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Una estrategia nacional contra el crimen organizado
La política y la Justicia resolvieron, hace ya 120 años, darle el control del territorio a las policías federal y provincial. En los últimos años se sumó a este esquema a las fuerzas municipales. Pero existe preocupación respecto de los altos niveles de corrupción de las fuerzas de seguridad. También se habla de "complicidades" manifiestas entre sectores de la policía, guardiacárceles y grupos criminales (desarmaderos, droga, prostitución ilegal, armas), que se traducen en la concesión de "zonas liberadas" y "protección territorial" en favor de las bandas. La espectacular fuga de los tres condenados a cadena perpetua por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina a gran escala es un ejemplo válido para comprender el grado de impunidad que reina en el país. La unión espuria entre política, negocios y delincuencia parece moneda corriente, sobre todo en los barrios marginales y aledaños a las grandes ciudades, allí donde prevalece "el otro Estado", expresión de Mario Vargas Llosa para hacer referencia a los territorios dominados por códigos mafiosos, crimen y narcomenudeo.
El nuevo gobierno debería implementar cuanto antes una estrategia nacional contra el crimen organizado y la corrupción. De hecho, este nuevo plan integral y consensuado debió haberse anunciado en los primeros días de gobierno, a la par de las medidas económicas destinadas a salir del cepo al dólar y controlar la inflación. En el tope de las promesas oficiales estaban la seguridad y el control del flagelo narco.
Para proteger al ciudadano, sobre todo al más desprotegido y marginal, deberíamos tender, progresivamente y con prudencia, a evitar la "municipalización" de la policía. En otras palabras, habría que ir camino a una "federalización" escalonada de las fuerzas de seguridad, que funcione en forma coordinada con organismos de contralor estatal. Unidad antilavado, Oficina Anticorrupción, Procelac y Sigen, por citar algunos ejemplos, deberían desplazar sus acciones sobre las zonas más calientes y necesitadas del país. Así, la contención inmediata de la delincuencia organizada se estructura "desde el Estado federal hacia abajo", en vez de "abajo (municipios) hacia arriba (provincia y nación)". Lamentablemente, las oficinas gubernamentales contra las drogas, violencia de género, soborno y el crimen complejo, económico y fiscal, atienden, principalmente, en las zonas aledañas a la Casa Rosada.
Habría que adoptar tres medidas esenciales. Primero, la policía municipal debería limitarse a ser una fuerza, en principio desarmada, concentrada en cuestiones de salubridad, prevención y contención del vecino, el adicto a las drogas y su entorno familiar. Segundo, se debería crear una agencia federal que coordine las tareas de prevención y control del crimen entre la nación y las fuerzas provinciales y municipales. Esta nueva agencia de investigación podría funcionar como una suerte de "FBI argentino" al servicio de la justicia federal. Además, para descolonizar al poder narco de los organismos del Estado, hay que convocar a los mejores, los más capacitados y honestos. Para romper con las viejas prácticas de la política no basta con el modelo de funcionario confiable a la vista y oídos del presidente de turno. Capacidad, honestidad y autonomía funcional y moral son para el experto Robert Klitgaard las virtudes perfectas del servidor público. Y bajo el lema de que "nadie puede combatir lo que consume" hay quienes sugieren una cuarta exigencia: exámenes de orina y rinoscopia para la autoridad estatal. Esta clase de medidas podrían violentar el principio de reserva de las personas, protegido incluso por los tratados internacionales de derechos humanos. La ley de reforma del servicio público de Jimmy Carter (Civil Service Reform Act, 1978) impuso el examen antidoping para los que pretendieran ciertos cargos públicos, medida que superó el examen de legalidad: los tribunales constitucionales de ese país consideraron que "el derecho a la privacidad no es absoluto y debe ceder en favor del interés general y la seguridad de los ciudadanos".
Por definición, el cambio se refiere al reemplazo o sustitución de viejas prácticas. ¿Se estará a la altura de semejante desafío?
Abogado penalista y doctor en derecho; autor del libro La ganancia económica del delito
Por Roberto Durrieu
Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y de la Universidad Católica Argentina
