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Carta de Cristina Kirchner: por qué los jueces ya no le tienen miedo
Se cumple un año del gobierno del presidente Alberto Fernández. Un cuarto gobierno kirchnerista, un experimento de Cristina Kirchner que no está saliendo bien.
Ella misma blanqueó ese disgusto en su última carta, en la que ningunea a Alberto Fernández a tal punto que no lo nombra en ningún momento. Los únicos "logros" que destaca, a modo de balance, son los conseguidos por ella y su hijo en el Congreso.
A estas alturas, ella pensaba que estaría liberada de las causas por corrupción: este fue el pacto que selló con su criatura política -Alberto Fernández- y ahora siente que esa criatura le falló.
A Amado Boudou lo condenaron y ella y sus hijos siguen procesados. Pareciera que los jueces ya no le tienen miedo y que el único que verdaderamente le teme es Alberto.
Ese pacto de impunidad, como prenda para que Alberto sea presidente, lo blanquea como nunca antes en su tercera carta. Las cartas de Cristina son como explosiones, como bombas, como estallidos que ella intercala con largos silencios. Porque Cristina ha gobernado hasta ahora con el silencio.
Obviamente que, en esta frustración de Cristina con Alberto y la Corte, hay un desconocimiento -o ninguneo- de la división de poderes (el corazón de una democracia): le está pidiendo a Alberto Fernández que intervenga en un poder que una república supone independiente. De hecho, en su carta denuncia que a la Corte no la controla nadie.
Bueno, claro, en una democracia robusta la Corte es o debería ser la última palabra y efectivamente no la controla nadie: por eso sus miembros necesitan para ser electos un amplio apoyo de la dirigencia política. Pero ocurre que esta Corte no le está dando la razón, le está poniendo un límite y eso la enfurece y la llena de impotencia.
Sin mencionarlo directamente, acusa a su criatura política, Alberto, de no haberla liberado de la tortura del "lawfare": el uso de la Justicia para perseguir a los "enemigos políticos". Es decir, en su configuración mental, Alberto es culpable o por lo menos inoperante. Hoy su hijo político, Axel Kicillof, también la acompañó en ese reproche: "el lawfare está vivito y coleando".
A su criterio, la Justicia, que ya no le responde como antes, hizo dos cosas imperdonables: la Corte confirmó la condena a Boudou por la compra fraudulenta de la única imprenta que puede imprimir dinero en la Argentina y la Cámara de Casación Penal le dio un espaldarazo a la ley del arrepentido.
Que las causas de Cristina sigan avanzando en la Justicia es una prueba de que el supuesto lawfare no sería tan lawfare porque sigue más allá de Macri.
Alberto hizo de todo este año para complacerla, pero aún así no consiguió su amor. Todo lo contrario: Cristina lo desprecia cada vez más. Se deformó hasta lo inimaginable. Fijate el caso de Venezuela. Contra toda la comunidad internacional (EE.UU., Grupo Lima, Gran Bretaña, Europa) el gobierno argentino, para complacer al kirchnerismo duro, guardó silencio sobre las fraudulentas elecciones en Venezuela, un régimen denunciado por graves violaciones a los derechos humanos tal como revelaron los informes de Bachelet.
Se peleó con Horacio Rodríguez Larreta y hasta le metió la mano en la billetera a todos los porteños, después de que el jefe porteño lo acompañara como pocos durante la cuarentena. Hoy se aprobó en el Senado, el reino de Cristina, la quita de fondos a la Ciudad.
Acompañó la liberación de todos los funcionarios kirchneristas con causas por corrupción, los mismos que antes él condenaba. Y hoy, como era previsible, también le dio la razón a Cristina en sus críticas contra la Corte cuando hace un par de meses atrás la había defendido.
¿Por qué la Corte no le teme? Porque olfatea la impotencia del Gobierno, porque observa las dificultades extremas de un peronismo que va a tener que hacer un ajuste en un año electoral, porque toma nota de una coalición dividida (Cristina no le habla a su criatura) y, en última instancia, porque teme que también vayan por ellos y pone un límite.
La economía argentina, como dijo Guillermo Calvo en La Trama, está en un estado terminal. Según la fundación de investigaciones económicas latinoamericanas (FIEL) entre octubre y noviembre los precios al consumidor aumentaron un 3,7%. La tasa de inflación crece mes a mes y el gobierno de Alberto Fernández sigue sin tener un plan económico. La pobreza ha subido un 10 por ciento este año.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que busca políticas de prosperidad en el mundo, la Argentina es el país con una caída más pronunciada del PBI y el cuarto en el mundo tomando la cantidad de víctimas del coronavirus por millón de habitantes.
Se superaron los 40.000 muertos, después de que el Presidente pronosticara, al comienzo de la pandemia, que si fuera Macri el presidente los muertos por Covid serían 10 mil. Su gobierno los cuadruplicó.
Después de 10 años sin crecer, la Argentina es uno de los países del mundo con mayor número de impuestos y mayor presión fiscal: en los últimos meses se crearon 14 nuevos gravámenes.
A Alberto le reprochan todos: Grabois:"Si no se puede evitar la suba de la pobreza, hay que cerrar la Casa Rosada".
En medio de esta situación terminal, el martes pasado un adolescente de 15 años se convirtió en asesino: asesinó de un disparo en el cuello a Dimitri Amiryan para robarle una bicicleta.
Ese homicidio reabrió el debate sobre la reforma del sistema penal juvenil, que sería una forma de proteger y reparar a las víctimas, pero también a los chicos que delinquen para poder recuperarlos. Los chicos que delinquen tienen generalmente dos finales: o asesinan o son asesinados.
La experiencia en el mundo revela que cuando el Estado interviene tempranamente en rescatar a jóvenes en conflicto con la ley penal tiene altas chances de recuperarlos para la sociedad. El joven asesino había sido detenido antes cuatro veces, es decir: el Estado tuvo cuatro oportunidades perdidas de evitar lo que era la crónica de una muerte anunciada, pero la desaprovechó.
Lo único que hizo fue liberarlo y dejarlo en manos de padres que evidentemente no paternan. ¿Esta es la política de prevención de la que habla la ministra Sabina Frederic?
Tal vez los dos únicos logros del presidente Alberto Fernández en este año de gobierno –con respecto a lo que él había prometido en su agenda- fue la reestructuración de la deuda con los bonistas privados y la probable sanción del aborto legal que se discute en el Congreso.
Los números fueron cambiando a lo largo del día alimentando la posición de los verdes. Ahora está así:
La consultora Poliarquía hizo una encuesta sobre el aborto: sólo 4 de cada 10 argentinos sigue con interés el debate en torno a la despenalización del aborto, mientras que un 52% está poco o nada interesado en el tema. El porcentaje de interés es mayor entre los votantes del Frente de Todos (52%). El 41% de los encuestados está de acuerdo con la despenalización del aborto. Entre los votantes del frente de todos, un 57% está de acuerdo con despenalizar el aborto, y entre los de Juntos por el Cambio, el porcentaje de acuerdo es de 30%.
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