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Caso Ciccone: la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Ricardo Echegaray
El tribunal consideró que el extitular de la AFIP intervino en el cambio de criterio para levantar la quiebra de la imprenta que intentó quedarse Amado Boudou
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Federal confirmó el procesamiento del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por el delito de abuso de autoridad, al haber intervenido en el procedimiento mediante el cual la AFIP cambió su criterio para favorecer el levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone, cuando las acciones de la firma que imprime billetes quedaron bajo control del exvicepresidente Amado Boudou" class="com-link break-word" data-mrf-recirculation="n_link_parrafo">Amado Boudou.
El fallo fue firmado por los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, quienes interpretaron que Echegaray actuó sin razones que lo justificaran, abusando de su autoridad.
En esta causa fue condenado a cinco años y diez meses de prisión el exvicepresidente Boudou, en una sentencia que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Boudou cumple su condena en una casa de Avellaneda, controlado con una pulsera electrónica.
Echegaray nunca llegó a ser juzgado y su rol en el caso se siguió investigando hasta que en 2018 el juez federal Ariel Lijo lo procesó por abuso de autoridad, decisión que ahora dejó firme la Cámara Federal.
Ahora la Cámara Federal analizó que Echegaray cambió de postura, primero, pidiendo la quiebra de Ciccone y, luego, favoreciendo su levantamiento y otorgando un amplio plan de pagos, justo cuando se dio la cesión de las acciones de la imprenta a la firma The Old Fund, detrás de la cual se encontraban Boudou y su socio y amigo José María Núñez Carmona, también condenado por este causa y cumpliendo su pena en su casa.
Dos semanas después de esa cesión de acciones, la AFIP prestó expresa conformidad en el expediente del juicio comercial a que se levantara la quiebra a condición de que Ciccone presentara un plan de pagos que le permitiera afrontar su deuda con la AFIP.
Esa es justamente la acusación por la que fue condenado Boudou: acudir en auxilio de la imprenta Ciccone para solucionar sus problemas fiscales, a cambio de recibir el 70% de las acciones de la empresa que quedó controlada por su testaferro Alejandro Vandenbroele.
El juez Llorens destacó que “luce llamativo” que primero la AFIP pidiera la quiebra y luego su levantamiento. Señaló que el 14 de septiembre de 2010, el ente recaudador prestó conformidad para levantar la quiebra si la empresa presentaba un pan de pagos y, dos días después, prestó conformidad para el levantamiento incondicional de la quiebra.
Llorens entendió que las evidencias “vincularía la actuación de Echegaray como un eslabón más de la maniobra”. Y sostuvo que la “participación de Echegaray habría coadyuvado a la consecución de los fines tenidos en la mira”.
El camarista Bruglia, en tanto, dijo que la AFIP actuó de manera anormal, arbitraria, algo que destacó el juez comercial que tramitaba la quiebra. Bruglia explicó que el rol de Echegaray debe ser analizado a la luz de la maniobra por la que fue condenado Boudou.
Dijo que el acuerdo por el cual el exvicepresidente y su socio recibieron de los dueños de Ciccone las acciones de la imprenta implicaba cuatro acciones: el levantamiento de la quiebra y obtener un plan de pagos de la AFIP; recuperar la planta que estaba alquilada a la empresa Boldt; evitar que la Casa de la Moneda adquiriera una máquina para producir billetes (pues le sacaba el negocio a Ciccone) y obtener un certificado fiscal para que la imprenta -ya en poder de Boudou- pudiese volver a ser proveedor del Estado para imprimir papel moneda.
Incluso el convenio entre Ciccone y The Old Fund -pantalla de Boudou- por la compra estipulaba que la compradora se comprometía a “obtener el levantamiento de la quiebra”. La AFIP era el principal acreedor, por lo que era necesaria su anuencia.
Bruglia dijo que la conducta de Echegaray no fue “neutral” y mandó a seguir investigando su papel en el otorgamiento de estos planes de pago a la imprenta.
Hace un año, el 24 de julio, Echegaray quedó sobreseído en la causa en que se lo investigaba por enriquecimiento ilícito luego de que la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Félix Crous, se retiró como querellante en el caso y desistió de la apelación que había presentado contra el fallo que beneficiaba al funcionario. Crous dijo que desistió de apelar porque su política es que el rol de la OA como querellante sea excepcional, que ese papel está reservado al fiscal y que de este modo cumple con la búsqueda de transparencia y “la prevención la corrupción”.
En ese caso, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, no tuvieron más remedio que sobreseer a Echegaray ya que no quedaba ningún acusador para cuestionar el fallo del entonces juez Rodolfo Canicoba Corral, que había beneficiado al exfuncionario, pues el fiscal Eduardo Taiano no apeló y la OA ahora se retiró como querellante.
Actualmente, Echegaray es juzgado en el caso de Oil Combustibles, donde está acusado de favorecer a Cristóbal López y Fabián de Sousa para que retuvieran el pago del impuesto a los combustibles. En cambio, fue sobreseído en una denuncia que le realizó Alfonso Prat gay y en una causa donde era acusado de favorecer a Lázaro Báez en una maniobra de fraude fiscal por la que el empresario patagónico fue condenado.
En febrero de 2020, tras la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada y de Mercedes Marcó del Pont a la AFIP, la suspensión que dispuesta por el gobierno de Cambiemos sobre Echegaray fue levantada: el funcionario retomó su cargo en la Aduana, desde donde comenzó a recupera poder y control de diversas áreas.
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