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Victorias y derrotas dentro del escándalo
El Gobierno logró evitar la creación en el Senado de una comisión investigadora del criptogate, pero no pudo realizar la sesión especial para tratar el acuerdo del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
El jueves fue un día ingrato. Le deparó al gobierno de Javier Milei una derrota clara y una victoria amarga. La victoria con sabor a poco no se refiere a la suspensión de las primarias obligatorias (el triunfo fue importante en ese proyecto de la administración), sino al rechazo del Senado a una iniciativa opositora para crear una comisión investigadora del criptogate. La iniciativa de varios senadores radicales, rechazada gracias al transfuguismo de senadores radicales, fue descartada porque les faltó solo un voto a los dos tercios necesarios. Cuidado: la aprobación de esa comisión tuvo 47 votos a favor, de los 48 necesarios, y solo 23 en contra. Podría haber otros proyectos sobre criptogate que no signifiquen la creación de comisiones y que obtendrían una abrumadora mayoría. Las comisiones parlamentarias son otra cosa: hacen investigaciones políticas y, por lo tanto, son distintas de la Justicia porque esta debe respetar la necesidad de la prueba indispensable. Por eso, el reglamento impone los dos tercios para su aprobación. La derrota sin paliativos, en cambio, fue la sesión especial que se cayó para tratar el acuerdo del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. Esa sesión, que el Gobierno quería que se hiciera el viernes último, se levantó cuando el oficialismo comprobó que Lijo no contaba con los votos necesarios para los dos tercios que necesita el acuerdo de un juez de la Corte Suprema. Lijo fue el primer caído por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, difundida por un tuit del Presidente; debió existir alguna certeza de que el polémico juez lograría el acuerdo senatorial cuando se programó esa sesión especial para tratar su postulación a la Corte. Todo cambió después de aquel fatal tuit. Ya desde el martes pasado, cuatro días después de que estallara el criptogate, el presidente del bloque peronista, José Mayans, le adelantó al oficialismo que ellos no negociarían nada sobre los jueces de la Corte hasta no escuchar el discurso del Presidente sobre el estado de la Nación el próximo 1º de marzo. El pliego de Lijo entraba en zona de graves turbulencias. El miércoles, senadores de varios bloques escucharon al propio presidente provisional del Senado, el oficialista Bartolomé Abdala, aceptar que Lijo no tenía los votos necesarios. El escándalo de la criptomoneda crecía, y comenzaban a llegar los heridos al hospital de campaña. Lijo fue el primero. ¿Herido definitivamente? Nadie tiene esa respuesta todavía. Y nadie recuerda en el Senado una campaña tan intensa sobre los senadores para que votaran a favor de Lijo o para que se ausentaran y bajaran, así, el número de votos necesario para su acuerdo. Jueces federales penales de la Capital y del interior, empresarios, gobernadores y políticos oficialistas y opositores les taladraron las orejas a los senadores para que llevaran a Lijo a la Corte. Un magistrado hasta se animó a hablarle al senador Luis Juez, que tiene una posición pública tomada contra el pliego de Lijo. “Solo pedime que no use tantas malas palabras para oponerme a ese tipo”, le contestó Juez, corto y seco.
El radicalismo es hoy la nostalgia de lo que fue un partido político
Fuentes oficiales señalaron que la decisión de nombrar a dos jueces de la Corte en comisión por decreto se tomará –o no– cuando el Presidente regrese hoy de los Estados Unidos. “Debería prevalecer la experiencia de estos días y cambiar el sistema de toma de decisiones. No se puede hacer cualquier cosa”, se escuchó decir, con preocupación, a uno de los más importantes legisladores del oficialismo, también uno de los más cercanos a los hermanos Milei. ¿Asumirán los jueces designados por decreto? Digámoslo de una buena vez: la Corte Suprema les tomará juramento a los jueces que hayan sido designados por decreto durante el receso parlamentario. Tal aclaración se hizo en importantes despachos del máximo tribunal del país. “Esa facultad del Poder Ejecutivo de designar por decreto en comisión, durante el receso del Congreso, a los empleos que necesitan acuerdo del Senado está en la Constitución, nos guste o no”, se explayó la fuente. El Gobierno tiene solo la semana que se inicia hoy para aprovechar el receso. Esos jueces en comisión podrán permanecer en funciones hasta que concluya el siguiente período legislativo, dice la Constitución; es decir, hasta el próximo 1º de diciembre. Si antes los jueces designados no obtuvieran el acuerdo del Senado, deberán dejar sus puestos el último día de noviembre. Sin embargo, hay una excepción en esa decisión de la Corte Suprema: se llama Ariel Lijo, que es juez federal. La Corte, según altos funcionarios del tribunal, no le tomará juramento como miembro de ese tribunal a alguien que ya es juez, salvo que antes haya renunciado a su actual cargo. El sentido común indica que no puede ser nombrado juez en comisión quien es juez en otra instancia con el debido acuerdo del Senado. Ya existe jurisprudencia de la Corte en ese sentido. La decisión de la Corte, dicen los funcionarios que acceden a los despachos de los jueces supremos, no se aplicará solo a Lijo, sino a cualquier juez en funciones que se nombrara por decreto en ese tribunal. El Gobierno, si aspira a hacer bien las cosas, debería retirar los pliegos de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla (en caso de nombrarlo a este por decreto) porque si los dejara en el Senado correría el riesgo de que esa cámara revoque la decisión del Gobierno más pronto que tarde. Existe jurisprudencia de la Corte que admite que el Senado puede hacerlo. “La Corte no actuará a favor ni en contra de nadie. Simplemente decidirá de acuerdo con la ley y con la jurisprudencia del tribunal”, intentaron serenar cerca de la cima del Poder Judicial. Tranquilos. La Corte no está en guerra.
