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Un país que no responde preguntas
El silencio como estrategia del poder: en una Argentina atravesada por tramas vidriosas en todos los niveles, quizá sea necesario recordar lo obvio: “La información es del ciudadano”
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LA NACIONLuciano Román
“Presentó un escrito, pero se negó a declarar”. “Hizo un alegato y rechazó contestar preguntas”. “Optó por no hablar ante el tribunal”. “El funcionario dijo que no va a dar explicaciones sobre su ‘vida privada’”. “El Gobierno no hará comentarios sobre investigaciones en curso”. Son todos títulos de las últimas semanas. Sea en el caso de la AFA, en el juicio de los Cuadernos o en el affaire de $LIBRA, no responder preguntas ha sido la estrategia dominante de actores que, por su propia responsabilidad, estarían moralmente obligados a responder por sus acciones.
Negarse a declarar es, por supuesto, un derecho de quienes están acusados en cualquier proceso penal o enfrentan una sospecha de cualquier índole. Un principio básico del ordenamiento legal establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero más allá de los beneficios procesales y de las garantías jurídicas –siempre sagradas–, acá parece haber una cultura del ocultamiento: no someterse a preguntas que puedan resultar incómodas, ocultar datos, eludir explicaciones, elegir interlocutores amigables y ampararse en tecnicismos o en documentos encriptados para no brindar información... Todo parece formar parte de una metodología muy instalada en la política, pero que ha contagiado también a otros estamentos institucionales.
En esa cultura, además, todo queda trastocado, al extremo de invertirse la carga de la prueba: el que pide explicaciones o intenta formular preguntas es “un desestabilizador” o “un traidor”. Por eso suele instalarse, alrededor de muchos casos, una atmósfera de silencio que roza la complicidad. O estimularse la autocensura por temor a ataques o represalias.
El caso de la AFA es muy representativo. Tapia y Toviggino han apelado a un manual que se repite: no aclaran ni responden, pero denuncian –sí– “un ataque” contra la institución que representan y contra el fútbol en general. Pero a eso se suma otro dato: los clubes tampoco exigen una rendición de cuentas. Salvo honrosas excepciones, nadie alza la voz para pedir precisiones sobre el desvío de fondos, sobre la toma de decisiones y sobre los manejos institucionales. Hasta actores periféricos se niegan a responder: los pilotos del helicóptero que llevaban invitados a la mansión atribuida a Toviggino perdieron súbitamente la memoria cuando tuvieron que declarar. Los mayores ídolos del fútbol prefieren mirar para otro lado y hasta escenifican la idea de que “acá no ha pasado nada”. En voz baja muchos dirigentes lo reconocen: hay temor a las consecuencias de “sacar los pies del plato”.
¿La AFA se copia de la política o la política de la AFA? La pregunta podría conducir a una discusión estéril. Lo cierto es que parecen regir comportamientos muy similares. Cuando el Gobierno se siente incómodo con las preguntas y las revelaciones de la prensa, denuncia una “carnicería mediática” y supuestos intentos para “golpearlo o limarlo”. Otro patrón que se repite: recurrir a una retórica ampulosa y victimista (“nos quieren voltear”) para eludir explicaciones concretas y terrenales: ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?
El kirchnerismo –hay que decirlo– estableció un modelo y una doctrina: todo era un largo monólogo del poder. Jamás una respuesta, mucho menos una explicación. “Lo que no se nombra no existe” fue uno de los lemas de aquella época. Hubo escenas patéticas, pero simbólicas, como la de aquel ministro de Economía que dijo “me quiero ir” cuando le preguntaron por la inflación. No existían las conferencias de prensa. Eso llevó, en 2012, a que Jorge Lanata convocara a más de cien periodistas que se unieron en su programa de televisión bajo una misma premisa: “Queremos preguntar”. Pasaron 14 años, pero el reclamo no ha perdido vigencia.
Cristina Kirchner hoy está condenada y enfrenta un nuevo juicio por los cuadernos de la corrupción. Su estrategia, sin embargo, se mantiene intacta. En la audiencia de la semana pasada se mostró incómoda y reticente hasta para responder un cuestionario de rigor: nombre, estado civil y domicilio. Otro símbolo de una cultura que se resiste a contestar preguntas, aunque sean las más obvias.
