterés de una buena parte de nuestra clase dirigente por someterse a la debida rendición de cuentas, su negación por transparentar los actos de gestión y también sus patrimonios. Ciertamente, ese ocultamiento tan extendido ha podido suceder también por cierto desentendimiento ciudadano respecto de la enorme importancia que conlleva controlar a quienes ocasionalmente ejercen el poder público en cualquiera de sus niveles de administración.
Incluso hoy nos faltan leyes de acceso a la información pública en muchos distritos. La Nación tampoco cuenta con una norma en ese sentido. Recién en los últimos días, a propuesta del oficialismo en el Congreso, se ha intensificado el debate con especialistas de numerosas áreas con el fin de que un proyecto en ese sentido tenga sanción de la Cámara de Diputados el mes próximo, para seguir luego el trámite correspondiente en la Cámara alta.
Es de destacar que la ciudad de Buenos Aires ha sido pionera en contar con una ley de acceso a ese tipo de información. La norma fue sancionada en 1998 y, en 2012, se desarrolló en el distrito una de las primeras políticas de datos abiertos. Teniendo en cuenta los enormes avances de los cambios tecnológicos, es necesario seguir incorporando acciones que faciliten y amplíen esos mecanismos.
Con ese motivo, el gobierno local acaba de lanzar su "Agenda de transparencia e innovación institucional 2016", que reúne 13 iniciativas tendientes a desarrollar una gestión abierta a la gente, responsable e innovadora en materia institucional, tal cual lo ha definido el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Una de esas iniciativas es precisamente la del acceso a la información pública. Ello implica mejorar, entre otros aspectos, la respuesta del gobierno a los pedidos realizados por la ciudadanía. De nada vale tener el instrumento que normatice la información si después no se le responde al principal demandante, el ciudadano, con datos precisos y con celeridad, como lamentablemente ha ocurrido durante los tres mandatos nacionales kirchneristas, en los que, a pesar de existir un decreto de acceso a la información pública, ésta fue casi siempre retaceada, cuando no negada.
Otra de las iniciativas porteñas es la denominada "Presupuesto abierto", cuyo fin es crear una plataforma que acerque a los vecinos la comprensión de un tema tan árido como la confección del programa presupuestario, su ejecución y el destino de los dineros públicos. "Compras públicas con datos abiertos" se suma a ese paquete como una herramienta que permite la participación de compradores, proveedores y la comunidad en las adquisiciones que realiza el Estado.
"Declaraciones juradas en línea", "Tablero de control ciudadano" y "Participación ciudadana" se incluyen en esta serie de medidas que también prevén la regulación de la distribución de la pauta publicitaria oficial con el fin de garantizar la efectividad de la comunicación pública y la continuidad del proceso de modernización electoral, que en la ciudad ha tenido avances destacados con la reiteración de debates preelectorales entre los principales candidatos a jefe de gobierno y con la instrumentación de la boleta única electrónica (BUE) en los comicios del año pasado.
Finalmente, el capítulo "innovación" adquiere un peso determinante en esta agenda de transparencia, que incluye regulaciones simples para el clima de negocios, un laboratorio de cocreación entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado de problemáticas sociales diversas y la incorporación de un consejo ad honorem que asesore al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, y aporte soluciones a los vecinos.
Celebramos desde estas columnas que los gobiernos trabajen en pos de transparentar sus actos y, al mismo tiempo, abogamos porque el control ciudadano se amplíe y redoble su exigencia. Los beneficiarios de todo el proceso no son otros que todos nosotros.
LA NACION