La victoria amarga del oficialismo sucedió porque el radicalismo es ya una nostalgia de lo que fue un partido político. El Gobierno estuvo a un paso de que el Senado designara una comisión investigadora sobre el criptogate, que disparó la mayor crisis política que le tocó vivir al gobierno de Javier Milei. Las preguntas esenciales que deben responderse sobre ese escándalo son dos. Una: ¿quién les dio información privilegiada sobre la creación de esa moneda virtual a los pocos que ganaron mucho dinero en muy poco tiempo? La otra: ¿es cierto que en este caso, y también en otros, funcionarios de la Presidencia pidieron dinero a cambio de reuniones con Javier Milei? La primera pregunta refiere a un supuesto y grave delito: la filtración de información presidencial muy reservada que le permite obtener enormes ganancias a un reducido número de personas. Esa precisa y decisiva información consistió en hacer saber en qué momento se crearía $LIBRA y en qué momento el Presidente la difundiría; fue media hora después. Milei calificó de jugadores de “casino” a los que apostaron por esa criptomoneda. No se explica, entonces, por qué el jefe del Estado salió a difundir un casino. La segunda pregunta alude a prácticas que se registraron en los peores momentos de la historia, cuando entornos presidenciales pedían dinero por una reunión con el jefe del Estado. El Presidente solo debe recibir a personas cuya honorabilidad está garantizada y, además, le son útiles para gobernar. Milei aseguró entre íntimos que en adelante aplicará un rígido sistema para acceder a él, pero quienes lo conocen sospechan que la vigencia de ese sistema será breve. Él es como es, acotan. A su alrededor, agregan que el mandatario debería también reducir su permanente participación en la red social X porque termina casi siempre complicando la política del Gobierno. Los dedos son más rápidos que la necesaria reflexión de un presidente.
El caso del radicalismo es directamente la crónica del final del único partido centenario de la Argentina y del que mejor estructura tiene. El presidente del bloque de senadores radicales, el correntino Eduardo Vischi, firmó el proyecto para crear la comisión investigadora del criptogate y un día antes anunció en un programa de televisión que votaría a favor de esa comisión. Pero votó en contra. Antes de que Milei le quite el saludo, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, prefirió quebrar la coherencia de su partido y dejar como un obsecuente a su senador. Otros senadores radicales se desmarcaron del proyecto que propiciaron, todos ellos relacionados con gobernadores que sufrieron una presión insoportable del gobierno federal, según contaron algunos mandatarios. Hubo casos caricaturescos. Veamos: el senador radical chaqueño Víctor Zimmermann adelantó una semana su regreso de una licencia que había pedido para ser ministro del gobernador radical de su provincia, Leandro Zdero, y obviamente votó en contra de la creación de la comisión. El caso de Santa Fe es una prueba de la presión a los gobernadores. El senador radical Eduardo Galaretto, muy cercano al gobernador radical Maximiliano Pullaro, votó contra la creación de la comisión investigadora, mientras la senadora radical de esa provincia Carolina Losada, que preserva su independencia, votó a favor de la comisión. Losada es el ejemplo de que las PASO sirven para algo; ella llegó al Senado porque ganó una elección primaria. No le debe nada a nadie. Sea como fuere, Vischi no puede seguir siendo el presidente del bloque de senadores radicales después del antológico papelón que hizo bajo las luces encendidas del escenario político.
La Justicia argentina es lenta, lentísima a veces. El lunes pasado, después del fin de semana del ruido y la furia por el inicial criptogate, se presentaron una decena de denuncias contra el Gobierno y los responsables de la criptomoneda en los tribunales federales, que cayeron por sorteo en el juzgado de María Servini. Le tocó al fiscal Eduardo Taiano, quien se encontraba de licencia; solo el jueves se hizo cargo del caso. Los primeros días de cualquier investigación son cruciales para preservar las pruebas. Para peor, la jueza Servini delegó en Taiano la investigación.
La Justicia argentina se moverá, como sucedió siempre, según el ritmo de la Justicia norteamericana. El estudio jurídico norteamericano Burwick Law dice representar ya a decenas de damnificados por la criptomoneda difundida y luego ignorada por el presidente argentino. Ese movimiento contradictorio del mandatario provocó que algunos ganaran mucho dinero en un plazo muy breve de tiempo y otros lo perdieran, cuando Milei borró su tuit. El caso está siendo evaluado también por el FBI y por la poderosa SEC (como se llama en Estados Unidos la Comisión Nacional de Valores). Aunque los mercados financieros internacionales no registraron la crisis política que atraviesa el jefe del gobierno argentino, otros sectores extranjeros, como la política y la Justicia, comenzaron a actuar. Milei necesita explicar no solo que se equivocó (como ya lo dijo a su manera), sino demostrar que está dispuesto a cambiar el sistema demasiado personalista –un unicato virtual– que gobierna la administración.
Mientras tanto, una encuesta realizada por Taquion, que dirige Sergio Doval, detectó que siete de cada diez argentinos creen que el escándalo afectó negativamente a Milei. El 67 por ciento no estuvo de acuerdo con que el Presidente hiciera una aclaración en una entrevista grabada. Si bien Milei conserva un 50 por ciento de imagen positiva (cayó solo 5 puntos tras la polémica), el 43 por ciento dice que fue responsable y que sabía lo que hacía frente a un 24 por ciento que sostiene que actuó con irresponsabilidad. En las redes sociales, el 72 por ciento de las menciones a Milei tras el criptogate fueron negativas. El ciberespacio que él controlaba también huyó. Ni el volumen ni el ritmo de la polémica bajarán cuando el escándalo compromete a un presidente entretenido en construir enemigos.
Tipo de trabajo:
opinión
