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Allanan el gremio de Moyano por la presunta asociación ilícita en Independiente
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LA NACIONGabriel Di Nicola
En el marco de la investigación sobre una supuesta asociación ilícita en el club Independiente y en la cual el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora Sebastián Scalera había solicitado la detención del dirigente gremial Pablo Moyano, la Justicia allanó la sede principal del Sindicato de Camioneros, en el barrio de Constitución.
Según fuentes judiciales, el objetivo del allanamiento, encomendado a personal de la Gendarmería Nacional, fue secuestrar documentación, teléfonos celulares, computadoras y todo tipo de soporte digital vinculados con la "actividad criminal relacionada por la organización delictiva" investigada.
También, agregaron fuentes de la investigación, el objetivo del procedimiento fue corroborar la existencia de oficinas donde el exjefe de la barra brava de Independiente, Pablo Álvarez, más conocido como Bebote e imputado en la causa, dijo haberse reunido con Pablo Moyano y otros directivos del club.
"Hubo coincidencia plena entre lo que declaró Álvarez y las oficinas que inspeccionó el personal de la Gendarmería Nacional", sostuvo una fuente judicial. El sindicado barra, agregaron los informantes, había hecho un croquis de la oficina donde, según sus palabras, se había reunido con Moyano hijo.
Cuando había comenzado el operativo de los gendarmes, el líder gremial Hugo Moyano llegó a la sede sindical. Tenía puesto con un gorro blanco y verde con la leyenda: "No tengo miedo, soy camionero".
En un comunicado de prensa, la Confederación General del Trabajo (CGT), con las firmas del secretarios generales Héctor Daer y Calos Acuña y el secretario de Derechos Humanos, Julio Piumato, repudió y calificó como "gravísimo" el allanamiento en la sede central de Camioneros.
"Esa causa parece claramente armada para perjudicar a dirigentes que defienden los derechos de los trabajadores", se sostuvo en el comunicado de prensa.
Además del operativo en la sede principal del Sindicato de Camioneros, situada en San José 1781, la jueza de Garantías de Lomas de Zamora Brenda Madrid ordenó otros 11 procedimientos en la ciudad de Buenos Aires, en Avellaneda y Rafael Calzada, en Almirante Brown. En los procedimientos, además de la Gendarmería Nacional, participó la policía bonaerense.
Uno de los 12 allanamientos se hizo en la oficina de Puerto Madero del empresario futbolístico Christian Bragarnik.
"Existen indicios vehementes de que en los lugares sindicados por el fiscal Scalera podrían hallarse elementos relacionados con la presente investigación. Por lo que considero que, en lo concreto, lo peticionado deviene procedente", sostuvo la jueza Madrid al hacer lugar a lo solicitado por el representante del Ministerio Público.
El fiscal Scalera investiga una supuesta asociación ilícita entre dirigentes e integrantes de la barra brava de Independiente. La causa se inició en marzo de 2016 después de una presentación de Juan Manuel Lugones, a cargo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).
"En la denuncia que dio origen a la investigación judicial, Lugones sostuvo que Bragarnik era uno de los que financiaba a la barra brava de Independiente", afirmó a LA NACION una fuente con acceso al expediente.
En noviembre de 2017, el por entonces juez que intervenía en la causa, Gabriel Vitale, había hecho lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y ordenó 21 detenciones. En ese momento fueron apresados, entre otros, Bebote Álvarez y el dirigente futbolístico Noray Nakis.
EL 17 de octubre pasado, el pedido de detener a Pablo Moyano fue rechazado por el ahora suspendido juez de Lomas de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio.
El suspendido magistrado fue suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires. Había sido apartado de su cargo en diciembre pasado.
Poco después de rechazar el pedido de detener al hijo de Moyano, Carzoglio sostuvo que dos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le transmitieron el interés del presidente de la Nación, Mauricio Macri , en el "trámite de la investigación en torno a la familia Moyano".
La afirmación de Carzoglio fue hechaante el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración General ante Suprema Corte de Justicia bonaerense. El magistrado había sido citado a declarar para ratificar o rectificar lo que había afirmado el 17 de octubre pasado cuando dio una conferencia de prensa después de haber rechazado el pedido de detención de Moyano presentado por el fiscal Scalera.
"Ratifico toda la declaración realizada por mí en conferencia de prensa", fue una de las primeras afirmaciones de Carzoglio.
Ese día, ante las cámaras de televisión, Carzoglio responsabilizó a a la Procuración General bonaerense, conducida por Julio Conte Grand, y a la Fiscalía General de Lomas de Zamora por la "filtración" a la prensa de la resolución que firmó esa mañana.
En su declaración, Carzoglio explicó que se reunió en su despacho con los dos funcionarios de la AFI que le transmitieron el interés del presidente Macri por la causa donde es investigado Pablo Moyano. El juez de Garantías afirmó que después se volvieron a comunicar en dos oportunidades con él vía Whatapps. "Ellos me habían señalado del interés en torno a la detención de Moyano", afirmó Carzoglio en su declaración ante el Departamento de Control Disciplinario de la Procuración General ante Suprema Corte de Justicia bonaerense.
En marzo pasado, el fiscal Scalera quiso determinar si Hugo y Pablo Moyano se reunieron con Carzoglio. El representante del Ministerio Público le solicitó a una jueza que le remita a Google un oficio para que la empresa informe la geolocalización que tuvieron los teléfonos celulares de los Moyano y de Carzoglio el 9 de noviembre pasado, día del supuesto encuentro.
Según una nota del periodista Luis Majul publicada en LA NACION, el fiscal Scalera también determinó que las celdas de los celulares de Hugo, Pablo Moyano y Carzoglio, estaban en una zona denominada Santa Isabel La Católica, el nombre homónimo de una calle que atraviesa los barrios de Parque Patricios y Barracas.
El teléfono del presidente de Independiente se activó en esa zona el viernes 9 de noviembre del año pasado en dos oportunidades: a las 16 con 46 minutos y a las 18 con 52 minutos. El de Pablo fue usado a las 18 horas con 22 minutos. Fue para atender una llamada del secretario general del Suteba, Roberto Baradel, pero el que al final tomó el aparato y lo saludó fue el propio Hugo Moyano. Eso confirmaría el dato de que padre e hijo estaban juntos. El teléfono oficial de Carzoglio se activó en la misma zona, en tres oportunidades: a las 15 horas con 25 minutos, a las 18 horas con 8 minutos y a las 18 con 35 minutos.
Según publicó Majul, la existencia del encuentro se desprende de las afirmaciones del propio Moyano hijo, quien tenía intervenido su teléfono de manera legal, para determinar su participación en la presunta asociación ilícita. Apenas terminada la reunión, habló con un integrante de la comisión directiva de Independiente, y le dijo, de manera textual: "Recién salí, boludo. Recién salimos con mi viejo. Cinco horas y media. Impresionante. No va a pasar nada. Cinco horas y media de reunión. Y champusardo".
"Para confirmar si los Moyano y Carzoglio estuvieron juntos, el fiscal Scalera elaboró un oficio para que sea remitido a Google para solicitar la geolocalización de los teléfonos celulares. Es la forma de saber, más allá de la información aportada por la activación de las antenas telefónicas, si los móviles estuvieron en el mismo lugar", dijo una fuente judicial.
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