Cuando se amplía la mirada a estamentos institucionales y dirigenciales más alejados de los reflectores nacionales, se observa que esa misma tendencia al ocultamiento y a la opacidad se ha extendido como una mancha de aceite por todo el territorio de los entes públicos y de las sociedades civiles. Un caso emblemático es el de la Legislatura bonaerense, que se ha atrincherado, sin pudor, en la oscuridad administrativa y la falta de transparencia. Pero cualquier ONG o periodista de investigación puede dar testimonio de lo difícil que es acceder a la información sensible en concejos deliberantes, entes descentralizados u organismos de control, donde además se han desarrollado técnicas para que la información se procese en un lenguaje hermético y poco menos que ininteligible. Lo mismo ocurre en las universidades públicas, donde la opacidad se ha encumbrado como norma a la hora de hablar de ingresos extrapresupuestarios.
Un caso interesante acaba de registrarse en La Plata. Empeñado en informar sobre contratos aparentemente multimillonarios que celebró la Facultad de Ingeniería de la UNLP, a través de una fundación, con entes públicos y empresas privadas, el diario El Día de esa ciudad tuvo que presentar un amparo para que la Justicia ordene brindar la información que tanto la fundación como la facultad habían retaceado o directamente negado ante la requisitoria de ese histórico matutino. El fallo, dictado la semana pasada por el juez federal Alberto Recondo, marca un precedente: las universidades no pueden ampararse en la creación de fundaciones para eludir su deber de brindar datos y precisiones sobre negocios y contratos. Y recuerda, además, lo obvio: “La información pertenece a los ciudadanos; no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”. El magistrado rescata en ese pronunciamiento algo que ha dicho la Corte: “El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público”. Por ahí pasa el interrogante central: ¿avanzamos hacia esa cultura de la transparencia o consolidamos una cultura del secretismo y la opacidad? Y otras preguntas se desprenden de ese caso: ¿solo el periodismo profesional está interesado en conocer los negocios de la universidad?, ¿no genera la atención de los propios claustros?, ¿no provoca ruido interno esa resistencia a informar y rendir cuentas?, ¿el silencio expresa indiferencia o complicidad?
En un país que, en general, no responde preguntas, el jefe de Gabinete se expuso ayer a interrogantes incómodos en una conferencia de prensa. Podría ser un dato auspicioso, y vale marcarlo, en principio, como un contraste alentador. Sin embargo, el funcionario inauguró en ese marco una nueva doctrina: “No contesto sobre temas que investiga la Justicia para no interferir en el desarrollo de las causas”. ¿Desde cuándo una explicación se asimila a una interferencia? Una cosa es la respuesta en el marco de un expediente y otra la obligación ante la ciudadanía cuando surgen dudas sobre comportamientos, gastos o decisiones de un funcionario público. Marca un avance, sin embargo, el hecho de enfrentar públicamente las consultas de la prensa frente a situaciones críticas. Se escucharon las preguntas; ahora faltarían las respuestas.
Hay que destacar, también, el anuncio de que, finalmente, el jefe de Gabinete asistirá al Congreso para brindar el informe de gestión al que lo obliga la Constitución. La laxitud con la que se cumple ese compromiso es otro indicador de cómo se ha devaluado la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas por parte del poder. Hubo un tiempo, entre 2015 y 2019, en el que esa era una cita puntual e impostergable. Ahora se parece más a una ceremonia ocasional, de acuerdo con el gusto y la conveniencia del convocado.
No solo el de las conferencias de prensa se ha convertido en un género en extinción (el Presidente no ha dado ninguna desde que asumió el gobierno), sino que el propio formato de la entrevista ha perdido la naturaleza incisiva que solía caracterizarlo. Tal vez influya la atomización del ecosistema mediático, pero cada vez es más raro que un actor de la vida pública (no solo los funcionarios) se someta a preguntas de interlocutores independientes. Aunque hay excepciones, por supuesto, lo habitual es que los dirigentes políticos, pero también los intelectuales y los deportistas, elijan espacios amigables en los que la entrevista es reemplazada por la charla amena y condescendiente.
Tal vez valga la pena volver a ver una vieja película que recrea las célebres entrevistas que le hizo el periodista británico David Frost a Richard Nixon. Ya alejado del poder, acosado por la sombra del caso Watergate, el expresidente norteamericano enfrentó un interrogatorio implacable e incisivo. Hubo intereses en juego, es cierto, incluso un acuerdo económico. Pero la escena –retratada en un film excepcional dirigido por Ron Howard– pertenece a una cultura en la que el poder y la política se sienten obligados a responder preguntas.
En una Argentina atravesada por tramas vidriosas en todos los niveles, quizá sea necesario recordar lo obvio: “La información es del ciudadano”, como se dijo la semana pasada en un fallo dictado en La Plata. Cuando se apagan las preguntas, se debilita la democracia. Y cuando se eluden las respuestas, se impone la oscuridad.
Tipo de trabajo:
opinión
